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08nov17


La Audiencia Nacional sostiene que los Jordis persistieron "en una contumaz actitud de rebeldía que no es tolerable"


La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión de los presidentes de las asociaciones ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por su persistente comportamiento de rebeldía para conseguir la declaración de independencia fuera de las vías legales.

Según el auto firmado por cinco magistrados, con el voto en contra de uno de ellos, en las concentraciones del 20 de septiembre contra los registros judiciales de la Guardia Civil ante la Conselleria de Economía, "forma parte de un comportamiento, bien manifestado mediante el empleo de una "vis física", bien de una "vis moralis", o bien el fraude de ley, que está siempre encaminado a consolidar y justificar el incumplimiento de la ley, que pretende ampararse en una [falsa] ley [por eso] suspendida y/o anulada, en cualquier caso, carente de efecto jurídico alguno".

Para los magistrados, los investigados dieron por vigente esa ley "para seguir persistiendo en una contumaz actitud de rebeldía que no es tolerable". A partir de esto, el tribunal señala que se podrá continuar insistiendo en la "dinámica manipuladora de descontextualizar los hechos, que no podrá evitar este Tribunal, pero, que así sea, no debe llevar aparejado que nosotros asumamos tal desenfoque, para, desde él, minimizar, incluso, negar la importante relevancia penal de ese comportamiento que se atribuye al investigado".

La Sección Segunda recuerda las imágenes de difusión general emitidas en cantidad de medios audiovisuales, en horas de máxima audiencia, "viendo al investigado (en relación a Cuixart) en pie, sobre el techo de un vehículo de la Guardia Civil, con importantes destrozos, dirigiéndose a la multitud allí concentrada". A pesar de que Cuixart sostenga que en esa concentración pidió que se actuara de manera pacífica, el tribunal apunta que "no cabe escudarse en la literalidad de unas palabras, cuando lo fundamental es la participación en la sediciosa situación de ruptura en la que interviene el inculpado recurrente, para decidir sobre su situación personal".

"En definitiva, de la conducta del investigado, lo que es relevante y lo que nos lleva a desestimar el recurso, es el esencial papel que le confiere su capacidad de dirección, y su actuación, en el sentido que la orienta, en cuanto que forma parte de una estrategia compleja y concertada, dirigida a declarar, fuera de todo cauce legal, la independencia de Catalunya", añade. Respecto a los hechos del 20 y 21, el tribunal considera que "no son sino una muestra más de un más amplio proyecto sedicioso". "Lo fundamental es que las diligencias practicadas apuntan a que ha tenido una participación relevante en la ejecución de una hoja de ruta diseñada y programada para ese objetivo final de la independencia fuera de cualquier cauce legal, en el que la contribución de la violencia y la provocación de situaciones de tensión y enfrentamiento por parte de quienes, como el investigado recurrente, la utilizan, es una faceta más que no puede pasar desapercibida, por más que así lo pretenda con la excusa de que solo se vale de medios pacíficos", subraya.

Respecto al riesgo de fuga, la Sala reconoce que la huida del presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, a Bélgica no ha ayudado para valorar este riesgo, aunque valora que este riesgo puede disminuir tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "No comparte este tribunal que ese riesgo de fuga haya desaparecido, por cuanto que el hecho de que parte de quienes tienen una presumible y muy relevante participación en el proceso sedicioso que nos ocupa, con quienes son innegables las afinidades de Cuixart se encuentren huidos en el extranjero, más que ser un factor que minimice ese riesgo de fuga, puede suponer una potenciación del mismo, en la medida que siempre le resultará más fácil encontrar refugio entre ellos, si decide abandonar España".

Además, la Sala dice tener escasas garantías de que, puesto en libertad, "no vaya a seguir en la misma actitud de franco y no pacífico enfrentamiento que hasta el momento ha venido mostrando, amprándose en la cobertura que le puede ofrecer la legalidad de esa asociación que preside, pero prestando su relevante colaboración en una hoja de ruta orientada hacia el mismo e ilegal proceso secesionista".

[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 08nov17]

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