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21jul18
El Tribunal de Cuentas cita a Mas, Homs, Ortega y Rigau para el juicio ‘contable’ por el 9-N
El Tribunal de Cuentas ha fijado para los próximos 10 y 11 de octubre la fecha para la celebración del juicio por reintegro por alcance por los gastos del 9-N. Se trata de una vista para fijar la cantidad que deberán asumir el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidneta Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau.
En la cédula de notificación, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, se cita a los cuatro demandados para que comparezcan el 10 de octubre para ser interrogados. Se trata de un juicio para fijar su responsabilidad contable en la celebración de un proceso participativo soberanista el 9 de noviembre de 2014 pese a la suspensión del Tribunal Constitucional.
En este caso hay varias partes personadas, como Fiscalía, Abogacía del Estado, Generalitat o Societat Civil Catalana, y cada una ha reclamado una cantidad por lo que el tribunal ha fijado en 4,9 la cantidad que se estudiará reclamar. Por este mismo proceso, el tribunal les fijó una fianza de 5,2 millones de euros para cubrir las responsabilidades pecuniarias que se desprendan del proceso.
Así que si finalmente el tribunal les hace responsables contables por el gasto derivado del 9-N perderán esa fianza y los inmuebles fijados para ésta, lo que significa que perderían sus casas, que después saldrían a subasta.
Por la consulta del 9-N, que se celebró a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenó a Mas a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia; a 1 años y nueve meses para Ortega, y un año y seis meses para Rigau. En el caso de Homs, fue enjuiciado y condenado por el Tribunal Supremo al ser en ese momento diputado nacional.
En su caso, la pena fue todavía inferior y fue fijada en 13 meses de inhabilitación también por un delito de desobediencia. Respecto de los tres primeros, están pendientes de que el Tribunal Supremo revise los recursos contra su condena. No obstante, el juicio por la vía penal fue por desobedecer al Tribunal Constitucional lo que no limita para que el Tribunal de Cuentas iniciara un proceso para reclamar contablemente el dinero utilizado para organizar la consulta ilegal.
[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 21jul18]
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