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16sep18
Trapero facilitó "información crucial" para frenar la acción del Estado el 1-O
EL MUNDO ha tenido acceso a casi dos millares de grabaciones registradas durante el pasado 1 de octubre a través de las emisoras de radio de los Mossos d'Esquadra. Se trata de las comunicaciones almacenadas en la Sala Regional de Mando efectuadas entre las 00.00 y las 23.59 horas de dicha jornada. Este material, que ha sido entregado recientemente por la policía autonómica catalana a la Guardia Civil, y al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, engloba tanto las conversaciones mantenidas a través de la radiofrecuencia policial como las llamadas telefónicas efectuadas a la denominada como Sala Regional de Mando (SRC) y al Centro de Coordinación (CECOR).
En total, han sido puestos a disposición de la Policía Judicial 1.719 registros de audio referentes a cientos de actuaciones policiales en decenas de municipios catalanes como Badalona, Mataró, Sabadell, Santa Coloma, Rubí o Cerdanyola.
La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil subraya, tras el análisis exhaustivo de estas comunicaciones, en un informe de más de 1.000 páginas fechado el pasado 27 de julio, que los Mossos d'Esquadra «no activaron los recursos» necesarios para impedir la consulta ilegal. Ni se pusieron en marcha «los recursos de unidades de mediación, ni de seguridad ciudadana o incluso Policía Local para poder acceder a los centros para efectuar las comprobaciones necesarias».
Tampoco, por parte del Centro de Coordinación, «se actuó de acuerdo a las instrucciones establecidas». Máxime teniendo en cuenta que es, «en última instancia, el órgano encargado de activar a las unidades de orden público de los Mossos o, en caso necesario, solicitar apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil».
Así, «en ninguno de los archivos de audio analizados se ha detectado activación alguna de la Brigada Móvil (BRIMO), la de mayor especialización en labores de orden público, para que acudiera en apoyo de unidades de seguridad ciudadana desplegadas en los puntos de votación».
Todo ello a pesar de que la policía autonómica catalana disponía, a través de su Comisaría General de Información, de la certeza de que «los organizadores del referéndum iban a ocupar los centros de votación desde la tarde del jueves 28 o lo más tardar al día siguiente, y que la consigna dada era mantenerse en ellos, con presencia de personas vulnerables, y no desalojar el centro bajo ningún concepto hasta la finalización de la votación el 1 de octubre».
En definitiva, «la realidad fue que el dispositivo policial diseñado por la Prefectura de los Mossos d'Esquadra aparentaba hacer cumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para, con posterioridad, poder justificar su permisividad hacia los organizadores del referéndum y la pasividad con la que actuaron».
De manera paralela, se ha podido acreditar que «el mayor Josep Lluís Trapero informaba de forma puntual y detalladamente a los responsables políticos de los Mossos de todas aquellas decisiones que, en el marco de las reuniones de coordinación, se llevaban a cabo con la finalidad de evitar el referéndum».
«De esta forma ponía en manos de aquellos que formaban parte del aparato organizador información crucial que era utilizada para establecer contramedidas», añade la Guardia Civil.
Asimismo, se instruyó a los agentes para que espiaran a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «desviándose patrullas a realizar seguimientos a agentes de otros cuerpos policiales». Estas vigilancias fueron comunicadas a la Sala Regional de Mando, que «las autorizaba y ordenaba» y contemplaba también la identificación de agentes de Policía y Guardia Civil de paisano, dándose la orden de identificar las matrículas de sus vehículos camuflados.
El análisis de las grabaciones también arroja un resultado desolador en cuanto al «material electoral intervenido» en la consulta ilegal. Apenas una decena de urnas en la zona Metropolitana Norte, por citar un ejemplo, y tres bolsas de basura con papeletas en blanco en el Colegio Sant Jordi de Badalona. Elementos todo ellos que fueron incautados una vez finalizado el referéndum y nunca durante la celebración de la consulta prohibida expresamente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El mayor Josep Lluís Trapero y los mandos políticos de los Mossos están procesados por la Audiencia Nacional por los incidentes ocurridos en el 1-O y las jornadas previas, entre otras cosas por simular «un dispositivo engañoso» que permitió que se produjeran unas votaciones que habían sido prohibidas por la Justicia.
El que fuera mando operativo de los Mossos hasta la aplicación del artículo 155 se enfrenta a dos delitos de sedición y uno de organización criminal, aunque la Fiscalía está sopesando la posibilidad de pedir que se le impute por el delito de rebelión, como publicó este diario hace unos días.
Si finalmente Trapero es juzgado por el delito de rebelión, su caso se equiparará a la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los líderes políticos del proceso independentista que culminó con la declaración de independencia del 27 de octubre del año pasado. El ex mayor de los Mossos quedaría, pues, al nivel del fugado ex presidentCarles Puigdemont, del encarcelado ex vicepresidente Oriol Junqueras, de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y del resto de líderes del procés.
[Fuente: Por Esteban Urreiztieta, El Mundo, Madrid, 16sep18]
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