Equipo Nizkor - Artur Mas, condenado a reintegrar 4,9 millones de fondos públicos destinados al 9-N.

El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a devolver al erario público 4,9 millones de euros procedentes de fondos públicos que utilizaron en la financiación de la consulta soberanista del 9-N, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

El órgano fiscalizador del Estado había impuesto una fianza de 5,25 millones de euros al expresidente de la Generalitat, a los exconsejeros y a otros seis altos funcionarios de la Generalitat. Mas, Ortega, Rigau y Homs fueron condenados por desobediencia a penas de multa e inhabilitación para cargo público, los tres primeros por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el cuarto por el Tribunal Supremo, por su condición de diputado en el Parlamento nacional.

Durante la vista en el Tribunal de Cuentas, Mas negó que desde el Govern se acordaran gastos irregulares para organizar la consulta. Uno de los principales gastos fue la compra de 7.000 ordenadores para instalar en cada colegio y realizar el recuento de las papeletas, que Mas justificó asegurando que el objeto de esa compra no fue la consulta sino la mejora de la calidad educativa en los centros. “El objeto de la compra no era para la consulta sino para mejorar el sistema educativo catalán”, aseguró en respuesta al abogado de la asociación Sociedad Civil Catalana.

“La necesidad de los 7.000 ordenadores para que pudiera realizarse la votación del 9N está sobradamente acreditada. No puede considerarse acreditado, por el contrario, que fueran necesarios para los centros educativos. Lo único que consta es una decisión precipitada, no apoyada en solicitud alguna ni en informes o estudios previos, que únicamente puede explicarse por respuesta a la necesidad de disponer urgentemente de 7.000 ordenadores para el proceso participativo”, dice la sentencia.

El tribunal se fija además en la puesta en marcha de un centro de prensa el 9N que según los demandados, obedecía a la gran expectación por la jornada. Los magistrados consideran que “no se trataba únicamente de facilitar el trabajo de los medios de comunicación en la cobertura de un hecho de relevancia informativa, sino de contribuir positivamente al éxito de los fines pretendidos por la convocatoria procurando que la votación alcanzara la mayor difusión posible”. Entienden, de este modo, que “fue una actuación vinculada al proceso de participación ciudadana y se encontraba entre las actividades afectadas por la providencia de suspensión cautelar dictada por el Constitucional”, así que “los pagos con fondos públicos” que se hicieron para sufragarlo, están “carentes de justificación”.

El dinero público que se destinó a la consulta del 9 de noviembre de 2014 asciende a 4.946.788,16 euros. El Tribunal de Cuentas considera responsables contables directos a los citados, así como a Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignaci Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias. A cada uno de los condenados se le imputa un importe según el alcande de sus responsabilidades. Así, por ejemplo, a Mas se le hace responsable del total de los 4,9 millones de euros; Francesc Homs debe responder por casi 3,5 millones por diversos conceptos; Irene Rigau, de 2,8 millones por la compra de los 7.000 ordenadores empleados en las mesas de votación, y Joana Ortega, por algo más de 1,7 millones de euros. En los casos en los que concurre la responsabilidad de varios demandados respecto a un mismo concepto, la responsabilidad de todos ellos es solidaria en relación con los daños causados, dice la sentencia.

El que fuera secretario general del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, Luis Bertran, deberá hacer frente a un pago de 698.685 euros; a la directora de Servicios del mismo departamento, Josefina Valls, le corresponde 81.174 euros; y al director de la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones, Jaume Domingo, 307.962 euros. Finalmente, al director de General de Atención Ciudadana y Difusión, Ignasi Genovès, y al secretario general del Departamento de la Presidencia, Jordi Vilajoana, el tribunal les condena al pago de 806.403 euros a cada uno; mientras que el importe a devolver de la directora de Servicios del Departamento de la Presidencia, Teresa Prohias, se reduce a 21.767 euros.

Para el Tribunal de Cuentas, no cabe duda de que tanto Mas como los demás miembros de su Gobierno demandados no sólo no eran ajenos a las decisiones de gasto público de la Generalitat, sino que eran los “máximos responsables” de estas decisiones. “Se trata de gastos desconectados de cualquier finalidad pública que lícitamente pudiera perseguir la Generalidad”, afirma la sentencia. El año pasado, este Tribunal ordenó el embargo preventivo de la vivienda que Artur Mas puso para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9N. Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el 23 de noviembre del año pasado varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña tras la renuncia de Artur Mas en 2016, ha criticado la sentencia mediante este tuit: “Los ‘gestos (de) Sánchez’ se parecen mucho a ‘los gestos (de) Rajoy’. Un abuso y una arbitrariedad indigna. El mismo día que promueven al candidato del PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial, para acabar de redondearlo. Muchos ánimos, presidente Mas, vicepresidenta Ortega, consellera Rigau y conseller Homs”.

El sucesor de Puigdemont, Quim Torra, también se ha pronunciado en Twitter. “El espíritu de venganza del estado es insaciable. Los condenaron por 9-N y ahora quieren quitarles el patrimonio. Todo el apoyo al presidente Mas, a @joanaortega, a @franceschoms y la Irene Rigau. No os dejaremos solos”, ha escrito el presidente de la Generalitat.

12nov18

Artur Mas, condenado a reintegrar 4,9 millones de fondos públicos destinados al 9-N

[Fuente: República de las ideas, P.G., Madrid, 12nov18]

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