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17dic18
El Gobierno advierte que cesará a los cónsules que “apoyen el separatismo”
El procés independentista ha acelerado los cambios en los protagonistas de la política catalana y española. Un síntoma que también ha alcanzado a varios cónsules honorarios en Barcelona, como los de Letonia, Filipinas, Bulgaria, Finlandia y Grecia, cesados por distintas manifestaciones cercanas al soberanismo. Y seguirá así si se repiten conductas, como ha plasmado en negro sobre blanco el Gobierno en una respuesta por escrito al grupo parlamentario del PDECat en el Congreso.
A raíz el último ejemplo del cónsul honorario de Grecia en Barcelona Fernando Turró –de quien el ministro de Exteriores, Josep Borrell, pidió su cese por asistir a una Diada con símbolos independentistas–, el diputado pedecano Jordi Xuclà cuestionó el pasado octubre al Ejecutivo si pensaba “practicar más represalias diplomáticas a otros países que muestren su apoyo a Catalunya”.
“El Gobierno considera que el apoyo a Catalunya no puede ni debe ser entendido como un respaldo a las tesis secesionistas”, comienza respondiendo en su texto el Gobierno, que continúa avisando que “en aquellos casos en los que un cónsul honorario de algún país actúe en apoyo del separatismo, el Gobierno español trasladará a la embajada correspondiente el desagrado del Gobierno por tal actitud”.
Un descontento que “se traducirá en una pérdida de confianza como interlocutor en la persona en cuestión, a cualesquiera efectos relacionados con el desempeño de sus funciones oficiales”, concluye el Ejecutivo, deslizando que siempre que un cónsul actúe en este sentido desde Exteriores se hará traslado del cese al país correspondiente.
La figura del cónsul, diferente a la del embajador, no requiere la condición de diplomático y está regida por el Convenio de Viena de 1963 –suscrito por la práctica totalidad de los países del mundo. Habitualmente son ciudadanos con la nacionalidad del país donde se ubica el cónsul –no el emisor– y su destitución puede ser ejecutada tanto por el Estado emisor como el receptor.
En estos casos, España retira el reconocimiento como representante válido y la autorización para ejercer como tal que se le concedió en su momento al expedir un documento denominado exequator.
[Fuente: Por Sergi Quitian, La Vanguardia, Barcelona, 17dic18]
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