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27nov18
El Tribunal Superior de Justicia catalán acepta investigar a uno de los cerebros del 'procés'
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aceptado este martes investigar a uno de los cerebros del 'procés', Josep María Jové, por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia grave por la organización del 1-O.
Sin embargo, el juez ha descartado, por ahora, abrir una causa al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), por su participación en el referéndum tumbado por el Tribunal Constitucional. Toma esta decisión después de que la propia Fiscalía Superior de Cataluña señalara que no veía suficientes indicios para imputarlo.
En el auto, al que ha tenido acceso 'Vozpópuli', la sala civil y penal del Tribunal catalán designa a la magistrada María Eugènia Alegret para investigar al actual diputado del Parlament, al que por el momento se atribuye los delitos mencionados, pero no el de descubrimiento y revelación de secretos ni el de prevaricación, a los que también apuntaba la Fiscalía.
El pasado día 2 de agosto, el Tribunal catalán recibió un pendrive con la causa para que fuese sometida a consideración por el mismo para conocer "las posibles diligencias" que pudiesen ser seguidas contra Jové y contra Aragonés.
El auto reza que existen indicios de que Jové estuviese relacionado presuntamente con la "hoja de ruta" prevista para "alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral" contra las sentencias y mandatos del Constitucional. Asimismo, indican, con la "asistencia al referéndum convocado por el Govern".
En el texto se afirma la posible participación del diputado en el "comité ejecutivo" del "entramado" creado por el Govern y otros actores, desde el año 2015, para conseguir la secesión, y que esta habría "exigido" la "previa creación de estructuras administrativas".
A Jové se le investigará, además, por su "eventual responsabilidad" como secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, en la organización de la votación. Para esta, afirman, se habrían "invertido directamente o mediante personas interpuestas", fondos públicos.
"Utilización ilícita de datos personales"
Según el documento, el diputado catalán habría participado, por otra parte, en la "utilización ilícita de fichero de datos personales" de la población de la región con el que contaba Idescat.
El tribunal dictamina que a estos ficheros tuvieron acceso "múltiples personas", ya que con ellos "se confeccionaron las listas de electores adscritos a los colegios electorales, el nombramiento de cargos para las mesas y las tarjetas censales del referéndum".
Según el magistrado, Jové habría tenido conocimiento de todos los actos e iniciativas parlamentarias y gubernativas realizadas para "amparar una ruptura unilateral". Menciona, de esta forma, resoluciones como la del día 7 de septiembre de 2017 en la que se indicaba expresamente su deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que supusiese "ignorar o eludir" la suspensión acordada.
[Fuente: Por Lupe Carrasco, Vozpópuli, Madrid, 27nov18]
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