Equipo Nizkor - El Parlament mantiene el acta a los seis diputados secesionistas suspendidos y les permite delegar el voto.

El pleno del Parlament ha rechazado la suspensión de seis diputados procesados por el Tribunal Supremo -pese a las protestas de Ciudadanos, PSC y PPC-, aunque en cambio ha avalado que puedan delegar sus funciones en otro miembro de su grupo parlamentario, solución que ya apuntaba el juez Pablo Llarena en su auto del pasado 10 de julio. La suspensión ha sido rechazada por JxCat, ERC, los comunes y la CUP. En cambio, la delegación del voto ha sido aprobado por mayoría simple sólo con los votos de JxCat, ERC y los comunes. La CUP ha votado en contra, mientras que Ciudadanos, el PSC y el PPC no han querido participar en la votación.

La suspensión de los diputados procesados por el Tribunal Supremo fue acordada el julio por el juez Pablo Llarena y ha condicionado la actividad parlamentaria catalana desde entonces. Lejos de acatar directamente la resolución judicial, como pedían los partidos constitucionalistas, decidiendo todo lo más cómo aplicar la suspensión, el independentismo se ha enredado en un debate sobre si hay que aplicarla o no, es decir, sobre si hay que obedecer o desobedecer al juez Llarena.

JxCat y ERC anunciaron la semana pasada un acuerdo sobre cómo resolver la situación: amparándose en el artículo del reglamento del Parlament que detalla los pasos a seguir en caso de suspensión, convocaron la Comisión del Estatuto del Diputado y aprobaron -con el apoyo de CatECP y la CUP- un dictamen que insta al hemiciclo a votar si acepta la suspensión y propone que los afectados puedan “designar” a un diputado que ejerza sus derechos.

La cuestión es que eso no es exactamente lo que acordó Llarena en su auto, en el que aplicaba la suspensión cautelar a los procesados por rebelión: el prófugo Carles Puigdemont y los encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Rull, Josep Turull y Jordi Sànchez. El juez tomó la decisión en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que la suspensión se mantendrá mientras dure la situación de prisión provisional o cuando el afectado sea definitivamente condenado.

Eso sí, el juez dejaba la puerta abierta a la posible sustitución de los procesados tras explicar que no podría imponer que los grupos parlamentarios respectivos renunciaran a su mayoría parlamentaria. A tal fin, recomendaba que se diera traslado de su decisión a la Mesa del Parlament pero no decía nada de que hubiera de ser votada por el pleno. Eso es lo que provocó el enfrentamiento entre JxCat y la CUP -contrarios a aceptar el auto judicial y, en el caso de Junts, defensores de un trato diferenciado para Puigdemont- y ERC -partidaria de la sustitución de los diputados suspendidos- y lo que ha mantenido al Parlament sin actividad durante dos meses y medio.

Finalmente, se ha optado por la solución del dictamen que se ha llevado al pleno y que la diputada Marta Madrenas de JxC ha defendido acogiénse al carácter soberano y por encima de la ley que el secesionismo atribuye a la Cámara autonómica: “Nosotros en el Parlament tenemos un reglamento que nos regula nuestro modo de actuar. Es el artículo 25 el único que habla sobre los diputados y en el reglamento está escrito que es el Parlament de Catalunya el ente que lo tiene que aprobar”. En la misma línea, el diputado de ERC Gerard Gómez del Moral se ha apoyado en la autonomía parlamentaria y el reglamento del Parlament para defender que sea este el que decida sobre la suspensión de los diputados porque, según ha dicho en una afirmación que ha sido recibida con el natural asombro, “creemos en la separación de poderes”.

Eso es precisamente lo que ha reprochado la líder de la oposición, Inés Arrimadas, a las formaciones soberanistas, que no tengan el más mínimo respeto por la separación de poderes propia del Estado de Derecho. Arrimadas ha criticado con dureza que se cuestione una resolución judicial y ha lanzado varias preguntas a los diputados: “¿Ustedes se imaginan al PP votando en el Congreso sobre si aceptan la sentencia del Caso Gurtel o no? (…) ¿Ustedes imagenan que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, someta a votación si acepta o no la sentencia de los ERE? Esto es una vergüenza”.

Arrimadas, por otra parte, ha anunciado una querella contra Torrent y los miembros de la Mesa por “propiciar que se vote la resolución judicial”. Es decir, la querella se dirige contra el presidente y los miembros independentistas del órgano de ordenación de la cámara: Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Alba Vergés. Pero podría ampliarse a más diputados de la CUP o de Catalunya en Comú Podem y a Mònica Palacín (ERC) y Marta Madrenas (JxCat), secretaria y presidenta, respectivamente, de la Comissió de l’Estatut del Diputat.

Muy dura ha sido también la diputada del PSC Alicia Romero, quien precisamente ha recordado que “la única cosa que decía esta resolución judicial (la del juez Llarena) era que tenía que pasar por la Mesa, pero la sentencia es firme y la suspensión es automática”. Y ha añadido: “Esto no puede ser, es intolerable en democracia. Las resoluciones judiciales se cumplen y se acatan (…) Hoy lo que venimos a hacer es engañar a la gente, esto es lo que vienen a hacer ustedes”.

El engaño, según Romero, es que desde el 13 de julio esos diputados “no cobran su sueldo ni emiten voto en el pleno”, como tampoco votarán este martes, lo que significa que “están suspendidos”. “Es así de claro. No cobran sueldo, no emiten voto, no pueden presentar iniciativas parlamentarias. Si no pueden hacer eso, están suspendidos. Ustedes están cumpliendo de facto la resolución, solo vienen a engañar, a escenificar y a seguir engañando a tanta gente que ayer les pedía que dijeran la verdad”, ha asegurado.

La diputada de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas ha avalado que el pleno del Parlament pudiera aprobar por mayoría simple la delegación de funciones de los diputados suspendidos por ser una solución que permite “desbloquear” la Cámara. Por eso, ha reprochado la postura del grupo parlamentario PSC-Units, a cuyos diputados se ha dirigido en estos términos: “La forma de volver a la política en el Parlament es votando que haya una solución específica para sustituir a los diputados suspendidos”.

La CUP ha rechazado el dictamen sobre la suspensión de los diputados decidida por el Tribunal Supremo. El diputado Vidal Aragonès ha dicho que “no hay que avalar la intervención represiva del Estado español y el TS pretende intervenir sobre quién tiene la condición de diputado, en una aplicación ilícita del artículo 384 bis” del Código de Enjuiciamiento Criminal. “El Supremo quiere ir más allá y pretende convertirse en legislador”, ha lamentado Aragonès antes de calificar dicha forma de actuar como “un golpe de estado al estado de derecho, se ha acabado la separación de poderes cuando hay un juez que hace un ejercicio legislativo”.

Y el portavoz del PPC, Santi Rodríguez, también ha recurrido al símil del engaño: “Después (de la votación) podrán salir a la calle a decir que el Parlament se ha rebelado y quedarán muy bien, engañados ustedes y engañando a la ciudadanía. La realidad es que esos diputados quedarán suspendidos como ya lo están desde que se aprobó la resolución del juez”. “Algunos dice que hay un juez que quiere hacer de legislativo. No, hay un legislativo que quiere hacer de juez”, ha subrayado.

02oct18

El Parlament mantiene el acta a los seis diputados secesionistas suspendidos y les permite delegar el voto

[Fuente: República de las ideas, Madrid, 02oct18]

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