Equipo Nizkor - La Guardia Civil registró Diplocat ante la falta de información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Guardia Civil registró la sede de Diplocat el pasado 12 de abril después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por Alfonso Dastis, no le remitiera la documentación requerida para poder acreditar los gastos realizados desde este organismo catalán para la organización del referéndum del 1 de octubre.

Según se desprende de un informe incorporado en la pieza abierta por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la malversación de caudales públicos, y al que ha tenido acceso La Vanguardia, la Guardia Civil requirió una serie de información a Diplocat para acreditar que se había pagado a observadores internacionales para el 1-O a pesar de estar prohibida su celebración, además de haber abierto una serie de cuentas en el extranjero.

Sin embargo, desde Diplocat -dependiente de la Conselleria de Relaciones Internacionales que dirigía Raül Romeva, actualmente en prisión- se comunicó que tras la aplicación del artículo 155 y el control del organismo por parte del Gobierno central no habían sido comunicados o informados del nombramiento de ningún administrador que pudiera asumir la responsabilidad y contestar los requerimientos de la Guardia Civil.

En ese escrito remitido desde el organismo catalán se relataba que siguiendo instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, el secretario general de Diplocat, Albert Royo, había sido cesado. En él recaía la representación legal del consistorio. "Por tanto, actualmente no hay ninguna persona que asuma la representación legal de Diplocat ni, por consiguiente, que pueda facilitar la información solicitada puesto que el Real Decreto no ha establecido quién asume los derechos y obligaciones pendientes".

Ante esta respuesta, la Guardia Civil mandó una comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación "con la finalidad de determinar la persona que desde el Ministerio había sido nombrada administrador actual de Diplocat y que pudiera dar cumplimiento al oficio entregado en sede de Diplocat".

Sin embargo, a 9 de marzo, fecha del informe, el Departamento de Dastis no había respondido al Instituto Armado, por lo que se solicitó al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O, el registro de la sede de Diplocat para incautarse de toda la documentación que no había sido remitida. Toda la documentación analiza y su informe correspondiente fue a su vez enviado al instructor del Tribunal Supremo para acreditar el delito de malversación de caudales públicos por parte del exGovern.

La Guardia Civil tiene por ahora acreditado que desde distintas Consellerias de la Generalitat se gastó 1,9 millones de euros para preparar el referéndum, a pesar de que no podía celebrarse según los mandatos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Este 'reproche' al Ministerio de Exteriores se suma a lo ocurrido con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien el magistrado Llarena ha tenido que dar un toque de atención y pedirle aclaraciones por decir que no hubo gasto de fondos públicos para la organización del 1-O cuando uno de los delitos que se investiga a los miembros del Govern cesado es precisamente el de malversación de caudales públicos.

En el caso de Diplocat, tras la aplicación del artículo 155 por orden del Ejecutivo de Mariano Rajoy, el organismo catalán quedó sin actividad hasta que la semana pasada por cerrado definitivamente. El Consejo de la Diplomacia Publica de Catalunya (Diplocat) fue creado en 2012 por el entonces presidente del Govern, Artur Mas, con el objetivo de reforzar la imagen exterior de Catalunya y las relaciones internacionales de la Generalitat.

Tras la proclamación de la independencia en el Parlament el 27 de octubre, el Gobierno central aplicó el artículo 155 de la Constitución y una de las medidas adoptadas fue precisamente el cierre de las delegaciones en el extranjero -menos la de Bruselas- y la extinción del organismo diplomático. Desde entonces, un órgano liquidador se ha encargado del proceso hasta su cierre definitivo.

La Guardia Civil sospecha que desde Diplocat se pagaron a observadores internacionales de manera irregular. Sus sospechas comenzaron cuando durante el registro del 20 de septiembre en la Conselleria de Economia, los agentes encontraron un presupuesto para el 1-O, con una comparativa de las elecciones de 2012 y 2015. En el del referéndum aparece una partida para observadores internacionales por 50.000 euros que no aparece en los otros dos, según analizan los investigadores.

"Es decir, se contemplaba en ese documento un gasto nuevo no recogido anteriormente y, por lo determinado hasta la fecha, sí que se han producido gastos para con los observadores, luego se confirma que ese dato no era baladí, sino que atendía a una estrategia predeterminada", recoge el informe.

Tras el análisis de la documentación incautada en el registro de Diplocat el pasado 12 de abril, la Guardia Civil ha encontrado una serie de facturas que efectivamente confirmarían que desde el organismo dependiente de la Conselleria de Romeva se habrían pagado a observadores internacionales, además de que se habrían realizado una serie de transferencias. En total, el gasto por el 1-O desde este Departamento habría ascendido a 170.000 euros

"La Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea, dependiente de la Conselleria d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors, empleó 177.065 euros de fondos públicos para el pago a la institución The Hague Center for Strategic Studies, para que a través de observadores internacionales se verificara el referéndum del 1-O", sostiene el Instituto Armado.

20abr18

La Guardia Civil registró Diplocat ante la falta de información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores

[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 20abr18]

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