Equipo Nizkor - Los Mossos advierten a Roger Torrent del "giro" violento del 'procés' en Cataluña.

La seguridad ciudadana en Cataluña como prioridad. Los graves enfrentamientos durante la noche del domingo provocaron que el mayor de los Mossos, Ferran López, solicitara un encuentro de urgencia con el presidente del Parlament catalán, Roger Torrent. Los policías autonómicos han detectado que, de nuevo, la calle se ha convertido en el escenario elegido por los independentistas para elevar el tono tras la detención de Carles Puigdemont. "La CUP ha dado por acabado el armisticio", resumía un cargo de los Mossos a EL MUNDO, tras una noche en la que tuvieron que ser atendidos cerca de un centenar de personas, un tercio de agentes policiales.

Por eso, en el encuentro que este lunes mantuvieron Torrent y López, el jefe de los Mossos advirtió ya al presidente del Parlament del "giro" violento que han dado los acontecimientos y, lo que es aún más preocupante, la "vertiente futura" de esta nueva situación.

El jefe de la policía autonómica tomó la iniciativa del encuentro, toda vez que entendió que la noche del domingo había sido un serio aviso en cuanto a la seguridad ciudadana en Cataluña, e interpretó que debía haber un llamamiento institucional a la calma. Y así se lo pidió a Torrent: que desde su posición institucional haga llamamiento a la calma.

Porque, como explican fuentes de la policía autonómica, el temor a los "futuros escenarios" en la calle es enorme. De hecho, durante las últimas jornadas, desde el Ministerio del Interior, los especialistas en protección de personalidades, han analizado la situación de algunas figuras muy representativas en la lucha contra el procés. Y así, el Departamento de Juan Ignacio Zoido ha reforzado la seguridad a altos cargos de la administración de Justicia y del mundo político catalán, fundamentalmente de Ciudadanos y del PP. Así, entre otras personalidades, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa contra Puigdemont, está siendo ya protegido después de recibir amenazas y de que en su segunda residencia, en Cataluña, hayan aparecido pintadas intimidatorias. Como recuerdan estas fuentes, ya en vísperas del 1-O, -y así lo declararon en el Supremo- los mandos de los Mossos se reunieron con Puigdemont, Junqueras y Forn para advertirles de que no podían garantizar la seguridad ciudadana en Cataluña aquel día.

Además, más allá de la protección que reciba Pablo Llarena, la seguridad de los jueces y fiscales en Cataluña empieza a ser un problema para el Estado. El pasado domingo, el Consejo General del Poder Judicial reclamaba protección para los profesionales de la magistratura, precisamente tras las pintadas realizadas por Arran en una casa cercana a la segunda residencia de Llarena en Das, así como los ataques con pintura que habían recibido algunas sedes judiciales. En concreto, tras la detención en Alemania de Carles Puigdemont, los manifestantes independentistas lanzaron pintura contra una docena de juzgados catalanes o pusieron mensajes amenazantes contra jueces y fiscales. Se pudieron ver pintadas en las fachadas de los juzgados de Gerona, Vic, Vendrell, Berga, Manresa, Rubí, Mataró, Granollers e Igualada, así como el Palacio de Justicia de Tarragona. En Barcelona, los Mossos d'Esquadra habían blindado el edificio desde el pasado jueves.

No fue el único incidente registrado contra el Poder Judicial. La Fiscalía Superior de Cataluña investiga a una usuaria de Twitter por posibles amenazas a la esposa de Pablo Llarena por las redes sociales. Emitió un mensaje en el que identificaba con nombre y apellidos a la mujer del juez y su lugar de trabajo en Barcelona, por lo que instaba a difundirlo "para que sepan que a partir de ahora no podrán ir por la calle". También señalaba el municipio de residencia del matrimonio.

Para la Fiscalía, el mensaje podría ser constitutivo de un delito de amenazas o uno de coacciones, ya que del texto "no se desprende sino la intención de provocar intranquilidad de ánimo, inquietud y zozobra en las personas que en el mismo se designan o la de impedirles o dificultarles su libertad de obrar". El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, instaba a los Mossos a identificar a la usuaria y a adoptar medidas para "la protección personal" de la familia de Llarena.

Ante esta situación de acoso, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente rechazaron en un comunicado las "actuaciones orientadas a tratar de influir, presionar o intimidar a los miembros del Poder Judicial o atacar bienes jurídicos públicos o privados en represalia por su actuación". Las entidades de jueces consideran que la libertad de expresión "no puede amparar la descalificación personal ni la deslegitimación de los jueces y magistrados titulares del Poder Judicial" y afirman que las pintadas cerca de la casa de Llarena son "un ataque ya no a la independencia judicial, sino al legítimo desempeño de la función judicial, que excede sobremanera cualquier barrera tolerable y que afecta directamente a la base de nuestra democracia".

Aseguraron que "actuaciones como las ocurridas en dependencias judiciales o en las inmediaciones de la vivienda de un magistrado, en relación con el ejercicio de su función, suponen el desconocimiento de los elementales principios del Estado de derecho, sin perjuicio de sus connotaciones penales".

27mar18

Los Mossos advierten a Roger Torrent del "giro" violento del 'procés' en Cataluña

[Fuente: Por Fernando Lázaro y Germán González, El Mundo, Madrid, 27mar18]

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