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02jul18


Los pasos que llevarán al exGovern al banquillo para enfrentarse a altas penas de cárcel


Ocho meses después de que arrancara el proceso judicial contra el entonces Govern por declarar la independencia de Catalunya fuera de las vías legales así como contra la Mesa del Parlament por incumplir de manera reiterada las resoluciones del Tribunal Constitucional el resultado es 25 personas procesadas, 13 de ellas por rebelión, y siete huidos de la Justicia española.

Una vez que la semana pasada la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó uno a uno todos los extremos del auto de procesamiento dictado por el magistrado Pablo Llarena, el siguiente paso es finalizar la fase de instrucción y dictar el auto de conclusión. Esto significa que ya se entraría en la fase intermedia del proceso judicial, como paso previo a la fase del juicio oral.

El auto del tribunal confirmando el procesamiento no tiene recurso y fija la firmeza de la resolución. Eso implica que existen indicios de delito contra los 25 encausados y todos ellos deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Respecto de los siete que no se encuentran a disposición de la Justicia española -Carles Puigdemont, cuatro exconsellers, Marta Rovira y Anna Gabriel- si la Justicia de los países donde se encuentran rechazan su entrega entonces se librarán del juicio, por lo menos de manera temporal.

Eso sí, se mantienen activas las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención e ingreso en prisión. Si en algún momento alguno de ellos decide salir de los países donde se encuentran pueden volver a ser arrestados en otro Estado y, sobretodo, no podrán entrar en España. El caso excepcional es el de la ‘cupera’ Anna Gabriel. Sobre ella sólo pesa una orden nacional de detención al estar procesada únicamente por un delito de desobediencia. Esto supone que tiene libre circulación excepto para volver a España. En caso de entrar en territorio nacional, será arrestada de inmediato.

A juicio presos

Respecto de los nueve que se encuentran en prisión incondicional, entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, todo apunta que llegarán a juicio encarcelados. Con el proceso judicial tan avanzado y ante la existencia, según la Justicia, de riesgo de fuga, tanto Llarena como el tribunal ya han ratificado que peligra su presencia en la vista en caso de ser liberados, y que se prevé arranque antes de finalizar el año.

Sin embargo, a partir de la próxima semana conseguirán una de sus reivindicaciones, ser acercados a cárceles catalanas para estar cerca de su familia y sus abogados. Esta decisión, inusual en la fase de instrucción, ha sido producto de una decisión de Instituciones Penitenciarias, dependientes del Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska como titular. Se trata de un primer gesto por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Quim Torra para intentar negociar una solución pactada al conflicto catalán.

Traslado inmediato

Fuentes de Interior explican que previsiblemente a partir de esta semana comenzarán los traslados de los presos, aunque podrían ir escalonados y no todos a la vez. Esto significa que para cuando se produzca la primera reunión entre Sánchez y Torra el próximo día 9 en el Palacio de la Moncloa, si no todos por lo menos algunos de los presos independentistas podrían estar ya en algún centro penitenciario catalán.

Además, este acercamiento tiene otro matiz. Catalunya tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria. Por lo tanto, todo lo que se refiere al control y gestión de los centros penitenciarios donde se reubicarán Junqueras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exconsellers depende de la Conselleria de Justicia.

Eso sí, todos ellos tendrán que volver a ser trasladados a Madrid de cara al inicio del juicio porque en ese momento tendrán que estar disponibles ante el tribunal. La vista podría durar en torno a los dos meses. Una vez finalice el juicio y a la espera de una sentencia, si Interior lo estima entonces podrían ser trasladados de nuevo a Catalunya.

Suspensión de los diputados

El paso más próximo que ocurrirá esta misma semana será que Llarena tendrá que suspender de manera cautelar a los siete procesados respecto de los que pese el delito de rebelión y se encuentren encarcelados o con una orden de ingreso en prisión, en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que así lo fija. El auto a través del cual se notifique la suspensión será entregado al Parlament para que se tramite la orden. En caso de no hacerlo, el presidente de la cámara. Roger Torrent, podría incurrir en un delito de desobediencia.

Asimismo, en estos días aquellos que están también procesados por un delito de malversación de caudales públicos deberán pagar la fianza de 2,13 millones de euros. Tanto Puigdemont como los otros 13 exconsellers procesados por este delito tendrán que abonar la cantidad de manera solidaria o si no se les embargarán los bienes hasta cubrir la cantidad.

Testificales para el juicio>

Mientras tanto, Llarena debe decidir si fija la práctica de más diligencias y toma de declaraciones o si puede dar por concluida la instrucción. Aunque las defensas soliciten más testificales no tienen porqué ser aceptadas dado que pueden aplazar para la fase del juicio oral, dado que será sólo las declaraciones escuchadas en plenario la que se tendrán en cuenta a la hora de fijar la sentencia.

Cuando Llarena dicte el auto de conclusión del sumario, se remitirá el procedimiento al tribunal encargado de celebrar el juicio. La Sala confirmará el auto de conclusión del sumario o solicitará nuevas diligencias. Si solicita nuevas diligencias de instrucción se volverá a enviar el procedimiento al juez de instrucción, lo que retrasaría la causa.

Si el tribunal confirma el auto de conclusión, entonces se requerirá a la Fiscalía y a la acusación, representada por el partido Vox, que presenten sus escritos de calificación.

Fiscalía, ¿rebelión o sedición?

En ese momento, se verá si el Ministerio Público sigue manteniendo la acusación de rebelión o rebaja a sedición o incluso a una mera desobediencia. No obstante, Vox seguirá hasta el final con la acusación por rebelión lo que da vía libre al tribunal a condenar por el delito que considere más ajustado a los hechos que queden probados en el juicio. Una vez entregados estos escritos, las defensas harán lo propio.

Seguidamente abrirá el juicio oral o sobreseerá el proceso si no hubiese elementos suficientes para enjuiciar el asunto. Después, se fijará la fecha para el inicio de la vista, en la que si no hay cambios sustanciales se verá a Junqueras y el resto de procesados sentados en el banquillo de los acusados -a la espera de conocer qué pasará con los ‘huidos’-.

En ese momento, será la primera vez que se vea públicamente al exvicepresidente, y a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, así como a Forcadell y a los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, tras su encarcelamiento, dado que la vista es pública.

[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 02jul18]

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