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27dic17
El juez ordena a un chatarrero destruir y reciclar todo el material electoral del 1-O
El material electoral impreso para el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, confiscado por la Policía Judicial, se encuentra en estos momentos en manos de un chatarrero barcelonés por orden del juez. El magistrado que investiga la preparación de la consulta ha encargado a un "recuperador de papel, chatarra y plástico" del polígono industrial de la localidad de El Papiol (Barcelona) que destruya todo el material electoral intervenido y que proceda a su inmediato reciclaje.
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha entregado la totalidad de lo incautado en las empresas registradas en vísperas de la celebración del referéndum, entre las que se encuentra, por ejemplo, Artes Gráficas Batlle, S.L, al chatarrero Joaquim Borrás. Hasta su empresa han ido a parar, entre otros materiales confiscados, 64.000 carteles publicitarios de propaganda del referéndum del 1-O.
Este empresario ha firmado un certificado ante la Guardia Civil conforme le ha sido entregada la mercancía en la Comandancia de Sant Andreu de la Barca. En él se compromete a la "total destrucción" de la propaganda electoral "así como a su último fin, que es el reciclaje".
Tal y como reveló EL MUNDO hace unos días, la Justicia ha acreditado ya en diversos juzgados catalanes que los independentistas imprimieron todo el material para la consulta en pleno mes de agosto, semanas antes de que el ex president Carles Puigdemont convocara oficialmente el referéndum. La Policía Judicial ha logrado acreditar cómo algunas empresas gráficas realizaron la entrega del material durante los primeros días de septiembre. Concretamente, los miles de impresos que fueron posteriormente empleados en las mesas electorales por parte de los vocales y de los interventores.
La Guardia Civil ha puesto de manifiesto en sus informes la connivencia entre estas empresas impresoras y el Gobierno catalán, que les facilitó información privilegiada de la consulta del 1-O con antelación a su publicación en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. El objetivo pasaba por que el anuncio de la consulta se produjera con todo el material ya listo y dificultar así su incautación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Asimismo, se investiga cómo se han sufragado estos trabajos y la Fiscalía ya apunta a "negocios jurídicos simulados". Es decir, a la utilización de empresas pantalla como el semanario independentista El Vallenc que, a cambio de publicidad institucional, se prestaron a encargar, abonar e incluso a recoger los trabajos gráficos.
Pese a los intentos de los secesionistas por burlar la acción de la Justicia, la Guardia Civil consiguió requisar buena parte del material que iba a ser empleado durante el 1-O, que ha sido ya trasladado a recicladores como el referido anteriormente. Los investigadores acusan ya a las imprentas que colaboraron con la consulta ilegal de cooperadores en delitos como los de desobediencia, prevaricación o malversación de caudales públicos.
[Fuente: Por Esteban Urreiztieta, El Mundo, Madrid, 27dic17]
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