Equipo Nizkor - La Guardia Civil busca cómo retornó la Generalitat el dinero del 1-O a ANC, Òmnium y JxSí.

La Guardia Civil tiene claro que los gastos para organizar el referéndum del 1 de octubre se sufragaron con fondos públicos desde diversos departamentos de la Generalitat. Los investigadores han encontrado una serie de pagos que se habrían realizado desde las asociaciones independentistas ANC y Òmnium o desde el grupo parlamentario Junts pel Sí para las campañas a favor del 1-O. La idea que tienen es que ese dinero después fue retornado con dinero del Govern. Sin embargo, por ahora se limita a tener sospechas sin encontrar todavía cuál fue el 'modus operandi' aunque sigue buscando cómo se hizo.

"Se desprende que si bien es cierto que los mensajes de las campañas del referéndum han sido costeados por las asociaciones ANC y Òmnium, existe una idea inicial de asumir el gasto total por parte de la Generalitat, por lo que no se descarta que esos gastos hayan sido reembolsados de alguna forma, que hasta la fecha no se ha determinado", sostiene un informe de los agentes encargados de la investigación sobre la organización del 1-O que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, y al que a tenido acceso La Vanguardia.

Para la Guardia Civil es clave un correo electrónico enviado por Josep Ginesta, secretario general del departamento de Trabajo, con la exconsellera Dolors Bassa, bajo el titulo "Acuerdo de Govern de 6 de septiembre de 2017" y enviado el día 7 de ese mismo mes. Según los investigadores, en este correo queda plasmado la intención de asumir el coste del referéndum del 1-O. Así, literalmente habla de la "utilización, en general, de recursos humanos, materiales y tecnologías necesarias para garantizar la adecuada organización y desarrollo del referéndum de autodeterminación de Catalunya, así como de aquellos de los que ya dispone. Las decisiones y actuaciones mencionadas serán tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Govern y asumidas de manera solidaria".

Según analiza el Instituto Armado, la Generalitat, a través de los responsables de los distintos departamentos de su Administración, afirmaron no tener conocimiento de la existencia de ningún gasto relacionado con esa consulta. Sin embargo, recuerda que el Govern aprobó a Ley 19/2017 de 6 de septiembre sobre el referéndum "que se celebró como es sabido el 1-O y en base al articulo 4.4 de esa ley inconstitucional se declaró la independencia".

"Luego puede resultar sorprendente que la Generalitat diga que ese referéndum no supuso coste económico alguno, cuando el Govern ha manifestado reiteradamente que se proclamó la independencia en base al mandato de las urnas que ellos habían puesto", dicen los agentes. Sin embargo -añaden-, "no quiere reconocer los gastos del mismo, sino que pretenden hacer creer que un acontecimiento tan fundamental para los fines independentistas, llegando incluso a poner al margen de la ley, lo dejaran en manos de terceros", sostiene el informe fechado el pasado 14 de marzo.

La Guardia Civil insiste que efectivamente existen datos que corroboran ese gasto por parte de la Generalitat -y que por ahora se ha cuantificado en 1,9 millones de euros- , a pesar de la "opacidad" que ha pretendido dar a lo relativo a ese coste económico. Para los investigadores, el correo de , y el correo de Ginesta "es de una trascendencia significativa, ya que deja claras las intenciones del Govern de afrontar el mismo no solamente en el plano legislativo sino además en la parte económica, como se ha ido poniendo de manifiesto en las diferentes diligencias hasta ahora realizadas para determinar la malversación relacionada con el 1-O".

En este informe, se analizan tres actos de campaña para promocionar el referéndum y que no fueron pagados por la Generalitat. Uno, el del inicio de campaña del Si, celebrado el 14 de septiembre del pasado año en el espacio público Tarraco Arena de Tarragona, y el acto final de Campaña "Hola democracia", celebrado el 29 de septiembre en Montjuic (Barcelona). Además, analiza el acto celebrado el 4 de julio en el Teatro Nacional de Catalunya, donde se ofrecieron todos los detalles del referéndum.

"Se trata de los actos de inicio y clausura del referéndum y que deben ser considerados como verdaderamente actos políticos, como si de unas elecciones normales se tratase, con el objetivo de difundir y alentar la participación ciudadana y sobretodo el voto del sí en ese referéndum ya suspendido por el Tribunal Constitucional", recoge el documento.

Estos actos fueron gestionados y pagos por ANC y Òmnium así como por JxSi. "La participación de ANC obedece a un claro concierto entre partidos y asociaciones con un objetivo estratégico común: alcanzar la independencia de Catalunya constituyendo un estado propio en forma de republica", añade.

Por otro lado, la Guardia Civil sigue haciendo sus pesquisas sobre cómo se gestó la página web referendum.cat. Sospecha que autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat han podido cometer irregularidades y por eso ha solicitado al magistrado que requiera al Departamento de Presidencia para que facilite el expediente de contratación de la web; así como cualquier otro documento que obre en poder de la Generalitat -relacionado con la pagina web- respecto a la contratación y pago de servicios vinculados a la citada página.

Por otro lado, en un documento aportado por el Ministerio de Hacienda queda reflejado e poco entendimiento con la Intervención General de la Generalitat. El Ministerio ha remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona todos los requerimientos realizados a la interventora, dado que tras la aplicación del artículo 155 este organismo depende del departamento de Cristóbal Montoro.

Hacienda reclamó a la Intervención que le aportara todos los datos sobre subvenciones y ayudas desde 2015 hasta la actualidad sobre diversas asociaciones -como ANC, Òmnium, AMI-, empresas de comunicación como Mediapro, y otras entidades. Sin embargo, este organismo respondió que no tenía competencias para recabar esta información.

Según se recoge en una documentación aportada al instructor, y a la que también ha tenido acceso este diario, Hacienda advirtió a la Intervención General que está habilitado para obtener los certificados requeridos. Pero además le reclama -tal y como le requirió a su vez el juez- que le diera información sobre las nóminas al jurista Carles Viver; facturas sobre campañas de publicidad; cualquier pago realizado al empresario Oriol Soler y a Mediapro; así como el pago a diversas empresas tecnológicas y la financiación de diversos informes.

25abr18

La Guardia Civil busca cómo retornó la Generalitat el dinero del 1-O a ANC, Òmnium y JxSí

[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 25abr18]

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