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28feb18
El Parlament se sitúa otra vez al borde de la rebelión
Roger Torrent certificó este miércoles su primer acto de desobediencia al Tribunal Constitucional al admitir a trámite dos enmiendas de la CUP que reclaman «reafirmar y reiterar la declaración de independencia» aprobada en la Cámara catalana el pasado 27 de octubre, así como reconocer a Carles Puigdemont como «candidato a la investidura» después de que el Alto Tribunal vetase todas las vías para que fuera reelegido.
Los letrados del Parlament advirtieron oralmente a su presidente de que estaba corriendo el riesgo de contravenir las resoluciones del Constitucional, pero, por primera vez desde que tomó posesión hace poco más de un mes, Torrent desoyó ayer a sus servicios jurídicos y dio luz verde a la tramitación de las iniciativas del partido antisistema.
El presidente republicano de la Cámara había frenado hasta el momento cualquier movimiento que pudiera comprometerlo con la Justicia. Cabe recordar que suspendió el pleno de investidura fijado para el pasado 30 de enero al entender que la reelección a distancia de Puigdemont hubiera implicado desobedecer al Constitucional. Del mismo modo y por el mismo motivo congeló la tramitación de la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat solicitada por Junts per Catalunya para impulsar la investidura telemática.
Sin embargo, Torrent pareció contagiarse del espíritu de su antecesora, Carme Forcadell, a la que tampoco importaron los avisos de los letrados de la Cámara ni los del Constitucional para aprobar las leyes de desconexión en los plenos del 6 y 7 de septiembre ni para permitir la votación de la declaración de independencia el 27 de octubre. Decisiones que provocaron su imputación por desobediencia, sedición y rebelión.
Con el fin de intentar diluir su responsabilidad, Torrent reunió a la Mesa del Parlament de forma extraordinaria, a pesar de que tenía delegadas las atribuciones para aceptar o rechazar enmiendas a las resoluciones que se debatirán en el pleno y, por tanto, podría haber tramitado las iniciativas de la CUP personalmente y sin debate previo ni apoyo.
Finalmente, la admisión a trámite se produjo con los votos a favor de Junts per Catalunya y ERC y la oposición de Ciudadanos y el PSC -el PP no tiene representación. Las fuerzas independentistas hicieron valer su mayoría en el órgano rector de la Cámara, pues cuentan con cuatro de sus siete representantes. Pero las fuerzas constitucionalistas prometen batalla.
Ciudadanos, PSC y PP solicitaron de inmediato a Torrent que reconsidere su decisión, recordando que el Constitucional notificó el pasado 31 de octubre a los miembros de la Mesa del Parlament la suspensión de la declaración de independencia.
En sus alegaciones de reconsideración detallan pormenorizadamente los motivos que conducen a Torrent a la desobediencia. El PSC recuerda en un escrito remitido a la Mesa del Parlament que las enmiendas de la CUP se refieren «de manera muy clara a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, suspendida y anulada por el TC» y buscan «dar continuidad a las leyes de desconexión, también anuladas por el TC». Tanto los socialistas como el PP subrayan que la jurisprudencia del Alto Tribunal ha precisado en diversas ocasiones que las mesas parlamentarias deben «acordar la inadmisión cuando la inconstitucionalidad de la proposición sea palmaria y evidente», algo que, en opinión de ambos ocurre, ante la «pretensión de reiterar una declaración unilateral de independencia».
En paralelo, fuentes del Gobierno aseguraron ayer a este diario que «los servicios jurídicos del Estado están estudiando las responsabilidades en que pudieran incurrir los miembros de la Mesa del Parlament si no reconsideran su posición y finalmente admiten las enmiendas de la CUP por su carácter ilegal y contrario a la Constitución y el Estatut».
El presidente del Parlament argumentó que las advertencias del Alto Tribunal sólo afectaban a Forcadell y los antiguos miembros de la Mesa, pero de todos modos ha convocado otra reunión de la Mesa a las nueve de la mañana, una hora antes de que arranque el pleno, para discutir las peticiones de los constitucionalistas. Ésa será su última oportunidad para rectificar.
Las advertencias del Gobierno y el riesgo de incurrir en un delito al votar las enmiendas de la CUP también hizo reaccionar a los diputados de Junts per Catalunya, que se reunieron por la tarde con los antisistema para tratar de suavizar su propuesta y eliminar las referencias a la declaración unilateral de independencia. De hacerlo, evitarían que el pleno votase la secesión, pero no eximirían a Torrent de su responsabilidad, pues la sola admisión a trámite de las enmiendas ya es un acto jurídico por el que se le podrían pedir responsabilidades.
El presidente del Parlament actúa presionado por la CUP, que el sábado someterá a votación en asamblea su apoyo a la eventual investidura de Jordi Sànchez como relevo de Puigdemont. Los antisistema remitieron ayer un documento a sus bases para explicar el estado de las negociaciones entre Junts per Catalunya y ERC en el que detallan que ya se han definido «las estructuras del Govern en el exilio»: estarán formadas por un Consejo de la República presidido por Puigdemont y una Asamblea de Representantes de la República formada por diputados, concejales y miembros de entidades independentistas, que supervisarán la labor del presidente en el exilio y lo designarán en un acto inicialmente previsto para el lunes.
[Fuente: Por Víctor Mondelo, El Mundo, Madrid, 28feb18]
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