Equipo Nizkor - El PP exige el cese de Delgado por la defensa de Llarena tras ser desautorizada por Sánchez.

El Partido Popular ha exigido este martes el cese inmediato de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, después de que, a su juicio, el propio presidente del Gobierno la haya desautorizado al subrayar que la defensa del juez Pablo Llarena ante la Justicia belga no es una cuestión privada, sino "de Estado". El PP advierte que de no producirse este relevo, pedirá su reprobación en el Congreso y el Senado. Sin embargo, Pedro Sánchez da por zanjada la polémica y mantiene una "absoluta confianza" en la ministra de Justicia.

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha reclamado al Gobierno que pida disculpas públicas a Llarena por los “grandes bandazos” en su defensa, tras la demanda contra él en Bélgica, y ha considerado que el propio Sánchez ha “contradicho” a Delgado al decir que esta defensa sí es una cuestión de Estado.

La portavoz ‘popular’ ha asegurado que muchos españoles se han “ofendido” al ver el comportamiento del Ejecutivo ante la demanda interpuesta contra Llarena por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. A su juicio, es necesario que se cese de manera inmediata a la ministra por “los grandes bandazos que está dando, no solo en la defensa de Llarena, sino del Estado de derecho” y también para defender la jurisdicción española a nivel internacional.

Para Montserrat está claro que el Gobierno tendría que haber defendido siempre a Llarena ante el pleito en Bélgica y si lo “abandonaron a su suerte” fue porque se pusieron al lado de los demandantes, los independentistas, que son los que han permitido a Sánchez llegar a la Presidencia.

Según ha considerado, el “cambio de criterio” del Gobierno en la defensa de Llarena se ha debido a la presión social, así como de los jueces y del propio PP y ha acusado al Ejecutivo de ser “cómplice” de los independentistas tras conseguir sus votos para llegar a La Moncloa.

Por eso, ha exigido a Sánchez que aclare si tras este pacto con los independentistas está el compromiso de no aplicar nunca más el 155 mientras él gobierne, aunque en Cataluña se vulnera la legalidad. “Pedimos al Gobierno que deje de ser prepotente, cómplices de los independentistas y errático”, ha asegurado Montserrat, quien ha advertido de que la situación de Cataluña “es muy grave” porque se está deteriorando la convivencia y han aumentado las provocaciones desde que ha llegado Sánchez a La Moncloa y Quim Torra preside la Generalitat.

Además, ha lamentado que la Fiscalía “llega tarde”, en referencia al anuncio de que investigará a los Mossos d’Esquadra por identificar a varias personas que retiraron simbología soberanista del espacio público, porque las plazas ya están “llenas de lazos amarillos”. En todo caso, la Fiscalía empieza ahora a actuar “gracias a la presión que ha hecho el PP“, según Montserrat, quien ha recordado que su partido va a presentar en el Congreso todo un paquete de medidas de “refuerzo institucional”, como la reforma de la Ley de Símbolos, para que se mantengan neutrales los espacios públicos, entre otras cuestiones. Por lo que respecta a los lazos amarillos que llevan algunos diputados y senadores, ha explicado que es competencia de las Mesas de cada una de las Cámaras “exigir en base al reglamento lo que considere” en cada caso.

Ciudadanos, por su parte, ha presentado este martes una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno tenga que explicar su posición sobre la defensa de Llarena y que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, explique su palabras al respecto. Además, el líder de Cs, Albert Rivera, ha pedido a Pedro Sánchez que “haga su trabajo” y defienda la democracia, la Constitución, las leyes y a los ciudadanos y “no se ponga de perfil para intentar mantenerse unos meses más” en La Moncloa “pagando el alquiler a Torra”.

Pero el cambio de postura del Gobierno tampoco ha gustado a los partidos soberanistas catalanes, que entienden que el Ejecutivo se ha “amedrentado ante la derecha judicial y política”, en palabras de Carles Campuzano (PDeCAT), o muestran la “poca valentía” del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según Gabriel Rufián (ERC). Tampoco ha gustado a Podemos, que considera que la defensa de Llarena no debería sufragarse con dinero público.

En el mismo sentido, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont dijo el lunes que el Gobierno español “sentará un precedente gravísimo” si se hace cargo de la defensa de Llarena en la causa en Bélgica. “Sentaría un precedente gravísimo que se hiciera cargo de los gastos de la defensa jurídica de un español, sea juez o no, que tiene una demanda particular en otra jurisdicción“, señaló Puigdemont a los medios en la población belga de Waterloo.

Sánchez mantiene la confianza en Delgado

Pese a la ola de reacciones políticas, Sánchez da por zanjada la polémica por su cambio de discurso en torno a la defensa de Llarena y mantiene una “absoluta confianza” en la ministra de Justicia, según fuentes de Moncloa. La intención del PP de reprobar a la ministra en el Senado -donde los ‘populares’ gozan de mayoría absoluta– no es más que una estrategia de “papel mojado” para el Ejecutivo, dado que esa iniciativa se limita a manifestar una denuncia política de Delgado, sin más consecuencias. El Gobierno enmarca la iniciativa del PP en la “liguilla de derechas”, en referencia a su competición con Ciudadanos por el voto de la derecha.

En una rueda de prensa en Santiago de Chile, Sánchez ha subrayado este martes respecto al juez Llarena que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino “de Estado” y, por tanto, ha atendido “desde el primer momento” los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial.

La semana pasada, el Ejecutivo diferenciaba de forma expresa entre la defensa de la jurisdicción española y la personal del juez, a quien decía no podía representar por actos privados. Se refería con ello el Ministerio de Justicia a un aspecto de la demanda de Puigdemont que alude a la falta de imparcialidad del juez Llarena por unas manifestaciones que realizó en un acto público en Oviedo el pasado febrero, donde al ser preguntado por la causa que instruye negó que pudiera hablarse de la existencia de “presos políticos”.

El jefe del Ejecutivo español ha insistido en que el Gobierno escucha al órgano de gobierno de los jueces y ha atendido esos requerimientos en la medida en que se han ido planteando. “Hemos ido atendiéndolos siempre de manera positiva”, ha subrayado antes de recalcar que, por tanto, no se trata de defender a un juez en concreto, sino que el Estado debe defender su soberanía jurisdiccional cuando se ve puesta en cuestión. Y ha insistido en que su Gobierno, “desde el primer minuto, ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada, sino de Estado y que, en consecuencia, el Estado va a actuar en defensa de los intereses y de su soberanía jurisdiccional”.

Por otro lado, Sánchez ha respondido este martes al presidente catalán Quim Torra que su proyecto para Cataluña pasa por ser “escrupulosamente respetuoso con el autogobierno” y ha defendido que la Fiscalía investigue a los Mossos por identificar personas que retiraron lazos amarillos. “La Fiscalía es autónoma y, en consecuencia, lo que hace el Gobierno de España es respetar la autonomía de la Fiscalía”, ha recalcado.

Sánchez ha subrayado que la propuesta del Gobierno con Cataluña es la de unir a los catalanes en torno a un proyecto que supere la crisis de convivencia que existe. Para el presidente del Gobierno, la sociedad catalana ha manifestado reiteradamente en las elecciones que si apuesta por algo es por el autogobierno de Cataluña.”Y esa es la propuesta del Gobierno, ser escrupulosamente respetuoso con el autogobierno de Cataluña”, ha resaltado antes de recordar que, en ese contexto, en las comisiones bilaterales que se han puesto en marcha ha revisado los recursos de inconstitucionalidad a algunas leyes del Govern y el Parlament que “enrarecieron” el ambiente. Sánchez ha insistido en que entiende que el autogobierno de Cataluña es el objetivo que aglutina un mayor porcentaje de ciudadanos catalanes.

Los ‘errores’ de la demanda de Puigdemont

La demanda civil que Puigdemont y sus consellers fugados a Bélgica han interpuesto en aquel país contra el juez Llarena gira en torno a unas declaraciones del magistrado que se han falseado en la traducción. El documento sustituye en la traducción del castellano al francés un condicional por una afirmación, que implicaría que el magistrado vulneró su derecho a la presunción de inocencia

Según avanzaron este martes El Mundo y El Confidencial, Llarena nunca dijo ante los medios de comunicación que los investigados por el procés fuesen culpables, una supuesta afirmación que motiva la demanda por un delito contra el honor y la reputación impuesta en un juzgado de Bruselas por Puigdemont y el resto de políticos independentistas huidos allí.

El problema estaría, de acuerdo a ambos medios, en la traducción al francés de las citadas declaraciones, pues mientras Llarena habló ante la prensa sobre los delitos que está investigando utilizando el condicional, en el texto francés que los abogados de los consellers la comisión de esos delitos se da por sentada. Se cambia así, el sentido de sus palabras.

“No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”, dijo Llarena a la prensa al término de un curso en Oviedo en el que estaba participando.

Sin embargo, la afirmación que recoge la denuncia es “peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête”, es decir: “Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados”, tal y como recoge El Confidencial.

La alteración fue puesta al descubierto por un profesor de francés hispanohablante que alertó en redes sociales de la disonancia entre las declaraciones reales, grabadas en vídeo, y las recogidas en la demanda civil. Tras hacerse público este ‘error’, el abogado de Puigdemont ha informado de que pondrá en conocimiento del juzgado belga esta errata para que sea subsanada, sin embargo para hacerlo tendrá que esperar hasta el próximo 4 de septiembre cuando se celebre la vista.

Posible demanda contra el juez belga

Por otro lado, la plataforma de juristas Movimiento24DOS, presidida por el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha Nicolás González Cuellar, ha anunciado que presentará una querella por prevaricación y usurpación de funciones públicas ante los tribunales españoles contra el juez belga al que ha correspondido la demanda civil contra Llarena si no la inadmite de plano.

Este grupo, en cuya junta directiva figuran letrados de la talla del exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego y el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, considera que la demanda presentada contra el magistrado del Tribunal Supremo español por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros es “fraudulenta” y supone un “injustificado ataque a la integridad y dignidad de la jurisdicción española” por parte de los “golpistas”.

Así, y en el caso de que dicha demanda no sea inadmitida de plano de inmediato, la plataforma anuncia que presentará una querella criminal por prevaricación y usurpación de funciones públicas, ya que consideran que el juez belga se atribuye una jurisdicción de la que carece. Para ello se personarán ante el tribunal español competente “en ejercicio de la acción popular”, según indican en el comunicado .

El anuncio de la querella va en la línea de lo manifestado este lunes por el Presidente el PP, Pablo Casado, que pidió a la Fiscalía General del Estado que estudie si cabe presentar una querella contra el Juzgado belga por “inmiscuirse en la integridad y en la inmunidad de la jurisdicción española”.

Este grupo de abogados se reserva además el ejercicio contra dicho juez de acciones civiles ante los tribunales españoles “por los daños que se ocasionen en el Interés colectivo de la ciudadanía en general y los profesionales en Derecho en particular en el mantenimiento de la independencia de nuestro sistema de justicia“, concluyen.

28ago18

El PP exige el cese de Delgado por la defensa de Llarena tras ser desautorizada por Sánchez

[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 28ago18]

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