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31may18
El juez del 1-O reclama una causa que podría llegar a una malversación de la CUP
El juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre, ha reclamado a otro juez que le entregue la causa que tenía abierta por la compra de cerca de 100.000 carteles de publicidad del 1-O y que fueron incautados por la Guardia Civil el 15 de septiembre en una nave industrial de la empresa Marc Martí, vinculada a un publicista que estuvo imputado en el caso del Palau de la Música, en el barrio barcelonés del Poblenou.
El titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona inició una investigación contra los dos responsables de la empresa de publicidad por guardar carteles que iban a ser distribuidos para anunciar el 1-O a pesar de que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y estaba prohibida su celebración.
Según explican fuentes jurídicas, tras llevar a cabo una serie de diligencias, el juez archivó el caso contra los gerentes de la empresa, Marc y Ricard Martí, al no poder acreditar que colaboraran con los organizadores del 1-O.
Ahora, Ramírez Sunyer quiere asumir esa instrucción, que el juez de instrucción 20 se inhiba y le entregue toda la causa para iniciar una nueva línea de investigación. Según sostienen fuentes jurídicas a La Vanguardia, en el marco de este asunto se ha tenido conocimiento de un extremo nuevo que podría ayudar a acreditar que la CUP habría malversado fondos públicos.
Estas fuentes relatan que la CUP activó todas las alarmas después de iniciar un proceso contencioso-administrativo contra el registro llevado a cabo por la Guardia Civil y en el que solicitaban como medida cautelarísima que se les devolviera lo incautado. Según estas fuentes, habría acreditado que esos carteles eran suyos mediante dos facturas del grupo parlamentario ‘cupero’, que demostraría que habría sido esta formación la que habría pagados los encargados a la imprenta.
Se da la circunstancia de que si estos extremos se acreditan, el juez podría acabar investigando la malversación de la CUP porque los grupos parlamentarios son órganos del Parlamento -en este caso del Parlament catalán- y sus fondos son públicos, no privados como puede ocurrir en las cuentas de una formación.
Por ahora, el juez de instrucción número 20 tiene que aceptar la inhibición. En un escrito remitido por Ramírez Sunyer el pasado 8 de mayo, le requiere que “a la mayor brevedad posible, proceda a la inhibición en favor de este Juzgado y en el estado en que se hallaren de sus diligencias previas, por hallarse directamente vinculadas a la presente causa”.
La empresa donde se encontró la publicidad del referéndum pertenece a Marc Martí, publicista proveedor habitual de CDC que fue imputado en el caso por el saqueo del Palau de la Música por facturar entre los ejercicios 2006 y 2007 más de 200.000 euros a la entidad cultural que supuestamente enmascaraban pagos de comisiones a la extinta formación política.
[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 31may18]
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