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02nov17
La juez envía a la cárcel a Junqueras y otros ocho 'exconsellers' de la Generalitat
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado este jueves a prisión al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y a otros siete consejeros del Ejecutivo autonómico destituido el pasado 28 de octubre en aplicación del artículo 155 de la Constitución. La magistrada ha atendido la petición de la Fiscalía, y ha decretado prisión incondicional para todos ellos, imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, por el proceso insurreccional para imponer la independencia de esa comunidad al margen de las vías legales.
Los encarcelados son, además de Junqueras, los exconsellers Meritxell Borrás (Gobernación), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Joaquim Forn (Interior), y Dolors Bassa (Trabajo). Sólo el exconsejero de Empresa, Santi Vila, que dimitió la víspera de que el Parlament declarara la independencia de la república de Cataluña, puede evitar la cárcel tras depositar una fianza de 50.000 euros, la misma que ha solicitado el ministerio público. De todas formas, su abogado, Pau Molins, ha asegurado que de momento ingresará en prisión en solidaridad con sus compañeros y porque aún debe hacer las gestiones para reunir ese dinero.
Ninguno de los exconsejros irá a Soto del Real. Junqueras y Forn ingresarán en la cárcel de Estremera y el resto se repartirá entre las de Alacalá Meco, Valdemoro, Aranjuez y Navalcarnero.
La petición del fiscal se basa en que, a su entender, se dan los tres requisitos para la prisión incondicional: el riesgo de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas y la reiteración del delito. Tanto el fiscal como la jueza han tenido en cuenta el poder adquisitivo de los querellados, que les permite desplazarse fuera del país y poder subsistir en el extranjero. La jueza cree que hay un alto riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas."Basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido", dice textualmente el auto refiriéndose a la huida de Carles Puigdemont y de los exconsejeros que le acompañan en Bélgica.
Además, los delitos de los que se les acusa conllevan penas de cárcel muy superiores a los dos años, el mínimo exigible para que prospere esa medida cautelar. Lamela mantiene en su auto que los hechos que se investigan constituyen un delito de rebelión, en contra del Tribunal Supremo que al admitir a trámite la querella contra la Mesa del Parlament se inclinó a favor de considerarlos 'conspiración para la rebelión', un delito que conlleva penas más suaves. De momento, la jueza asegura que los acusados se enfrentan a penas elevadas, que podrían llegar a los 50 años de prisión: 25 por rebelión, 15 por sedición, y ocho por malversación, que pueden llegar hasta los 10 por falseamiento de contabilidad.
La jueza considera que "existe algo riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las actividades delictivas descritas en esta resolución se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados reincidiendo constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que los investigados conocían de forma personal y directa".
Un 'plan estratégico' ejecutado paso a paso con el fin de la independencia
En el auto, se destaca que existen motivos suficientes para estimar criminalmente responsables a las personas a las que se ha impuesto prisión provisional. Para demostrarlo, la jueza menciona el documento EnfoCats, que la jueza considera una suerte de hoja de ruta para la independencia puesto que "se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Govern". "En este documento se diseñó un plan estratégico cuyo principal objetivo era crear un Estado propio incluso contemplando la posibilidad de recurrir a una eventual desconexión con el Estado español derivando, si fuese necesario y como último recurso, un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano".
Para dar cada uno de los pasos que se diseñan en el documento, los exconsellers se valieron de sus cargos públicos: "Cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse". Según el auto, la acción de los investigados fue "meditada y perfectamente preparada y organizada", mediante el incumplimiento sucesivo de las resoluciones del Tribunal Supremo. "Franquearon toda clase de barreras que pudieran desviarles de su finalidad", añade.
Junto a los trabajos parlamentarios orientados a aprobar la normativa que diera cobertura y apariencia de legalidad a todo el proceso, la jueza destaca la actuación a través de los movimientos populares, "encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia la instituciones españolas y los poderes del Estado". Es más, reprocha a los querellados que alentaran actos de insurrección pública y, como ejemplo, cita un episodio protagonizado por el propio Carles Puigdemont.
Sucedió del 8 de septiembre, cuando algunos alcaldes habían expresado su intención de desatender la petición que les había hecho por carta el expresidente dos días antes para que facilitaran locales municipales con el fin de proceder a las votaciones del 1-O. En un mitin en Sant Joan Despi, Puigdemont se dirigió a la multitud en estos términos: "Miradles a los ojos (a los alcaldes) y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas".
La jueza vuelve a recordar los incidentes de los días 20 y 21 de septiembre, cuando ANC y Òmnium actuaron más que nunca como "brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern", convocando movilizaciones contra el registro de despachos oficiales y detenciones de altos cargos que desembocaron en el cerco a la Guardia Civil, agresiones a militantes socialistas, el sitio a una comisión judicial y el destrozo de los vehículos de los agentes.
Especialmente dura se muestra la jueza con la actitud de los Mossos durante la jornada del referéndum. Les acusa de pasividad e incluso de "espiar las acciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios de que las citadas Fuerzas del Orden se dirigían hacia determinados lugares. Al igual que hacía el fiscal en su querella, Lamela destaca que la declaración de independencia "llevaba anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d'Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representaban".
El repaso de los pasos que se han ido dando hasta llegar a la DUI le sirve a la jueza para demostrar que "los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista perfectamente organizada" y rebatir el carácter no violento de sus acciones del que todos ellos presumen.
Las defensas alegan 'predeterminación', 'desproporción' e 'indefensión'
Andreu Van der Eynde, abogado de Carme Forcadell, ha esgrimido el argumento de la 'persecución política' al afirmar que la resolución de la jueza estaba "predeterminada". Lo ha dicho después de afirmar que Carmen Lamela no ha tenido en cuenta criterios humanitarios como que los exconsejeros tienen hijos a su cargo o necesitan atender al cuidado de personas mayores. "Esta resolución no se va a entender fuera de aquí", ha concluido.
Jaume Alonso Cuevillas, abogado de los exconsellers del PDeCat, ha calificado la medida de la jueza de "desproporcionada", pero ha reconocido que no ha sido una sorpresa porque tal y como han ido evolucionando los acontecimientos a lo largo del día era previsible este desenlace. De hecho, Carmen Lamela no le ha dejado abandonar la Audiencia Nacional mientras ella redactaba su auto, tras celebrar las vistas de medidas cautelares. "Mis clientes están muy serenos", ha asegurado el abogado que ha hecho en su nombre un llamamiento a la tranquilidad para que no se produzcan disturbios en Cataluña. La Asamblea Nacional de Cataluña ha convocado ya nuevas movilizaciones, concentraciones y caceroladas, para esta misma tarde.
Además de lo que ha dicho Alonso Cuevillas, el precedente de 'los Jordis', los presidentes de ANC y Òmnium que fueron enviados a Soto del Real por delitos menos graves que los que se imputan a los miembros del Govern, inducía a pensar que se produciría su encarcelamiento. A ello hay que sumar la huida del jefe de todos ellos, el expresidente Carles Puigdemont, que tampoco ha ayudado a sus subordinados. El riesgo de fuga es, precisamente, el principal argumento en el que se apoya la jueza para ordenar el ingreso en prisión.
De hecho, Xavier Melero, abogado de dos de los miembros de la Mesa del Parlament que estaban citados en el Tribunal Supremos por delitos de sedición, rebelión, malversación y delitos conexos -la declaración se ha pospuesto hasta dentro de una semana para dar más tiempo a sus defensas- ha afirmado que no comparte en absoluto la estrategia adoptada por el expresident de la Generalitat con su huida a Bélgica. Es más, el letrado se ha mostrado rotundo al considerar que esta manera de actuar perjudica al resto de acusados y que el expresident tenía que haber acudido a declarar a Madrid.
Los citados que no se han presentado en la Audiencia Nacional son Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), que están en Bélgica. En vista de su rebeldía, el fiscal ya ha pedido que se curse una orden de detención contra ellos para que se les ponga a disposición de la justicia española.
Los primeros en declarar por la mañana han sido los cinco exconsejeros del PDeCAT -Jordi Turull, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borrás y Joaquim Forn- y todos ellos, menos Santi Vila, han accedido a contestar solo a su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas. Vila, en cambio, ha estado asistido por otro letrado, Pau Molins (el mismo que representó a la infanta Cristina en el juicio de Nóos), y sí ha respondido a las otras partes, por lo que su declaración se ha extendido durante tres cuartos de hora, frente a los cinco minutos que han durado las del resto.
Luego han comenzado sus comparecencias los cuatro citados restantes, de ERC o su entorno: el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa. Han estado representados por el abogado Andreu Van den Eynde, que se ha trasladado a la Audiencia Nacional desde el Tribunal Supremo, donde ha asistido también esta mañana a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 02nov17]
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