Equipo Nizkor - Las defensas de los presos del 1-O piden suspender el juicio tres semanas.

Las defensas de los presos del 1-O han solicitado al Tribunal Supremo que suspenda el inicio del juicio, previsto para el martes que viene, al menos tres semanas. En los escritos presentados este lunes en el Alto Tribunal, se denuncia la vulneración de los derechos de sus defendidos y se pide más tiempo para estudiar las pruebas aceptadas en el auto del viernes pasado y preparar la estrategia de defensa.

Por el momento, las defensas de Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull, por un lado, y la de Oriol Junqueras y Raül Romeva, por el otro, han sido las que han solicitado el aplazamiento del arranque del juicio una vez ya se ha notificado el señalamiento. Si se acepta la petición, el juicio podría arrancar a partir del 22 de febrero.

La defensa de Junqueras y Romeva ha presentado un recurso de súplica a la sala que juzgará a los líderes independentistas después de su recurso de la semana pasada. El abogado también impugna la decisión del Supremo de no revelar en su auto de admisión de pruebas la identidad de los testigos protegidos, pese a que así lo establece la ley cuando alguna defensa lo solicita de forma motivada -según argumenta-; y él lo había hecho en el escrito de defensa. También protesta por la denegación de algunas de las pruebas que planteó para el juicio y su negativa a reconstruir los autos por la “desaparición” de un documento, concretamente una inhibitoria -sobre la competencia para enjuiciar el caso- que se planteó en un escrito en marzo del año pasado.

El letrado de Sànchez, Rull y Turull, por su parte, vuelve a pedir en un mismo día con un segundo escrito, en el que se denuncia la vulneración en el decomiso de sus ordenadores en Soto del Real, medidas cautelares distintas a la prisión. El otro texto presentado a la Sala II este lunes fue por la vulneración de sus derechos fundamentales durante el traslado y en prevención de futuros desplazamientos de la cárcel a los tribunales.

El último escrito presentado por Jordi Pina, que representa a los presos de Junts per Catalunya, pide que “se acuerde la inmediata puesta en libertad” de sus representados para “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa de los acusados privados de libertad”. Por ello sugiere que se adopten “las fórmulas que se estimen necesarias para conjugar la libertad de los acusados con los mecanismos de vigilancia o seguridad que la Sala estime oportunos”.

Antes de admitir las pruebas y marcar la fecha para el juicio el Supremo ya rechazó otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva aduciendo riesgo de fuga. Tras ello la defensa de Junqueras y Romeva, a cargo del abogado Andreu Van den Eyende, y la de Jordi Cuixart, representado por Marina Roig, ya pidieron que se aplazara el inicio de la vista sin saber la fecha concreta de inicio del juicio oral.

Las defensas y los familiares de los presos independentistas ya habían lamentado estos días que se les requisara el ordenador al llegar a Soto del Real así como otros enseres personales. Se quejaban de que vetarles el acceso a sus máquinas vulneraba su derecho a la defensa al tratarse de un elemento clave para preparar su estrategia de cara al juicio que arrancará el próximo 12 de febrero si no se acepta la moratoria solicitada este lunes.

En el disco duro los presos tienen el sumario de la causa que será juzgada en el Tribunal Supremo, con miles de folios, archivos de vídeo así como abundantes documentos de trabajo confidenciales, según detallan los letrados. No tienen la copia en papel de la abundante documentación, sólo en formato digital. “Impedir a los acusados el acceso a tales archivos informáticos cuando falta sólo una semana para el inicio de las sesiones del juicio, comporta una evidente y ya efectiva vulneración de su derecho de defensa y su derecho fundamental a la igualdad ante la Ley con respecto al resto de acusados no privados de libertad y el resto de partes, al llevar ya cuatro días sin poder acceder a todo su material de trabajo”, recoge el escrito de los presos de Junts per Catalunya.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguraron a este medio que el decomiso se debe a una revisión de seguridad para que el uso de los ordenadores se ciña a lo autorizado por los jueces del Alto Tribunal en las providencias de Pablo Llarena hace meses y Manuel Marchena este mismo mes de enero. Interior señaló que en Alcalá Meco Dolors Bassa y Carme Forcadell ya los tenían a su disposición este lunes y que cuando esa labor termine en Soto del Real se les devolverá a los demás presos. Sin embargo, el escrito de la defensa detalla que los ordenadores se compraron cuando estaban ya privados de libertad en la cárcel de Lledoners y por ello cumplían ya las medidas de seguridad exigidas. Sobre las prendas requisadas, Instituciones Penitenciarias señaló que se hizo en cumplimiento de la normativa y que los líderes del 1-O habían acudido a la cárcel madrileña con más ropa de la permitida, así como con toallas o sábanas propias cuando es el centro penitenciario quien las distribuye

En la parte final del escrito de Sànchez, Rull y Turull se pide al Supremo para que requiera “con la mayor urgencia” a los responsables de la cárcel de Soto del Real para que “se abstengan de hacer cualquier tipo de manipulación del material electrónico y les autoricen el uso de los ordenadores y material de trabajo en sus celdas y durante toda la jornada, salvo durante la actividad ordinaria del centro”, como venían haciendo en Lledoners.

05feb19

Las defensas de los presos del 1-O piden suspender el juicio tres semanas

[Fuente: Por Iñaki Pardo Torregrosa, La Vanguardia, Barcelona, 05feb19]

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