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28oct17

Software "ilegal" y ciberseguridad: por qué el control del CTTI descabeza la Generalitat

Desconectar el cerebro informático de la Generalitat y romper sus defensas. Ese es, en una línea, el objetivo que se plantea el Gobierno con la intervención del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat). La toma del mando de ambos organismos podría hacerse efectiva en las próximas horas o días como una de las medidas de la activación del artículo 155 tras la proclamación ayer de la independencia de Cataluña. En juego está un punto clave: detener los programas en marcha para la creación de una administración digital paralela, en especial la de una nueva Agencia Tributaria catalana. Programas que, ahora mismo, siguen vigentes.

"Estamos preparados para actuar cuando se nos requiera, pero nosotros no vamos a tomar el control del CTTI. Eso lo hará la Secretaría de Estado de la Función Pública o el Ministerio correspondiente. El objetivo es detener cualquier intento de creación de una administración digital paralela. Se ha detectado la posibilidad de que eso haya ocurrido y la toma de control va encaminada a evitarlo", explican a Teknautas fuentes de la Guardia Civil responsables de la investigación al centro informático catalán.

Con 240 empleados, el CTTI, ubicado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), gestiona un total de 1.700 aplicaciones informáticas usadas por los más de 165.000 funcionarios de la Generalitat. Desde Sanidad a Interior pasando por la Agencia Tributaria, sus seis centros de datos almacenan toda la información que hace funcionar cada día al (ahora extinto) Govern catalán. En total conecta a más de 6.600 edificios públicos y controla también todas las líneas de comunicaciónm fijas y móviles (más de 85.000) usadas por miembros de la Generalitat. Y otro punto decisivo: es el encargado de dar luz verde o no a todas las licitaciones y contrataciones de proyectos tecnológicos.

"Un gobierno tiene activos físicos y digitales. Y estos últimos en Cataluña están alojados en infraestructuras controladas por el CTTI. Desde el correo electrónico, a las telecomunicaciones pasando por las bases de datos. Todo. Lo que tiene que ver con la seguridad de esas infraestructuras es responsabilidad del Cesicat. Si en algún momento se estaban llevando a cabo proyectos encubiertos de creación de tecnología encaminada a poner en marcha un estado catalán, esos se estaban desarrollando en el CTTI y el Cesicat. Controlando ambos organismos descabezas digitalmente a la Generalitat", explica a Teknautas un ex alto dirigente del Cesicat que prefiere mantener su anonimato.

Fuentes de la investigación al CTTI confirman la existencia de indicios que apuntan a que, efectivamente, se habían dado los primeros pasos para la creación de una administración digital paralela, lista para echar a andar en puntos clave como Sanidad o gestión tributaria. "Un ejemplo: por un lado tienes las tarjetas sanitarias individuales (TSI) y por otro lado el idCAT listo, un certificado que garantiza tu identidad en internet. ¿Se puede convertir eso en un sistema de identificación ciudadana, en un DNI digital propio? Claro que sí, el sistema ya lo tienen montado. Es solo cuestión de añadir a las 400.000 personas que lo usan ahora el resto de siete millones de ciudadanos catalanes. No tenemos constancia que se haya hecho en sanidad, pero sí tenemos indicios claros de que eso estaba ya ocurriendo en gestión tributaria".

Sofware tributario "ilegal" de IBM

Ni el propio Govern catalán lo ocultaba. "Cataluña está a punto para asumir, cuando sea necesario, los impuestos que aún pasan por la Hacienda española". Así lo anunció el presidente Carles Puigdemont el pasado julio en un acto en el Palau de la Generalitat. Destacó el alto grado de desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) en los últimos años y dio por "acabada la primera fase" de construcción del embrión de la futura Hacienda. Una "estructura de Estado" declarada ilegal justo un año antes, en julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional estimó el recurso del Gobierno contra la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas aprobada por el Ejecutivo catalán en 2015 para crear, entre otras cosas, una Administración Tributaria totalmente independiente.

Fuentes de la investigación al CTTI señalan ahora a los contratos millonarios adjudicados a diversas tecnológicas para, supuestamente, crear de forma encubierta esa administración digital independiente. En concreto, señalan a la labor que la multinacional IBM lleva realizando para la Generalitat desde el 2015, año en el que firmó uno de los contratos más importantes para la "implantación de una primera fase de un sistema básico de gestión tributaria". Precisamente esa "primera fase" que un año más tarde el propio Puigdemont daba por finalizada. El contrato se adjudicó en marzo de 2015 y se formalizó solo tres semanas después por un importe total de 2.146.237 euros.

El objetivo del mismo se explica muy bien en el pliego técnico: "crear un sistema de gestión tributario" que debe integrarse y funcionar a la perfección con el actual usado por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), denominado 'Gaudi'. Sobre el papel, nada sospechoso. Sin embargo, el documento dejaba abiertas muchas zonas grises que delataban un posible uso secundario del proyecto: montar una Agencia Tributaria digital propia, tal y como señalan fuentes de la investigación al CTTI.

"Tenemos indicios de que altos directivos de IBM eran conscientes de que, realizando este proyecto, podrían incurrir en un delito", explican estas fuentes. Leyendo algunas cláusulas del pliego técnico es muy fácil entender por qué. El documento arranca explicando que el sistema actual, 'Gaudi', gestiona los impuestos transferidos (patrimonio, juego, grandes establecimientos comerciales, sucesiones y donaciones, turismo etc). Pero es necesario un nuevo sistema de gestión tributaria aplicable sobre "el impuesto de patrimonio y las estancias turísticas, pero generalizable a cualquier figura tributaria. [...] Esta solución técnico-organizativa tendrá que posibiltar una visión integrada 360º de los contribuyentes a todos los niveles de la organización".

"Se utilizan todo el rato estos eufemismos que en realidad implican la creación encubierta de un software ilegal. Y algunos directivos de IBM lo sabían", señalan a este diario fuentes policiales. Una denuncia incluida en el sumario de la investigación llevada a cabo por el Juzgado Nº 13 de Barcelona sobre el referéndum del 1-O apunta en la misma dirección. "Es 'vox populi' dentro de los proveedores TIC que trabajan para el CTTI que IBM, directamente o a través de alguna de sus filiales, está trabajando en la futura "Hacienda Catalana". Probablemente la Fiscalia ya es conocedora de esta circunstancia e incluso IBM esté colaborando con la Fiscalía".

Firma aquí, puedes cometer un delito

Antiguos empleados de IBM han contactado incluso con este diario para explicar la práctica supuestamente llevada a cabo por la empresa al exigir a determinados trabajadores firmar cláusulas en las que reconocían que podían cometer un delito si trabajaban en determinados proyectos para la Generalitat. A día de hoy no se han hallado pruebas documentales de estas cláusulas. Luis J González, responsable de la sección sindical de CCOO de IBM Global Services en Barcelona, reconoce no tener constancia de tales documentos pero tampoco pone la mano en el fuego: "no te voy a negar que hay algún directivo de IBM que puede tener alguna historia rara entre manos", señala.

Consultada por este diario acerca de estos indicios, IBM es tajante. "Desmentimos que hubiera habido cláusulas de este tipo firmadas por empleados. Sobre supuestas 'zonas grises' o ambiguas en los contratos, afirmamos categóricamente que toda nuestra actividad se desarrolla dentro del marco legal vigente", explica un portavoz. Está por ver si IBM correrá la misma suerte que T-Systems, cuya sede fue registrada el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil por haber participado en el desarrollo de los sistemas informáticos de la consulta del 9-N.

De una forma u otra, la realidad es que desde el 2012 IBM ha sido adjudicataria de más de 223 millones de euros en contratos con el CTTI, todos para el desarrollo de sistemas informáticos que amplían las capacidades actuales de la administración digital de la Generalitat. Será ahora, durante los primeros días de aplicación del artículo 155, cuando el Gobierno español tendrá que decidir cómo intervenir y dirigir el CTTI y el Cesicat para desmantelar una independencia casi tan problemática como la real: la digital.

[Fuente: Por Manuel Ángel Méndez y Marcos García Rey, El Confidencial, Madrid, 28oct17]
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