Equipo Nizkor - El Gobierno rectifica y asume la defensa de Llarena tras las críticas de jueces, fiscales y la oposición.

Tras las críticas este fin de semana de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, Partido Popular y Ciudadanos, el Gobierno de Pedro Sánchez rectificó y anunció este domingo que asumiría ante la justicia belga la defensa del instructor de la causa del "procés", Pablo Llarena. De esta forma el Ejecutivo da un giro de 180 grados sobre su posición en este asunto, después de que el jueves la ministra de Justicia, Dolores Delgado, asegurara que el Estado no protegería "en ningún caso" al magistrado del Tribunal Supremo "de los actos privados que se le atribuyen". Un cambio de posición que ha negado este lunes la propia ministra de Justicia.

La propia Delgado ha dejado este lunes claro que el Gobierno defenderá en Bélgica la integridad jurisdiccional de España y los intereses de nuestro país, que pasa también por “defender la actuación jurisdiccional” de Llarena. En una entrevista en RNE, la ministra de Justicia ha incidido en que “no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia” sino “un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien” y, por tanto, “no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia”. “Lo puedo garantizar”, ha zanjado.

Según ha explicado, se han publicado “determinadas informaciones” que no sabe “si interesadas o intoxicadas”, en las que se “manejaba documentación que no eran informes definitivos”, ya que desde el informe inicial que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso y en el que “no entra en el fondo” de la demanda contra Llarena puesto que el Gobierno aún no la tenía, “no existe ni un sólo informe oficial” que cierre la posición del Ejecutivo. “No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos”, ha detallado.

En esta línea, ha argumentado que el Gobierno ha hecho “un ejercicio de transparencia”: “Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución”.

Tras las críticas de este fin de semana, el Ejecutivo de Sánchez anunció por sorpresa este domingo que ha puesto en marcha “todos los mecanismos necesarios” para defender la soberanía jurisdiccional es pañola en la demanda presentada en Bélgica contra Llarena, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país. El Ejecutivo indicó en un comunicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial “hasta este momento” en relación a la demanda y que atenderá las peticiones “de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española” que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.

“El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo”, especificó el Gobierno.

El magistrado -recuerda la nota- solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial que, en Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 su petición para la adopción de “las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”. Y “de manera inmediata”, según el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas. “El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente”, recalca la nota.

Este comunicado se produjo después de que durante el fin de semana distintas asociaciones de jueces y fiscales, además de la oposición, hayan reclamado al Gobierno que asumiese la defensa de Llarena. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales acusaron el pasado viernes al Ejecutivo de “dejación de funciones” en un comunicado conjunto en el que exigieron que asumiese la defensa de Llarena.

Tras el comunicado conjunto publicado el viernes, la Unión Progresista de Fiscales instó este sábado al Estado a personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles. Finalmente, este domingo Juezas y Jueces para la Democracia ha considerado que la actuación del Ministerio de Justicia en el procedimiento abierto en Bélgica es “correcta y ajustada a derecho”.

El PP critica los ‘bandazos’ de Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, reprochó al Gobierno que dé “bandazos” en asuntos como inmigración, economía y ahora justicia, en alusión a la decisión de contratar un bufete belga para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada contra Llarena. “Siguen los bandazos del Gobierno. Primero nos insultan por criticar su incompetencia y luego dan marcha atrás y hacen lo que reclamábamos. Inmigración, economía… y ahora Justicia. El PP lleva la iniciativa y la izquierda solo acierta cuando rectifica”, ha escrito Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En otro tuit anterior, Casado, exigió a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que comparezca en el Congreso para dar cuenta del “desamparo” en el que ha dejado el Gobierno al magistrado del Tribunal Supremo. “Solicitamos la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso para que responda del desamparo al Juez Llarena, y requerimos al Gobierno la inmediata personación en el procedimiento de Bélgica para alegar y garantizar la inmunidad e integridad de la jurisdicción española”, escribió Casado en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido, el vicesecretario del PP, Javier Maroto, aseguró que Sánchez, ve el “mundo al revés” en Cataluña, porque “ampara” a aquellos que “propician la violencia”, y “desampara a aquellos que han defendido a España de un Golpe de Estado” como el juez Larena. “Lo que está haciendo con el juez Llarena por un lado, y la permisividad en la ruptura de la convivencia en Cataluña por otro, nos llevan a tomar acciones de forma inmediata. Creemos que el Gobierno está muy alejado de estar a la altura de las circunstancias”, ha aseverado Maroto.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular registrará este lunes en el Senado una moción, para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, en la que exige al Gobierno que defiende “sin reservas” a Llarena “y a la soberanía española”. Según ha asegurado el portavoz del GPP en el Senado, Ignacio Cosidó, el juez Llarena “siempre ha defendido la Constitución y al Estado español pese a las duras críticas de los secesionistas, adoptando una postura implacable contra el independentismo para frenar la mayor amenaza a la estabilidad de España en las últimas décadas”. Para el dirigente del PP, con la decisión de no dar amparo al juez Llarena, “el Gobierno de Sánchez se pone al lado de los golpistas” frente a la actuación del Estado de derecho español.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este fin de semana que su partido está “muy decepcionado” con el Gobierno por “no prestar defensa” a Llarena en Bélgica, asunto por el que van a exigir una comparecencia “inmediata” al Ejecutivo de Sánchez.

Similar opinión expresó el sábado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: “Sánchez abandona a quienes defienden al Estado en Cataluña”. “El alquiler de Moncloa es demasiado caro para España: un Gobierno interino claudicante ante los supremacistas que dieron un golpe de Estado contra nuestra democracia. Los españoles deben tomar la palabra”, ha añadido Rivera junto al hashtag #Elecciones ya.

La demanda de Puigdemont contra Llarena

“Desde hace bastantes años, los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales”. Así empieza la demanda civil presentada por el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica contra Llarena, por la que el magistrado deberá comparecer el día 4 de septiembre.

La demanda se centra en presentar a España como un “Estado delincuente”, al nivel de “Kazajistán”, donde la independencia judicial es inexistente. “ España está al lado de Kazajistán, entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales”, señala.

Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos consideran que la Justicia española “ha sido incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial” y que por ello vulnera la presunción de inocencia. Denuncian que Llarena “ha dictado múltiples decisiones que han demostrado claramente su falta de parcialidad”. Para ello se apoyan en una declaración del magistrado en la que negó la existencia de presos políticos en España en una actividad organizada por el fabricante alemán BMW.

En dicho acto, el juez Llarena dijo lo siguiente: “Un delito político (sic.) son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política, son perseguidos. No es el caso que estamos llevando en el Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados. Restringir la libertad de una persona sin que se haya declarado aún culpable, en la eventualidad que ello se produzca, y exclusivamente durante el tiempo que lleva la investigación, debe restringirse lo máximo posible. Por esto la decisión es tratar de terminar la investigación cuanto antes y regularizar la situación de los investigados en su propio interés y en el interés de toda la opinión pública y de la ciudadanía española”. Unas declaraciones que los denunciantes tildan de “personales” y que están “al margen de su actividad judicial”.

“El comportamiento de Llarena expresa lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos: el sistema judicial español es incapaz de tratar a los opositores independentistas respetando los derechos fundamentales tal y como lo garantiza el Tratado sobre la UE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”, señala la demanda.

Por último, el texto subraya que los motivos de Llarena demuestran que “la respuesta penal del Estado español tiene como única intención el ser extinguida o mitigada respecto a los responsables catalanes si estos renuncian a su proyecto político independentista”.

La ‘guerra de los lazos’ en Cataluña

Por otro lado, la oposición ha denunciado este fin de semana la actuación del presidente del Gobierno tras la agresión que sufrió el sábado una mujer en Barcelona después de mantener una discusión con un hombre que supuestamente le recriminó que quitara lazos amarillos y los tirara a la basura. La agresión se produjo sobre las 12:20 horas en el paseo Pujades de Barcelona, en la entrada principal del Parque de la Ciudadela. La policía ha identificado tanto al presunto agresor como a la agredida y a su marido, militante de Ciudadanos, aunque no ha detenido a nadie, y ambas partes han expresado su intención de presentar denuncia, aunque éstas aún no ha sido formalizadas, según los Mossos.

“Le han roto la nariz a una mujer delante de sus hijos por quitar lazos amarillos en Barcelona”, escribió en Twitter la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y emplazó al presidente del Gobierno a entender que “aquí no hay ‘normalidad’“. “Defienda a millones de catalanes que estamos siendo atacados por el separatismo y deje de blanquear a los que rompen la convivencia en Cataluña”, le ha dicho a Sánchez.

Posteriormente en declaraciones a los medios, Arrimadas defendió que sea la Fiscalía la que investigue los hechos que han dado origen a esta agresión “brutal”, y ha advertido de que “lo que no vamos a hacer es quitar hierro a las agresiones que se sufren por personas en el mismo momento en que están retirando lazos amarillos”. “Ante esta situación no se puede mirar para otro lado”, defendió Arrimadas, quien declaró que desde su partido darán apoyo a todas las personas que están siendo “señaladas, identificadas e insultadas de manera absolutamente injusta por simplemente defender de manera pública que quieren un espacio público de todos los catalanes”.

Además, desde Ciudadanos, declaró Arrimadas, no quieren que esta agresión sea un caso que pase desapercibido, sino que “todo el mundo entienda la gravedad de lo que se está viviendo en Cataluña”, recordando que desde su partido ya venían advirtiendo de una situación que podía generar una “grave fractura social” en Cataluña que “ya es una realidad”.

“Es inimaginable en democracia lo que está haciendo el separatismo”, sentenció Arrimadas lanzando un mensaje al presidente del Gobierno, a quien le pidió que “deje de mirar para otro lado” porque “estos son sus socios de Gobierno”. Aseguró que Sánchez “está en manos de los partidos separatistas” por querer ser presidente de España “a toda costa”, y acusó al presidente español de “dejar tirados” a millones de catalanes que “estamos sufriendo” un gobierno “separatista” y de “dejar tirados” a servidores públicos, como Llanera, “que hacen su trabajo para defender la aplicación de la Justicia en nuestro país”.

En el mismo sentido, Maroto también criticó la actuación del presidente del Gobierno tras la agresión a esta mujer en Barcelona. “Estos hechos nos llevan a pensar que la actuación del Gobierno, de Pedro Sánchez, no es la actuación correcta”, apuntó. Maroto aseguró que Sánchez “mira para otro lado todos los días desde que es presidente con lo que pasa en Cataluña” porque le “están pidiendo que haga eso los partidos que le apoyaron en la moción de censura”. “¿No es un precio demasiado alto para estar en la Moncloa, el tener que permitir todo esto, y que todos los españoles veamos que hay un presidente que tiene que premiar a los independentistas antes que premiar a los españoles que en Cataluña o en el resto de España defendemos la convivencia y la legalidad?”, se preguntó.

El PP ha anunciado que abrirá en Barcelona una oficina de asesoramiento y apoyo para personas denunciadas, sancionadas o agredidas por retirar lazos amarillos de la vía pública, según anunció el presidente del grupo municipal popular en el consistorio barcelonés, Alberto Fernández Díaz, para quien la colocación de estos símbolos en la vía pública “infringe la neutralidad obligada de ésta y no respeta la pluralidad de la sociedad catalana”. Según el concejal del PP, “el lazo amarillo, lejos de ser sinónimo de libertad, se está convirtiendo en una soga a la convivencia en Cataluña, donde catalanes que se sienten españoles son perseguidos por retirarlos de la vía pública”.

27ago18

El Gobierno rectifica y asume la defensa de Llarena tras las críticas de jueces, fiscales y la oposición

[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 27ago18]

Información
Tienda \| Donaciones online Derechos \| Equipo Nizkor