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21feb18
El juez da 10 días a Rovira para pagar la fianza de 60.000 euros y le atribuye un papel 'decisorio'
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado un plazo de diez días a la exsecretaria de ERC Marta Rovira para que deposite la fianza de 60.000 euros que le impuso el pasado lunes para eludir la prisión tras declarar como investigada por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el 'procés' de independencia de Cataluña.
El juez argumenta su decisión en un auto en el que destaca la capacidad "decisoria" de la número dos de Esquerra en la concepción del 'procés' y en la organización del referéndum ilegal, como lo demuestra su participación en las reuniones del comité estratégico que aplicó la hoja de ruta hasta llegar a la declaración unilateral de independencia. Todo ello se ha conocido gracias a intervenciones telefónicas, al documento EnfoCats y a la agenda de Josep María Jové, la mano derecha del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras.
No obstante, el juez ha evitado la prisión provisional para ella porque no aprecia riesgo de fuga por su arraigo y "por su comportamiento en los últimos meses, que no ofrece ningún atisbo de posible ocultación".
En el mismo auto el magistrado ordena la libertad provisional para Artur Mas "con independencia de cuál sea la dimensión penal que alcance su intervención en las distintas reuniones en las que se debatieron y concretaron algunos de los elementos esenciales de la estrategia que se adoptó para buscar la independencia". El auto dice que "ni la manera en que el investigado se ha enfrentado a sus responsabilidades judiciales hasta la fecha, ni la nula detentación de responsabilidades que ahora presenta, en lo que hace referencia al riesgo de reiteración delictiva, justificarían una medida de prisión provisional".
Es decir, el juez Llarena otorga mucho más peso a la responsabilidad política de Rovira que a la del expresidente de la Generalitat. De hecho, especifica que en la agenda de Jové "se refleja la participación de la investigada en diversas reuniones totalmente ajenas a su portavocía parlamentaria". Se trata, dice el juez, de "unas reuniones en cuyo seno se debatía la mejor estrategia que debía seguirse para lograr la independencia".
A estos indicios de responsabilidad penal el magistrado suma que Rovira "impulsó personalmente" la ley del referéndum y la de transitoriedad política y la fundación de una república catalana "cuando su prohibición por el Tribunal Constitucional era notoria". Todo ello sucedió en el famoso pleno del Parlament del 6 y el 7 de septiembre, cuando el frente secesionista impuso la aprobación de las leyes de ruptura por la vía de urgencia, sin escuchar a la oposición, a los letrados del propio Parlament y al Consell de Garanties Estatutaries. En los dos último casos, se emitieron informes no vinculantes pero claramente contrarios a las pretensiones de Junt pel Sí y la CUP.
"Y por último, entre las evidencias más marcadas, las indagaciones recogen diversas conversaciones telefónicas en las que se aprecia que la investigada participaba, con una clara capacidad decisoria, en la organización y provisión de los centros de votación en los que pretendía celebrarse el referéndum ilegal que debía conducir a la declaración de independencia", concluye el auto del juez Llarena.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 21feb18]
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