Equipo Nizkor - ERC propone reconvertir los consejos comarcales de Pujol en oficinas de Hacienda Catalana.

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27may13

ERC propone reconvertir los consejos comarcales de Pujol en oficinas de Hacienda Catalana

Los polémicos consejos comarcales, creados hace tres décadas por Jordi Pujol para contrarrestar el poder municipal de los socialistas, que copaban la mayoría de las alcaldías catalanas, tienen también una larga y fecunda vida por delante si Cataluña se independiza de España: ERC quiere reconvertirlos en las oficinas de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), complementando las 53 oficinas que actualmente tiene la Hacienda española en esta comunidad y que pasarían también a manos de la ATC aún en el supuesto de que con la ley en la mano no pudiese hacerlo.
Esta semana, el diputado de CiU y alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla, defendía en el Parlamento catalán el papel de los consejos comarcales. Ante una proposición de ley del PP que pedía su adelgazamiento, al considerarlos una estructura más destinada a mantener cargos políticos, Batalla desmintió que los 600 millones de euros que manejan anualmente estos organismos sean un despilfarro. El 96% de este dinero, adujo, "va destinado a servicios finalistas. Si se eliminasen, este 96% lo habría de gestionar algún otro. ¿O qué haríamos, que la gente se quedase sin atención domiciliaria o servicios sociales?".
El diputado convergente defendió con vehemencia la continuidad de los consejos previendo incluso una "evolución" para dar más peso político al consejo de alcaldes con el fin de buscar "una mayor representatividad".
Pero sus socios republicanos ya tienen un mejor destino para los consejos comarcales: "Es preciso que la Generalitat recupere las competencias de gestión tributaria que actualmente tiene cedidas a los registradores de la propiedad. Para aprovechar los recursos y eliminar los costes de implementación, la ATC podría aprovechar el despliegue territorial de los consejos comarcales, que asumirían competencias territoriales de la ATC en materia de tributos. Al mismo tiempo, es preciso profundizar en el despliegue del convenio marco entre la ATC y las diputaciones provinciales en materia tributaria, constituir un consorcio para el ejercicio de las competencias tributarias en materia de tributos locales y avanzar en la integración de ambas redes territoriales (consejos comarcales y diputaciones) para garantizar una buena cobertura territorial y evitar duplicidades".
Esto sería una primera fase para crear las estructuras del fisco catalán. En la segunda fase, y "de forma previa a la asunción de competencias sobre la totalidad de los tributos de Cataluña, la Generalitat, mediante la ATC, y el Estado, mediante la AEAT, han de constituir el consorcio previsto en el artículo 204.1 del Estatuto. Este organismo asumiría temporalmente todas las competencias tributarias en Cataluña y se convertiría en la Administración Tributaria única. Esta segunda fase presupone una predisposición del Estado a desplegar el actual margen legal que otorga el Estatuto, un supuesto más que discutible en pleno proceso de secesión.
Alternativamente, parecería más razonable que la ATC asumiese progresivamente las funciones recaudatorias del conjunto de impuestos estatales, incluso aunque sean legalmente impropias, para acumular experiencia y el conjunto de datos fiscales de los contribuyentes para poder completar la última fase". Esa última fase culminaría con la creación de una agencia fiscal única, desligada totalmente de la Hacienda española.
Una Seguridad Social 'autosuficiente'
El último gran eje de la administración catalana sería la asunción de todas las gestiones relacionadas con la Seguridad Social. "Una Cataluña independiente podrá pagar todas las prestaciones de la Seguridad Social (pensiones, paro, etcétera). Para fundamentar esta afirmación, se han de compatibilizar todos los ingresos y todos los gastos del sistema de la Seguridad Social, entre los que se incluyen la Tesorería General de la Seguridad Social y sus entidades gestoras, los organismos autónomos que gestionan prestaciones sociales, como el que gestiona la prestación por desempleo, y las mutuas, como la Muface, de los funcionarios del Estado".
Para Esquerra, el déficit de la Seguridad Social en Cataluña es "mucho más reducido que el del resto del Estado". Y ofrece tablas estadísticas: la media catalana del déficit se situó en 2009-2010 en 450 euros por habitante, mientras que en el resto de España era de 1.217 euros. "En conclusión -señala la ponencia-, los ciudadanos catalanes pueden estar tranquilos, porque una futura Cataluña independiente podrá pagar sus pensiones y el paro. Más bien, de los datos aquí ofrecidos lo que se desprende es que no lo podrán cobrar si continuamos mucho tiempo más formando parte del Estado español".
Reconoce, no obstante, que "una cuestión diferente es la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, que depende en gran manera de variables de carácter demográfico y, por tanto, el sistema de reparto que tenemos implica que la población que trabaja (cotizantes) ha de pagar las pensiones de cada vez más jubilados". Nada comenta, sin embargo, del hecho de que los cotizantes catalanes no llegan a los tres millones, mientras que hay casi 1.200.000 pensionistas y unos 900.000 parados en la comunidad, cifras que harían inviable un sistema propio de pensiones y de prestación de paro con sólo las cotizaciones de los asalariados.
De todos modos, ERC establece un proceso de traspaso de la Seguridad Social que ha de tener en cuenta que es preciso garantizar los derechos de los cotizantes y el equilibrio de tesorería de la Seguridad Social. Pero para garantizar este equilibrio "es imprescindible negociar la segregación del fondo de reserva de la Seguridad Social y asegurar un sistema de cobro de las cotizaciones sociales desde el mismo momento de la secesión. Este cobro, transitoriamente y hasta que no se desarrolle un sistema de gestión de tesorería propio de la Seguridad Social catalana, se podría hacer efectivo mediante las estructuras de gestión de la Agencia Tributaria Catalana, que asumiría transitoriamente el registro de cotizantes".
[Fuente: Por Antonio Fernández, Barcelona, El Confidencial, Madrid, 27may13]

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