Equipo Nizkor - Las diez pruebas "confidenciales" que convencen al juez de que los secesionistas volverán a delinquir.

El despacho en la Conselleria de Economía del presunto 'cerebro del procés', José María Jové Lladó, albergaba documentación requisada por la Guardia Civil y que ha acabado teniendo gran importancia para la causa, ya que ha ayudado a convencer al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de que los imputados de los partidos independentistas volverán a cometer los delitos de rebelión y sedición.

Este es uno de los motivos por los que Llarena ha incluido en el auto en el que reclama una fianza de 60.000 euros para la 'número dos' de Oriol Junqueras en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, una alusión a los "documentos que reflejan que los investigados previeron y compartieron la resolución de perseverar en sus planes de actuación, por más que se produjera una reacción del Estado del rigor de la que hubo de desplegarse en Cataluña".

Llarena se refiere en concreto al documento 'Enfocats' u hoja de ruta, pero también a "una serie de notas sobre hipotéticas variaciones de la hoja de ruta (FR, full de ruta en catalán", según consta en el 'Informe técnico policial del material intervenido" en el despacho de Jové Lladó en la Conselleria de Economía, situado en la séptima planta del número 19-21 de Rambla Catalunya, a los que ha tenido acceso Vozpópuli.

Esta decena de páginas con notas, que se han convertido en pruebas contra los secesionistas, no están firmadas, pero sí están encabezadas con las palabras: "Confidencial OMIA, martes 10 de mayo 2016". Según la Policía Judicial de la Guardia Civil, OMIA se refiere al acrónimo de la Oficina de Mejora de las Instituciones de Autogobierno, dirigida por Josep Maria Reniu i Vilamala.

Complemento de la 'Moleskine'

Esta documentación es, de facto, un complemento a las anotaciones realizadas por Jové Lladó en su agenda 'Moleskine', que es una de las principales pruebas de cargo contra el 'procés'. En esta decena de folios "se parte de unas consideraciones previas sobre cómo ha de evolucionar la hoja de ruta de la transición hacia la independencia y se plasman dudas acerca de cómo interpretar los resultados de las elecciones de 27 de septiembre de 2015".

Los escritos indican que tanto en la CUP como en CDC (PDECat) se fue gestando la idea de que si bien el mandato democrático permitía desplegar estructuras de Estado, en ningún caso permitía finalizar el proceso con la proclamación de la independencia: "Es decir, se asume que ha sido una victoria imperfecta. Esto genera un conflicto en el sentido de que hasta que no se disponga de una mayoría absoluta de votos no será posible ir más allá en la hoja de ruta", destaca el informe policial.

Para el secesionista que redactó el documento, la línea del 50% de los votos ha provocado "tensiones" en el seno de los independentistas, ya que los menos radicales se podrían situar "en un potencial escenario de acuerdo a la baja con un hipotético Gobierno del Estado proclive a una fórmula similar al blindaje competencial".

Y estas notas también se analizan las posibles futuras "modificaciones que se están planteando en la hoja de ruta inicialmente establecida fruto de un análisis de planificación estratégica y que constituyen un documento abierto y dinámico en función de los cambios en el contexto".

Y los independentistas contemplan, en concreto, cuatro escenarios propuestos por los expertos Carlos Viver, Víctor Cullel y Josep Maria Reniu, y que sirven de posible guía para dirigir la independencia en función de la reacción del Gobierno central.

18 meses para la DUI

El primero de los cuatro posibles escenarios previstos en las anotaciones, y que forman parte de las pruebas que han convencido al juez Llarena de que los imputados podrían seguir en su afán de conseguir la independencia en contra de la ley, es que en 18 meses desde enero de 2016 se convocarían elecciones y se declararía la DUI aprobando las leyes de desconexión. Esta opción es la que finalmente trató de llevar a cabo Carles Puigdemont.

El escenario número dos prevé la creación de estructuras de Estado para la república, para después convocar elecciones, aunque el principal problema que tenía esta opción era que si no se obtenía más del 50% de los votos "o no se aplacan las tensiones entre los actores independentistas el proceso habrá terminado".

Por el contrario, si hubieran logrado más del 50% de los votos unas elecciones, proclamarían la independencia, "que simplemente se habría diferido", resalta el informe policial que alude a las anotaciones descubiertas en el despacho de Jové Lladó.

La tercera modificación de la hoja de ruta prevista por los expertos soberanistas sería la denominada como "doble urna", ya que los partidos independentistas convocarían a la vez unas elecciones y un referéndum, obligando al Estado español a actuar.

Ganar el referéndum

"Si el Estado prohíbe las dos, entonces se declararía la independencia. Si el Estado permite las elecciones pero prohíbe el referéndum reforzaría la independencia. Y si lo tolera podría ser boicoteado y supondría el final del proceso. En el improbable caso de que permitiese la doble urna, si no ganamos el referéndum también supondría el fin del proceso", transcribe el informe de la Guardia Civil.

La cuarta alternativa, denominada 'Reniu', el apellido del director de la Oficina de Mejora de las Instituciones de Autogobierno (OMIA), prevé "un conflicto abierto con el Estado aprobando las leyes de desconexión y convocando inmediatamente elecciones del nuevo Estado independiente. En esta situación, la alternativa de Carlos Viver contempla la suspensión de la entrada en vigor de las leyes hasta que no se logre el 50% de los votos independentistas en las elecciones".

En el documento 'Enfocats' u hoja de ruta de Jové Lladó, en la página 41 se habla de una buena gestión del calendario para lograr la independencia. Y en el mismo se alude a unas elecciones celebradas en 2018, y posteriormente, antes de 2022, "convocar unas elecciones cuando se prevea una mayoría clara de independentistas en el Parlament", para que el nuevo Gobierno proclame la independencia.

Estas previsiones u opciones previstas en el complemento de la 'hoja de ruta' han reforzado la opinión del juez Llarena de que los imputados podrían perseverar en su determinación de conseguir la independencia, por lo que mantiene en prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

22feb18

Las diez pruebas "confidenciales" que convencen al juez de que los secesionistas volverán a delinquir

[Fuente: Por Tono Calleja, Vozpópuli, Madrid, 22feb18]

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