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29ago18
La fiscal general rehúsa examinar "de momento" las actuaciones de la ministra Delgado en el 'caso Llarena'
«De momento, no». Esta es la respuesta que la Fiscalía General del Estado dio ayer a la petición hecha por los cinco vocales del Consejo Fiscal pertenecientes a la conservadora Asociación de Fiscales en relación a examinar la actuación del Ministerio de Justicia en el caso de la demanda interpuesta por Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena en Bruselas.
Los fiscales Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, María Rosario Lacasa y María Rosa Rubio remitieron un escrito a la fiscal general, María José Segarra, pidiendo que reclame a la ministra Dolores Delgado las «informaciones o documentos aptos» que manejó este departamento para defender «la soberanía jurisdiccional española, la independencia de nuestros tribunales y la de Llarena».
La fiscal general emplazó a estos cinco fiscales a la reunión del Consejo Fiscal del próximo 18 de septiembre «a fin de proceder a la valoración de su pertenencia y los términos de admisión [del escrito], en su caso, por este órgano», según informaron fuentes autorizadas de la Fiscalía General del Estado.
En el escrito, los cinco vocales advierten a Segarra de que «el Consejo Fiscal debe estar informado del estado de la cuestión y actuaciones realizadas», además de tener un «completo y cabal conocimiento» de los pasos dados por el ministerio en el caso. Estos cinco miembros de la Asociación de Fiscales -conviene recordar que la ministra Delgado pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, al igual que Segarra- considera que «la acción ejercitada en Bélgica ataca» a Llarena como «instructor español» del procés y «cuestiona su respeto de los derechos fundamentales de los procesados».
No hay que olvidar que los demandantes son políticos independentistas catalanes huidos de la Justicia española, procesados por delitos de rebelión y malversación. Se trata del ex presidente de Cataluña y cuatro ex consejeros del Govern. Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
Los fiscales Talón, Bermejo, Ríos, Lacasa y Rubio no dudan que la demanda presentada por Puigdemont «supera notoriamente los límites de una demanda estrictamente personal, para enmascararse de una manera clara en un ataque intolerable a la democracia española, a la integridad jurisdiccional y competencia de los tribunales de España y a la independencia judicial». En este sentido, dejan claro a Segarra que el Ministerio Fiscal es el órgano competente para defender los valores del Estado de Derecho.
Los vocales de la Asociación de Fiscales requieren a la fiscal general que reclame a la ministra la citación y la demanda presentada en Bélgica contra el juez Llarena, así como los informes elaborados por la Abogacía del Estado y la resolución final del Gobierno acordando la defensa del magistrado.
Esta asociación no pasa por alto que «la finalidad» de la demanda no es otra que «someter a inquisición de los órganos judiciales de un estado extranjero la legítima actuación de los tribunales españoles». En este sentido, destacan el presunto interés de Puigdemont y los cuatro ex consejeros de arrojar «dudas y tachas sobre España y su estado democrático de derecho» ante la opinión pública internacional.
Dicho esto, los cinco vocales del Consejo Fiscal reprochan a la Justicia belga y a la alemana que hayan dado un «indebido amparo jurídico» a estos «fugados de la Justicia española» que están «directamente implicados» en el intento de secesión llevado a cabo en Cataluña.
El juez belga citó a Llarena el próximo 4 de septiembre -acudirá el abogado contratado por el Estado español-, fecha en la que decidirá si prosigue con la demanda. En caso de que así sea, la asociación de juristas españoles Movimiento24Dos se querellará contra el magistrado belga por prevaricación judicial y usurpación de funciones.
[Fuente: Por Marisa Recuero, El Mundo, Madrid, 29ago18]
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