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02nov18
La Fiscalía acusa de rebelión a los líderes del ‘procés’ y pide para Junqueras 25 años de cárcel
La Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los Jordis y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell. También se acusa de rebelión al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el "procés" y le pide una pena de 11 años de cárcel.
La Fiscalía ha presentado este viernes su escrito de calificación en las causas que siguen el Supremo y la Audiencia Nacional por el “procés” y justifica el mantenimiento del delito de rebelión asegurando que para lograr la independencia de Cataluña se utilizó la violencia, una fuerza intimidatoria que se plasmó en todas las movilizaciones tumultuarias. En el empleo de esa fuerza intimidatoria sitúa asimismo la participación de los Mossos. Es decir, la Fiscalía asume plenamente el criterio del juez instructor, Pablo Llarena, que fue además respaldado por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. Discrepa de este criterio la Abogacía del Estado, que también presenta este viernes su escrito de calificaciones, y que no acusará a los procesados de rebelión, sino de sedición y malversación, al no apreciar violencia suficiente. En esta línea se pronunciaron la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, encargada de investigar a la cúpula de los Mossos d’Esquadra, y la Justicia alemana, cuando se pronunció sobre la orden de detención y entrega dictada contra Carles Puigdemont.
La Fiscalía solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y sitúa en un segundo escalón a los Jordis y a Forcadell, en cuanto que cree que también actuaron como jefes y promotores. Pide para ellos 17 años solo por rebelión y otros 17 de inhabilitación absoluta. Otro escalón por debajo están los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Para ellos solicita solicita 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta por el delito de rebelión, sin malversación. Para los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, la Fiscalía solicita 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos y un delito continuado de desobediencia grave, así como una multa de 10 meses.
En el caso de los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña durante la anterior legislatura y de la presidenta del entonces grupo parlamentario de la CUP, la Fiscalía solicita una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses para Mireia Boya, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
En concreto, el escrito de la Fiscalía afirma que los investigados “contemplaban la utilización de todos los medios precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”. Para ello, se valieron “de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d’Esquadra como un Cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndol así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.
Por lo que se refiere a la actuación de los Mossos, los cuatro fiscales de sala del Supremo -Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno- vinculan la violencia con el uso de la policía autonómica “como cuerpo policial armado e integrado por 17.000 efectivos que acataría exclusivamente” las instrucciones de los políticos catalanes como, según se señala expresamente en el escrito, sucedió el 1-O. “Llegado el caso, los Mossos podrían proteger coactivamente los objetivos criminales de los dirigentes políticos, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”, abunda la Fiscalía.
De todas formas, hay que tener presente que la Fiscalía aún no ha dicho su última palabra. Será al final del juicio contra los líderes del ‘procés’ cuando tenga que confirmar la acusación de rebelión o, como ha hecho ya la Abogacía del Estado, rebajarla a sedición. De confirmarse, los presos del ‘procés’ serían los segundos acusados de rebelión por la Fiscalía en España desde la Transición tras el coronel Tejero y el resto de militares y guardias del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Desde el punto de vista político, a Pedro Sánchez se le complica considerablemente la aprobación de sus Presupuestos para 2019 ya que el mantenimiento de la rebelión aleja la posibilidad de que ERC y el PDeCAT los apoyen en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que han avanzado el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, y el portavoz de los republicanos en la Cámara baja, Joan Tardá, en los últimos días.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 02nov18]
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