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27mar18
Puigdemont presenta un escrito ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del expresidente Carles Puigdemont contra la "vulneración" de sus derechos políticos en España.Según un escrito del comité de la ONU, el comité de las Naciones Unidas aceptó a trámite la demanda el lunes, mientras Puigdemont comparecía ante las autoridades alemanas tras ser detenido el domingo.
La decisión de la ONU se suma al dictamen de la semana pasada sobre el excandidato a la investidura Jordi Sànchez, si bien entonces, además de admitir a trámite la demanda, dictaminó unas medidas cautelares y advirtió a España de que debía garantizar los derechos políticos del también expresidente de la ANC.
Puigdemont presentó su recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado 1 de marzo y la aceptación del mismo ha llegado antes de un mes, si bien el plazo de resolución no se prevé tan temprano teniendo en cuenta que se ha dado seis meses a España para aportar observaciones e información. El expresidente considera que España ha violado parte de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos".
La demanda, titulada 'Puigdemont versus España', defiende concretamente que el Estado ha vulnerado sus obligaciones en tratados de vigencia internacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("PIDCP").
En virtud de estos tratados, Puigdemont reivindica su derecho a presentarse a las elecciones, su "derecho a la libertad de asociación con otros políticos secesionistas y partidos políticos en busca de un objetivo común de conseguir la independencia de España para Catalunya" y su derecho a la libertad de expresión política pacífica de apoyo de la causa de la independencia de Catalunya.
Pero alega que "estos derechos han sido violados por la conducta acumulativa y continuada del Reino de España", ya que fue designado por la mayoría del Parlament de Catalunya para la reelección como presidente, pero las autoridades españolas lo han impedido, según defiende.
También explica que, por todo esto, se ha visto obligado a escoger entre volver a España para ser "sometido a detención arbitraria, permanecer como presidente en el exilio o permitir que un candidato alternativo sea nombrado e investido como presidente".
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un grupo de 18 expertos independientes encargados de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el folleto informativo de la propia ONU, si las quejas que recibe cumplen los requisitos para ser registradas, se incorporan a una lista de casos por tratar y se transmiten al Estado para que haga sus comentarios.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU no ha tomado ninguna decisión sobre la denuncia presentada por el diputado de JxCAT Jordi Sánchez, tan sólo la ha aceptado a trámite y ha pedido al Gobierno que presente su versión de los hechos que se estudian, han explicado fuentes del Ejecutivo. "Por tanto, la admisión de esta comunicación no prejuzga la actuación del Gobierno ni del Poder Judicial, ni determina la adopción de medidas concretas", han subrayado las fuentes, quienes aseguran que "será debidamente respondida" en el plazo establecido de seis meses.
El Ejecutivo ha respondido así a las afirmaciones vertidas ayer por el abogado de Sánchez en las que daba a entender que el Consejo de Derechos Humanos respaldaba su denuncia y daba instrucciones al Gobierno para que tome las medidas necesarias para que Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos.
En respuesta, las fuentes han explicado que el requerimiento del órgano de la ONU se limita a detallar los argumentos planteados por el también expresidente de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC), en prisión preventiva desde el pasado mes de octubre, y concede al Gobierno español seis meses para responder.
El propio Comité de Derechos Humanos ha explicado que el requerimiento y la petición de que el Gobierno español garantice los derechos políticos de Sánchez "no implica que se haya tomado una decisión sobre la sustancia".
[Fuente: La Vanguardia, Agencias, Barcelona, 27mar18]
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