Equipo Nizkor - JxCAT, ERC y la CUP pactaron una Asamblea Constituyente antes de la investidura.

Mientras Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC aseguran que no hay acuerdo todavía ni para un candidato alternativo a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat ni un pacto de gobierno para tirar adelante una legislatura, el otro socio independentista, la CUP, asegura todo lo contrario. En una comunicación interna fechada el 30 de enero de 2018, la organización anticapitalista asegura que ya tiene trabados determinados pactos. "Este acuerdo que rubricamos para la investidura del 'president' Puigdemont anticipa una forma de dialogar y trabajar para hacer posible los retos republicanos que la sociedad catalana se plantea. Y hacemos públicos los acuerdos siguientes con la voluntad de cumplir con el mandato popular expresado en las urnas".

Después del 23 de enero, hubo intensas negociaciones bilaterales entre las tres fuerzas políticas independentistas, pero a partir del 26, las reuniones se hicieron ya con las tres organizaciones sentadas a la mesa. "El contenido de los acuerdos que recoge el presente documento no es ni el programa político ni la acción de gobierno exclusiva de los firmantes, sino que expresa aquellas cuestiones sobre las cuales se ha llegado a un acuerdo", advierte el documento para zanjar dudas sobre su naturaleza.

La primera medida que habían discutido con JxCAT y ERC, según este documento, es la creación de una Asamblea Constituyente Provisional a partir del día siguiente al que se pueda formar Gobierno de la Generalitat. La constitución de esta asamblea es la primera acción del impulso al proceso constituyente que reclaman los anticapitalistas.

Dicha asamblea se articula alrededor de un Fòrum Social Constituyente y estará dotada "de un órgano técnico que garantice metodológicamente el impulso de un debate ciudadano rico desde la base y vinculante, y de un grupo de expertos en procesos constituyentes que la pueden asesorar".

La concienciación de la población se comenzaría a hacer desde los ayuntamientos, "que impulsarán debates constituyentes promoviendo la participación de la sociedad civil y facilitando los recursos y espacios propios necesarios para el desarrollo correcto del debate". La estrategia contempla la creación de una plataforma promotora, a la que se llamaría Pacto Nacional por el Proceso Constituyente, que luego daría paso al Foro Social Constituyente, "con la misión de sistematizar las propuestas emanadas de la participación popular y someterlas a una consulta democrática en forma de multirreferéndum". Esta consulta será vinculante.

El documento de la CUP advierte que el proceso constituyente "se desarrollará en un contexto en el que el Estado español y sus aliados seguirán jugando la carta de querer dividir a la sociedad catalana".

Medidas concretas a tomar

El segundo punto del pacto apunta a la "internacionalización de la República" y el tercero hace referencia a la "construcción nacional de los Països Catalans". El cuarto, reclama el "control público y soberanía de las infraestructuras estratégicas. Recuperación de Aigües Ter-Llobregat [la empresa privatizada por Artur Mas] para gestionarla de forma pública, transparente, participativa y democrática".

El quinto punto señala que no se pueden renovar "los conciertos de las escuelas e institutos que segregan por cuestión de sexo". El sexto, prevé la aplicación de un plan de choque contra la violencia machista, así como la introducción de cláusulas sociales de género en la contratación pública, subvenciones y convenios, la igualdad salarial entre hombres y mujeres o la modificación del reglamento del Parlament para establecer cuotas de paridad en todos los ámbitos y cargos de decisión política.

Hasta ahora, los distintos interlocutores independentistas habían admitido que solo habían llegado a acuerdos en la reversión de la privatización de Aigües Ter-Llobregat y en retirar las subvenciones a los colegios que segregan por sexo. Pero la lista de los pactos que enumera la CUP es sensiblemente más larga y, por si fuera poco, algunos puntos pueden acarrear problemas legales, como el caso de la puesta en marcha de impuestos que han sido anulados por el Tribunal Constitucional (ponerlas de nuevo en vigor implicaría desobedecer al alto tribunal) o la formación de órganos como la Asamblea Constituyente.

La CUP quiere forzar también "la retirada inmediata de la Generalitat como acusación particular de los casos derivados de la lucha contra la línea de muy alta tensión [que supondría la conexión eléctrica con Francia para evitar un gran apagón en la costa catalana] y la protesta en la Universidad de Girona [que tuvo lugar en 2011, en la que hubo varios encausados]".

Mayores penas por delitos económicos

Los radicales abogan, asimismo, por un plan de choque contra la corrupción, aumentando "el control en la contratación pública, el impulso de los buzones éticos e incentivación de la figura del denunciante anónimo o confidencial" y el fortalecimiento de la Sindicatura de Cuentas y de la Oficina Antifraude. Asimismo, pusieron encima de la mesa el incremento de recursos humanos y tecnológicos de la Agencia Tributaria Catalana. Asimismo, reclaman limitar o eliminar "los indultos por casos de corrupción", el endurecimiento del Código Penal para delitos por fraude fiscal, el alargamiento de la prescripción de los delitos económicos, la recuperación de los impuestos del cambio climático y la rebaja del 30% de las tasas universitarias, entre otras cuestiones.

Los anticapitalistas admiten que "si bien los acuerdos no son el programa de la CUP, nos encontrarán en la defensa de su efectividad y en la denuncia del retraso en su efectividad". Pero, de momento, son los pactos a que han llegado con JxCAT y ERC, aunque estas dos formaciones mantienen sobre el tema un absoluto mutismo.

02feb18

JxCAT, ERC y la CUP pactaron una Asamblea Constituyente antes de la investidura

[Fuente: Por Antonio Fernández, El Confidencial, Madrid, 02feb18]

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