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03nov17
Cataluña: huidos, presos y candidatos
El expresidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, ya sabe lo que le espera si vuelve a España: reunirse en prisión su ex vicepresidente y otros siete exconsejeros de su gabinete, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Muchas voces de su propio campo habían sugerido que la huida de Puigdemont a Bruselas daría pie a la Justicia para decidir el encarcelamiento provisional de los "exministros" independentistas. El auto de la jueza menciona el hecho de que otros imputados (Puigdemont y otros cuatro exconsellers) han salido al extranjero eludiendo la acción de la justicia, pero ese detalle, siendo importante, no explica por sí solo la decisión judicial.
La cúpula independentista catalana es acusada de preparar, durante los dos últimos años, la independencia de la comunidad autonómica, desoyendo e incumpiendo las resoluciones del máximo tribunal español. Y si se lee con atención el texto judicial, los encausados no están entre rejas precisamente por delitos de opinión, como el discurso victimista de los secesionistas quieren hacer ver.
En España es una idea compartida que la crisis provocada por la exautoridades independentistas de Cataluña ha sido el momento más delicado desde la recuperación de la democracia, por encima del intento abortado de golpe militar de febrero de 1981.
Ante unos hechos inéditos en la historia del país, era difícil poder hacer cábalas sobre los acontecimientos que se van produciendo día a día. Estaba claro que la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el apoyo de los partidos Socialista (PSOE) y Ciudadanos, había dejado sin efecto la proclamación unilateral de independencia votada por un bloque parlamentario separatista que no representa la mayoría de las voces de Cataluña.
Delitos graves
La convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre había hecho decir a muchos, incluso dentro de las filas del gobernante Partido Popular, que la cárcel convertiría en mártires a los independentistas y volvería a provocar protestas masivas en las calles de Cataluña; que con la cúpula exgobernante en prisión los votos independentistas aumentarían en unas elecciones que, aunque se quieran inevitablemente interpretar como un plebiscito por o contra la independencia, servirán para elegir un Parlament local y un gobierno que gestione la autonomía catalana dentro de los límites de la Constitución española.
Pero la justicia no ha atendido especulaciones electoralistas. Para la jueza que ha enviado a prisión provisional al antiguo Govern, los hechos son tan graves que no podía obviar lo que la legislacion española prevé para los delitos imputados. Otros jueces, en tiempos recientes, enviaron a la cárcel a presidentes autonómicos, como el de Baleares y el de Madrid, ambos del Partido Popular.
No es una sorpresa, pues, que los partidos y organizaciones independentistas llamen a manifestarse contra una decisión que ellos consideran política. Pero ya antes de la decisión de la justicia, esos mismos partidos consideraban las leyes españolas no válidas en su territorio. No llama especialmente la atención que formaciones políticas como Podemos o sus afiliados catalanes consideren a los encarcelados como "prisioneros políticos". Para otras formaciones se trata más bien de políticos que están presos por delinquir.
Lógico, también, que algunos socialistas, que han apoyado y defendido la aplicación del artículo 155 consideren las medidas "desproporcionadas", aunque las respeten y acepten. Porque, además de la crisis que ha supuesto y supone para todo el Estado español y para el estado de derecho el llamado desafío independentista catalán, en poco más de un mes se celebran elecciones en Cataluña y, quizá en 2018, comicios en toda España.
La izquierda, ante el independentismo
El "asunto" catalán ha causado un profunda crisis en las filas de Podemos. Algunos de sus dirigentes históricos, como Carolina Bescansa, criticaron la línea proindependentista de la dirección y expresaron el temor de perder apoyo en el resto de España. La filial catalana del partido, encabezada por Albano Dante Fachín, se manifestó por el reconocimiento de la "República independiente catalana", en contra de la opinión de Pablo Iglesias. El ex Secretatrio General del Partido Comunista de España, Francisco Frutos, llegó a considerar a Iglesias como "el palafrenero de los independentistas".
Las decisiones del bloque independentista suponen un quebradero de cabeza para la izquierda española. El Partido Socialista dejó claro su postura junto a la Constitución y la legalidad vigente. Los socialistas eran conscientes de que era difícil prever las consecuencias electorales de su posición. Y, de hecho, algunos de sus dirigentes catalanes han mostrado su desagrado con la línea oficial del partido.
Pero en el PSOE, el segundo partido español, son conscientes de que el gobierno del país se gana sobre todo fuera de Cataluña. Muchos de los llamados "barones" del partido, presidentes de comunidades autonómicas o no, ya habían dejado claro que apoyan eventuales reformas de la Constitución, pero no pueden tolerar un trato de privilegio hacia una autonomía solo por contar con una buena parte de ciudadanos proindependencia.
El PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular volverán a atacarse durante la campaña electoral, pero no podrán utilizar los argumentos que les han unido en el respeto a la Constitución. Saben que deben atraer hacia el bloque constitucionalista cada voto de los cientos de miles de catalanes que ya han perdido el miedo a manifestarse en contra de la independencia. Bueno, eso si los partidos independentistas no deciden boicotear la consulta. En todo caso, el ex vicepresidente del gobierno catalán ha llamado a "derrotar al mal" en las urnas.
En este bloque han coexistido en una alianza objetiva por la independencia el partido representante de la burguesía catalana (PdCat), una formación de centro-izquierda (ERC) y un partido anticapitalista y anti Unión Europea (CUP). No está claro que ante la convocatoria electoral del 21 de diciembre las tres formaciones vuelvan a ponerse de acuerdo en presentarse como lista única. Incluso dentro del PdCat hay divisiones sobre la estrategia futura.
Algunos comentaristas españoles piensan que la decisión de la justicia española puede generar en la opinión internacional una nueva ola de simpatía hacia los independentistas. Los gobiernos europeos ya dejaron claro su apoyo a la Constitución y a las leyes españolas, y no van a manifestarse sobre una decisión judicial. En cuanto a la prensa internacional, parece claro que a la jueza encargada del caso le importa poco los editoriales del New York Times. El agit-prop independentista volverá a la carga fuera de España, pero la "gran evasión" protagonizada por Puigdemont le resta seriedad en el extranjero donde muchos ven en su actitud un episodio circense, aunque desde su, hasta el momento, "exilio" en Bélgica, se declare todavía "Presidente legítimo".
Un expresidente sobre el que pesa una Orden Europea de Detención y Entrega y que conoce muy bien las exigentes garantías que ofrece la justicia belga antes de aceptar la entrega de un fugado, y que ha contratado a un abogado especializado en el pasado en utilizar todos los recovecos legales para dificultar la entrega a España de terroristas de la banda ETA.
[Fuente: Por Luis Rivas, Sputnik News, Moscú, 03nov17]
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