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09nov17
Forcadell se desmarca del Govern: acata el 155 y dice que la declaración de independencia fue simbólica
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los dos miembros de la Mesa que han declarado hasta el momento ante el juez del Supremo Pablo Llarena -Lluis Corominas y Lluis Guinó- han acatado la aplicación del artículo 155 en Cataluña y han dicho que la declaración de independencia del 27-O tenía "carácter simbólico". Lo significativo de su interrogatorio ha sido, además, que han respondido a las preguntas de la Fiscalía, en contra de lo que hicieron los miembros del Govern que están en prisión por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Y el caso es que Forcadell ha girado 180º respecto al Govern y le ha roto el discurso a Carles Puigdemont. Además de desmarcarse de la estrategia soberanista y aceptar la autoridad del Tribunal Supremo, ha defendido que la votación por la independencia de Catalunya aprobada el pasado 27 de septiembre era algo meramente declarativo y simbólico, que no tiene ningún tipo de efectos jurídicos.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Forcadell ha sostenido que siempre permitió el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y que se desarrollara con toal libetad. Asimismo ha afirmado que evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlament, de la legalidad internacional y de los principios del Estado Democrático. También ha defendido que el Tribunal Constitucional no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que en todo caso lo debe hacer a posteriori.
En relación con la violencia que se supone al delito de rebelión, Forcadell ha explicado que siempre ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos y que "la vía pacífica es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos".
Si el cambio de estrategia ha sido inducido o no, solo lo saben las partes implicadas pero el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, siempre tan locuaz, apuntó esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría contra los investigados por el Supremo dependerían de su declaración. Respecto a la prisión provisional para los exconsellers del Govern, sugirió que si hubieran acatado la Constitución y el 155 "a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado".
Fuentes de la Fiscalía habían adelantado este jueves la posible petición de medidas cautelares para Forcadell, sin precisar si se llegaría a la solicitud de prisión provisional. Al final, la presidenta del Parlament, en cuyo interrogatorio han participado la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal de sala Fidel Cadena, ha optado por la 'vía Santi Vila', el único exconsejero al que la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional impuso prisión eludible con una fianza de 50.000 euros por haber colaborado con la justicia, además de que dimitió un día antes de que el Parlament aprobara la Declaración Unilateral de Independencia.
Por otra parte, la hipótesis de Forcadell saliendo del Supremo en un furgón policial hacia alguna prisión de la Comunidad de Madrid es vista con preocupación por el Gobierno, tras la repercusión mediática que el discurso victimista del independentismo, cebado desde Bruselas por Carles Puigdemont, está teniendo en los medios internacionales.
Además, el encarcelamiento de una líder soberanista tan destacada como la presidenta del Parlament podría tener otra consecuencia no deseada: el reagrupamiento de los partidos que defienden la independencia en una candidatura única de cara a las elecciones del 21 de diciembre. Hasta ahora, eso no ha sido posible por la resistencia de ERC, que tiene grandes expectativas de ser la fuerza ganadora. Pero con Forcadell en prisión, no cabe duda de que esa negativa a la lista unitaria empezaría a resquebrajarse.
El cuadro se completa con unas significativas declaraciones realizadas este mismo jueves por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien además es juez de carrera. Zoido ha defendido la independencia de los jueces a la hora de decidir, pero ha añadido que el juez Llarena debe tener en cuenta "primero la ley" y posteriormente el "contexto" y los hechos que influyen "en el entorno". Se trata de la primera y más clara alusión de un miembro del Ejecutivo a los problemas que está generando el encarcelamiento de buena parte del Govern.
Tras la declaración de Forcadell, y antes de retomar los interrogatorios con Lluìs Corominas, exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament y expresidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí, no se ha celebrado ninguna vistilla en la que la Fiscalía pueda pedir medidas cautelares para la imputada. Lo previsible es que las vistillas tengan lugar una vez que finalicen todos los interrogatorios que, de proseguir con el mismo ritmo que el de la presidenta del Parlament, podrían prolongarse hasta la noche. Las declaraciones de los seis miembros se las reparten, por parejas, cuatro fiscales, que son, además de Madrigal y Cadena, el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y Jaime Moreno.
El interrogatorio de Corominas, no obstante, ha durado mucho menos que el de Forcadell. Ha finalizado tras una hora y ha comenzado el de Lluís Guinó, exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament y diputado de Junts pel Sí.
Gran expectación a las puertas del Supremo
Media hora antes de la hora a la que están citados, las nueve y media de la mañana, todos los investigados han llegado juntos para declarar ante el juez Pablo Llarena. Lo han hecho ante alrededor de un centenar de periodistas que les esperaban a las puertas del Supremo y de un grupo de diputados y senadores que han acudido a apoyarlos.
A su llegada se han oído gritos de un grupo de personas con banderas españolas coreando "fascistas a prisión", "Puigdemont a prisión" y "no nos engañan, Cataluña es España". Esas personas han sido posteriormente desalojadas por la Policía, en tanto que otro grupo apoyaba a los investigados con ánimos y gritos de "no estáis solos" y un tercero -con una bandera republicana- expresaba el apoyo de Madrid al "pueblo catalán".
El pasado día 2, Llarena concedió a Forcadell, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet una semana para preparar su defensa y les impuso vigilancia policial como medida cautelar, en contraste con la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Todos ellos comparecen desde las 9.30 horas de este jueves como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos de los que la Fiscalía les considera responsables.
Dentro del Ministerio Público del alto tribunal hay criterios distintos, si bien lo más probable es que la petición de medidas cautelares no se aleje demasiado de la prisión preventiva que la Fiscalía solicitó en la Audiencia Nacional para los exmiembros del Govern. Al menos para algunos de los investigados, pues al secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet (CSQP), se le acusa en la querella del fiscal de votar a favor de la tramitación de la declaración cuando en realidad lo hizo en contra.
Pero además de por las medidas cautelares, el juez podrá valorar la importancia de la segunda cuestión que debe dilucidarse en este proceso, aunque esa no tiene por qué resolverse de manera inmediata. Es decir, la posibilidad de que el Tribunal Supremo reclame para sí parte o todo este caso, lo que además de las acusaciones por desobediencia al Constitucional y delitos conexos presentadas contra Forcadell y otros miembros de la Mesa ante el TSJC podría incluso afectar a la causa abierta en la Audiencia Nacional que ha llevado a prisión a políticos catalanes en vísperas de la campaña electoral para el 21D en Cataluña.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 09nov17]
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