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18ene18
El Gobierno dice que el voto delegado de los presos ha quedado extinguido
El Gobierno valoró ayer a través de portavoces autorizados el discurso del nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, con precaución positiva. "No ha empeorado las cosas", explicaron desde La Moncloa, aunque también precisaron que ello no garantiza por el momento una vuelta a la normalidad.
El Ejecutivo sigue al minuto cada paso, cada acontecimiento y sobre todo cada nuevo acto administrativo o jurídico de la nueva Cámara catalana para reaccionar con recursos e impugnaciones inmediatas. Las alertas están todas encendidas y los informes preparados, pero la cautela se impondrá para no dar ningún paso en falso.
Por el momento, los servicios jurídicos del Estado ya advierten de que el derecho al voto delegado que ejercieron ayer los tres electos que se encuentran en prisión -Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez- para elegir a los miembros de la Mesa del Parlament ha quedado extinguido. Si desean votar por delegación en la sesión de investidura que debe celebrarse el próximo día 31, deben solicitarlo de nuevo ante el juez Llanera, pero la decisión final la tomará la nueva Mesa, presidida por Roger Torrent.
Esto es así porque el permiso para ejercer dicho voto por delegación lo dio la Mesa de Edad, un órgano parlamentario circunstancial que ya no existe. Su decisión fue pues coyuntural y no sienta precedente. Ahora la nueva autorización corresponde a la Mesa definitiva del Parlament, elegida ayer y con mayoría independentista.
En el Gobierno se respira un nuevo clima de tranquilidad no exento de prevención. Las fuentes consultadas dan por seguro que en ningún caso el fugado Carles Puigdemont será de nuevo investido presidente de la Generalitat. Más aún, insisten en que las propias fuerzas secesionistas -JxCat, ERC y CUP- son conscientes de ello y únicamente mantienen en pie su candidatura por un afán "propagandístico".
Recalcan una vez más que la investidura telemática o mediante persona interpuesta no es en ningún caso posible y puntualizan que si bien la Mesa del Parlament es soberana tal y como recuerdan los independentistas, no es menos cierto que esa soberanía debe ejercerse siempre dentro del marco de la legalidad que establece el Estatuto, el Reglamento de la Cámara y la ley del Gobierno de Cataluña.
Todo ello reforzado por los informes jurídicos que ya han hecho públicos los propios letrados del Parlament. El Gobierno insiste en que cualquier intento de proceder a una investidura no presencial sería objeto de recurso inmediato ante el Tribunal Constitucional. Para ello sería necesario el informe previo del Consejo de Estado y la autorización para la presentación del mismo en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo cree que antes de adentrarse en una nueva senda de confrontación con el Estado y con la propia Ley, el órgano rector de la nueva Cámara catalana, pese a estar dominado por el independentismo, se lo pensará dos veces. Y es que finalmente, en opinión de esas mismas fuentes, el dilema que se plantea ahora en Cataluña es el de formar un Govern con un presidente sin cargas judiciales que pueda gestionar y negociar o empantanarse en el cometido imposible de satisfacer exclusivamente las aspiraciones de Carles Puigdemont.
[Fuente: Por Marisa Cruz, El Mundo, Madrid, 18ene18]
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