Equipo Nizkor - Puigdemont y la ANC abren un frente para que el Consejo Europeo expulse a España.

Objetivo: hundir a España. Ésta es la meta que tienen Carles Puigdemont y su áulico Consell per la República, y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). La presidenta de esta entidad, Elisenda Paluzie (que, siguiendo las directrices de Puigdemont presionó a ERC para formar listas únicas en todas las citas electorales y que ha pedido que los diputados catalanes bloqueen el Congreso de los Diputados) y el propio Puigdemont serán los encargados de presentar en Bruselas la enésima embestida del independentismo para desprestigiar a España ante los organismos internacionales.

Así, los dos dirigentes soberanistas plantearán a la UE que aplique el artículo 7 del Tratado de Lisboa y que retire el derecho a voto de España en el Consejo Europeo. Este artículo recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar los valores básicos de la UE contenidos en el artículo 2. Estos valores son los de "respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías".

La aplicación del artículo provocaría que el país en cuestión quedaría privado de todos sus derechos de voz y voto incluso en los temas que le afectan directamente. Ello no sólo significa que, de facto, el país se invisibiliza en Europa, sino que podría considerarse como una humillante intervención de los socios europeos.

Lo que pretenden Puigdemont y sus aliados es promover una iniciativa ciudadana Europa de recogida de firmas para obligar a las instituciones europeas a tomar la radical medida. ¿Los motivos? La aplicación del artículo 155 de la Constitución (que al ser Constitucional no es ilegal) y el reciente veto de la Junta Electoral Central (JEC) a que Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pudiesen concurrir a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. En su lugar, se han incluido en las listas al abogado de Puigdemont Gonzalo Boye, al exalcalde de Barcelona Xavier Trias, y a la periodista Beatriz Talegón. Debido a esta circunstancia, el independentismo ha convocado una manifestación para este viernes por la tarde ante la Delegación del Gobierno en Cataluña bajo el lema 'Por los derechos civiles y políticos: basta de manipulación electoral'.

Será una estrategia a medio plazo. La intención del independentismo es recoger un millón de firmas durante un año en toda Europa para privar de sus derechos de Estado miembro a España. Con ello, los soberanistas consideran que ganarían la batalla de la internacionalización del 'procés'. Si las instituciones europeas no les dan la razón, el Consell per la República y la ANC acudirán al Tribunal de Justicia de la UE para denunciar también a la Comisión Europea.

Podemos ya lo pidió

No es la primera vez que se saca a la palestra el artículo 7 del Tratado de Lisboa: Podemos envió una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en octubre de 2017, pidiendo su aplicación por las cargas policiales durante la celebración del referéndum ilegal en Cataluña el 1 de ese mes. Según Podemos, la actuación de las fuerzas del orden socavaron "los valores esenciales de la UE establecidos en el artículo 2 del Tratado", por lo que "las condiciones para invocar el artículo 7 de dicho Tratado se cumplen para que el Consejo pueda establecer una infracción grave de los valores a que se refiere el artículo 2". Firmaban la misiva los eurodiputados Lola Sánchez, Tania González, Estefanía Torres, Xavier Benito y Miguel Urbán.

Para su aplicación, no obstante, se requieren que apoyen la aplicación de este artículo un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión. Pero luego, el Consejo debe aprobarlo de nuevo por una mayoría de 4/5 partes, por lo que la iniciativa del independentismo no lo tiene muy fácil para prosperar.

En septiembre pasado, la Eurocámara votó a favor de sancionar a Hungría con la aplicación de ese artículo, por el trato inhumano a refugiados, el cierre de fronteras, el control del poder judicial y de los medios de comunicación, la corrupción y la persecución de minorías como la gitana. Aunque el primer trámite contó con más de dos tercios del Parlamento (hubo tres diputados españoles del PP que votaron a favor del presidente húngaro y en contra de las sanciones: Carlos Iturgáiz, Pilar Ayuso y Gabriel Mato), luego no se pudo alcanzar la mayoría suficiente en el Consejo para aplicar el artículo 7. Con anterioridad, en 2017, tampoco pudo aplicar el mismo artículo a Polonia. De momento, pues, es un artículo que no se ha utilizado nunca.

01may19

Puigdemont y la ANC abren un frente para que el Consejo Europeo expulse a España

[Fuente: Por A. Fernández, El Confidencial, Madrid, 01may19]

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