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19dic18
El fiscal del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont y Junqueras de desviar 8 millones para el referéndum del 1-0
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, cifra en más de ocho millones de euros el dinero desviado ilícitamente por el gobierno del expresidente Carles Puigdemont para sufragar la campaña y demás actos que concluyeron con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Torres ha elevado una denuncia al órgano fiscalizador de las cuentas públicas.
Torres imputa el desfalco a un total de 17 altos cargos del Gobierno de Puigdemont. Todo ellos habrían perseguido la independencia de Cataluña mediante el desvío de una cantidad de dinero público muy superior al estimado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien en su auto de procesamiento de los líderes del ‘procés’ cifra el gasto en 1,6 millones de euros, con la siguiente distribución: 224.834 euros de la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión del voto; 277.804 euros relativos a la campaña de publicidad y difusión de la convocatoria; 979.661 euros en materia de suministro de papeletas, censo electoral y citaciones de los miembros de mesas electorales; y 199.700 euros por la participación de observadores internacionales.
El escrito de la Fiscalía se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresident catalán y sus exconsejeros por los mismos hechos, si bien la estimación de estas organizaciones es que el dinero irregularmente gastado asciende a 1,97 millones de euros de fondos públicos.
Las cantidades que manejan la Guardia Civil y la Fiscalía son aun mayores. En el primer caso, la posible malversación se cifra en 3,2 millones de euros, mientras que en el escrito de acusación ante el Tribunal Supremo de la Fiscalía se habla de 3,07 millones.
La demanda presentada por el fiscal ante el Tribunal de Cuentas responde a la investigación abierta por la denuncia presentada en noviembre de 2017 por el Ministerio de Hacienda. En concreto, este departamento pedía que la Fiscalía llevara a cabo las “actuaciones oportunas” encaminadas a determinar las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por la Generalitat para la organización y celebración del referéndum ilegal y a concretar cuánto dinero costó. Esto significa que ahora el Tribunal de Cuentas abrirá un proceso para determinar la posible responsabilidad contable de los miembros del Govern que participaron en el 1-O en un procedimiento totalmente independiente del que se sigue en el Supremo por la responsabilidad penal.
En el caso del 9N, el Tribunal de Cuentas ya ha condenado al expresident Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat en la consulta soberanista de 2014. A tenor de esta condena, se puso de relieve que en las partidas de gasto en las que hay más de un responsable, cada uno ha de pagar la parte proporcional, pero la sentencia los condena con responsabilidad solidaria, lo que significa que si alguno no responde, han de hacerlo los demás. Este principio se aplica a Mas y sus antiguos consejeros y también a los líderes del ‘procés’ denunciados ante el órgano fiscalizador.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 20dic18]
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