Equipo Nizkor - La justicia desmenuza el proceso.

La investigación de los hechos relativos al referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI) no ha hecho más que empezar. El Tribunal Supremo (TS) intentará llegar a juicio antes de verano, pero no será fácil. Se quería evitar un macroproceso y ya son 28 los imputados, de los cuales 19 parlamentarios electos el 21-D, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Unas circunstancias que darán un sesgo muy particular, insólito, a la legislatura. Pese a que el procedimiento se halla en sus primeros pasos, el terreno de juego procesal está ya muy definido.

Tanto los jueces como los fiscales que han intervenido en el asunto desde la interposición de las querellas de la Fiscalía General del Estado han actuado de acuerdo con una misma pauta y en función de una misma tesis. Se trata de demostrar que en Catalunya se ha producido a lo largo de los últimos dos años la gestación de un delito de rebelión, consumado con los dos episodios mencionados, el de la consulta -declarada ilegal por el Tribunal Constitucional (TC)- y el de la declaración de independencia con la paralela proclamación de la república catalana.

Las querellas no se presentaron hasta que se produjo la DUI. Pero desde antes existía una investigación, llevada a cabo principalmente por la Guardia Civil. En esa primera fase fue clave la labor del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, por cuyas órdenes se llevó a cabo el registro de la Conselleria d'Economia los días 20 y 21 de septiembre pasado.

Aquella concentración masiva -en la que tuvieron un protagonismo especial el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y de Òmnium respectivamente- encendió todas las alarmas en el Gobierno y en la Fiscalía General del Estado. Las querellas por sedición -contra Trapero y contra 'los Jordis'- y por rebelión -contra los miembros del Govern- se prepararon en la Fiscalía del Estado a raíz de la citada concentración.

La importancia de la labor previa del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona -y de la desarrollada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que dio orden de impedir las votaciones del 1-O-, reside en que ha permitido alimentar con datos presuntamente relevantes las tesis acusatorias de las citadas querellas. Entre ellos, los procedentes de grabaciones telefónicas debidamente autorizadas. Pero la existencia de aforados entre los querellados -y, en el fondo, la calificación de los hechos del 1-O y de la DUI como delitos de sedición y rebelión- ha determinado que el papel clave lo haya asumido el Tribunal Supremo (TS), al que corresponde ahora el grueso de la investigación.

La Audiencia Nacional fue la primera instancia judicial en intervenir contra los miembros del Govern, para los que ordenó prisión incondicional. Pero ha ido perdiendo progresivamente competencias en el asunto, en favor del juez del Supremo Pablo Llarena, nombrado instructor de la investigación por la Sala Penal de dicho Alto Tribunal. La Audiencia se ha quedado con aspectos secundarios de la investigación, de hecho en funciones auxiliares del TS.

Prácticamente todo el caso 1-O está ahora en manos de Llarena, miembro de la mencionada Sala Penal del Supremo, que es la que deberá juzgar en su día los hechos y la que dictará sentencia. Esta concentración de competencias ha resultado aún más evidente en los últimos días, a raíz de la petición de la Fiscalía para que sea el Supremo la instancia que se ocupe de investigar la conducta de Trapero, cuyo caso seguía hasta ahora en manos de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la que dictó la orden de prisión incondicional contra todos los exconsellers, el pasado 2 de noviembre, después de haber enviado a la cárcel a 'los Jordis' dos semanas antes, el 16 de octubre.

La Fiscalía no quiere sólo la incorporación de Trapero como imputado ante el Supremo, sino también otra que considera esencial para el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades a los dirigentes políticos y sociales a los que acusa de la confección y desarrollo de toda la estrategia del proceso de ruptura con España. Esta segunda imputación es la relativa a Josep Maria Jové, exnúmero dos del exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras. La Fiscalía del Estado le da una singular relevancia porque en poder de Jové se halló el ya célebre documento EnfoCats, que los investigadores consideran como una prueba clave, una especie de manual de la rebelión.

Sin duda, la declaración de Jové tendrá en su día mucha importancia, porque puede servir para confirmar o debilitar las tesis acusatorias. Cabe mencionar, en este sentido, que la práctica totalidad de los recursos realizados por las defensas de los exconsellers, primero ante la Audiencia y luego ante el Supremo, han cuestionado la relevancia del documento EnfoCats, afirmando que los exmiembros del Govern no tenían ni la menor idea de su existencia. Su tesis es que mal podían haber orientado sus pasos hacia la independencia guiándose por un proyecto estratégico que desconocían.

Un segundo documento, sin embargo, vino a complicar las cosas para los investigados. Se trata de la agenda del propio Jové, la ya famosa libreta Moleskine. Los informes y atestados de la Guardia Civil le dan un gran valor porque sus anotaciones ya no constituyen reflexiones más o menos teóricas sobre cómo organizar el camino hacia la independencia y cómo dar los pasos irreversibles necesarios para alcanzarla. Aquí los apuntes manuscritos son sobre personas, reuniones, intervenciones y proyectos o acuerdos concretos.

Ha sido la agenda de Jové, junto al último atestado de la Guardia Civil -que le da el valor de documento acreditativo de que la hoja de ruta de EnfoCats se iba cumpliendo-, y el conocimiento detallado de las investigaciones previas del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, lo que llevó a la Fiscalía a pedir el pasado día 22 que el Supremo incluya en su investigación al propio ex número dos de Junqueras y a Trapero. Poco antes de formular esta petición, dos fiscales del Supremo -Javier Zaragoza y Fidel Cadena- se desplazaron a Barcelona para estudiar el material reunido por dicho juzgado de instrucción. En paralelo, el juez Llarena acordó también el día 22 seis nuevas imputaciones, las de Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel, Mireia Boya, Marta Pascal y Neus Lloveras, por su papel en la dirección del proceso.

Los siguientes pasos serán la vista a puerta cerrada del recurso de Junqueras contra su encarcelamiento -fijada para el próximo 4 de enero- y la declaración pedida por Forn y 'los Jordis' ante Llarena para entrar en el fondo de los hechos, interrogatorio fijado para el día 11 del mismo mes. Durante el mes de enero, por otra parte, podría producirse otra decisión de la mayor relevancia, la del Tribunal Constitucional (TC) sobre la admisión o no a trámite del recurso de Podemos contra la aplicación del 155. Este asunto ya no pertenece al ámbito penal, sino al de la justicia constitucional, pero puede tener una gran importancia por su propia naturaleza y, sobre todo, si el Constitucional llegara a poner algún reparo al camino seguido para la intervención de la autonomía de Catalunya y a las medidas que ha supuesto, entre ellas la disolución del Parlament por parte del presidente del Gobierno.

25dic17

La justicia desmenuza el proceso

[Fuente: Por José María Brunet, La Vanguardia, Barcelona, 25dic17]

Información
Tienda \| Donaciones online Derechos \| Equipo Nizkor