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29oct17
Los mediadores de Urkullu: "Puigdemont no tiene palabra"
Si, cuando se entere de que está cesado, Carles Puigdemont tiene finalmente la desfachatez de reclamar su blindaje legal de 115.000 euros anuales de pensión temporal hasta 2021 y vitalicia de 87.000 cuando se jubile, es posible que incluso al lehendakari Iñigo Urkullu apoye que se lo denieguen.
Urkullu debió pensar que el ya ex presidente de la Generalitat actuaría al final como el primer ministro griego, Alexis Tsipras. Éste engañó a su pueblo y traicionó su referéndum, pero se bajó a tiempo de la locura de sacar a su país de la Eurozona. Como él propio Tsipras dijo a The Guardian el pasado julio, «llegué sin experiencia y cometí grandes errores (...) abandonar la UE ¿para qué? ¿para irte a otra galaxia? (...) Te tapas la nariz y coges lo que hay, porque sabes que no hay alternativa».
Parecía que Puigdemont haría lo mismo en la mañana del jueves cuando Urkullu y Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy, fueron informados de que se anunciaría a las 13.30. A esa hora el Colegio de Registradores constataba ya mas de 1.600 salidas -ya son 1.700 y las que se avecinan- de empresas desde el 1-O y era hora de que el nacionalista convocara elecciones autonómicas.
«Es que estaba hecho, es que Puigdemont había dicho que sí, que iba a convocar elecciones y no seguir adelante. Pero Puigdemont no tiene palabra, no ha cumplido lo que dijo hasta por escrito», asegura uno de los empresarios que han participado con Urkullu en el último intento de mediación antes del desastre esperpéntico que arroja la marca política de Cataluña al subsuelo mundial y debilita a España en un momento refundador de la UE.
Es habitual que en estas situaciones límite los empresarios intervengan por la cuenta económica que les trae. Por eso dos viejos amigos con contactos en el soberanismo como el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, y el presidente de la Fundación Carulla, Joaquín Coello, se pusieron en marcha. López Atxurra avisó a Urkullu de que representantes del poder económico catalán querían apoyar su mediación con Puigdemont y el lehendakari les hizo hueco rápido el pasado miércoles en Vitoria. Urkullu no los necesitaba para hablar con Puigdemont pero sí para reforzar la presión sobre él y el PDeCAT. Coello se presentó con notables de Barcelona con amplios tentáculos en la élite catalana como Emilio Cuatrecasas, fundador del bufete del mismo nombre; Juan José López Burniol, vicepresidente de la Caixa y con contactos permanentes en el PSC; y el presidente de Barcelona Global, Marian Puig. Coincidieron con Urkullu en que Puigdemont ponía condiciones que Rajoy no podía aceptar, porque solo en países fallidos africanos, el presidente del Gobierno puede ordenar a jueces lo que tienen que hacer.
El desvarío de los nacionalistas catalanes muestra por cierto lo que harían e el BBVA e Iberdrola en Euskadi en caso similar, pero Urkullu dice hasta en público quesu futuro está en «una España plurinacional» dentro de una UE que hay que fortalecer. No, Puigdemont debía convocar elecciones sin exigencias.
Burniol suele bromear con que hay acuerdos que no se pueden poner por escrito y eso que él es notario y Puigdemont transmitió que aceptaba. ¿Por qué falló después? «Porque de honorable no tiene nada. Es verdad que Esquerra le presionó para que exigiera garantías a cambio de convocar elecciones, pero un presidente manda sobre un vicepresidente y tenía que haberse plantado ante Oriol Junqueras y decir que lo que había prometido a Urkullu lo debía cumplir», explica esta fuente. En el equipo mediador elogian en cambio a Santi Vila, que, en su opinión, dimitió al ver que Puigdemont desautorizaba finalmente la costosa mediación. Vila tiene por cierto el apoyo de la Caixa y del poder económico catalán para intentar recomponer los escombros del PDeCAT ante los temibles Esquerra y Ada Colau.
Los VIP catalanes también salen malparados. Los que han coqueteado en exceso con el soberanismo como miembros de la familia Rodés y Carulla o Carles Vilarrubí son vistos ahora con un desprecio letal por sus homólogos en Madrid.
En cuanto al presidente de la Caixa, Isidro Fainé sigue siendo el gran referente del poder financiero catalán y apoya sin fisuras que Rajoy restablezca la legalidad y el objetivo de que, tras las nuevas elecciones del 21-D, se abra un diálogo con una solución estable de continuidad de Cataluña en España.
Ése debió ser el objetivo de Puigdemont y de, no olvidemos, Artur Mas. Éste estableció por cierto en la ley que regula los derechos de los ex presidentes que solo una mayoría parlamentaria de dos tercios podría revocar la pensión. Es decir, hace falta más mayoría en el Parlament para quitar la pensión a Puigdemont que para declarar la independencia en una estrafalaria muestra de esta clase dirigente nacionalista.
El propio Mas sigue cobrando su pensión a la espera del Tribunal de Cuentas, pero su daño es infinito.
[Fuente: Por Carlos Segovia, El Mundo, Madrid, 29oct17]
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