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20mar13
La imputación de Oriol, el golpe de gracia a la familia Pujol-Ferrusola
La familia Pujol ha recibido el golpe definitivo. El 'hereu' Oriol ha sido imputado y, por mucho que se aferre al escaño, su carrera está hoy truncada. Porque la imputación tiene un trasfondo más allá del devenir cotidiano de la política. El hasta ayer secretario general del mayor partido catalán es miembro de una familia que, desde hace meses, está en el punto de mira de muchos enemigos. Y hoy aparece derrotada.
El patriarca, Jordi Pujol Soley, fue el líder indiscutible del nacionalismo catalán durante más de dos décadas y todavía hoy sigue siendo una referencia obligada. Su hijo Oriol se había posicionado para convertirse en el relevo del propio Artur Mas cuando este dejara la primera línea. Comenzó desde abajo, ocupando cargos en el partido para ascender luego a portavoz adjunto, portavoz parlamentario y secretario general de Convergencia, una carrera de fondo que se ha truncado repentinamente por su implicación en el caso de las ITV.
"Oriol no ha sido procesado ni condenado. Ya veremos lo que ocurre en el futuro, porque él no ha cometido ningún delito y estamos convencidos de que al final no será condenado", señala una fuente de la dirección de Convergència a El Confidencial. Desde la oposición, se afirma que "la familia Pujol ha perdido peso en la política tras los diversos escándalos aireados durante los últimos meses. Y la imputación de Oriol ha sido un torpedo a la línea de flotación de la familia. Ha sido la puntilla", señalan estas fuentes.
En este particular via crucis de la familia, hay de todo: pruebas falseadas, rumores elevados a la categoría de noticia, espionaje a la exnovia del hijo mayor del patriarca, Jordi Pujol Ferrusola, informaciones comprometedoras sobre los negocios de los otros hermanos, Josep y Oleguer..., pero el caso de las ITV no se asienta ni en rumores ni en papeles sospechosos: hay documentos y conversaciones telefónicas grabadas bajo supervisión judicial que apuntan directamente a Oriol Pujol como el organizador de una trama corrupta que pretendía sacar beneficio del reparto de las ITV en Cataluña.
Apartado de los cargos
Ser el líder parlamentario de un gran partido tiene sus inconvenientes. Eso es lo que le ha pasado a Oriol Pujol Ferrusola, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y presidente del grupo de Convergència i Unió (CiU) en el Parlamento catalán, que ayer fue imputado por presunto tráfico de influencias en el caso mencionado. La Ejecutiva de CDC formalizó anoche el relevo de los principales cargos que ocupaba: sus funciones en el partido serán asumidas por Josep Rull y por Lluís Corominas, dos hombres del núcleo duro de la formación, mientras que el portavoz parlamentario, Jordi Turull, asumirá también las funciones de presidente del grupo de CiU.
La primera consecuencia del escándalo de las ITV, pues, le ha obligado a dejar sus cargos orgánicos, aunque continuará como diputado en la Cámara autonómica. Las dimisiones han satisfecho a sus compañeros, pero no dejan buen sabor de boca a algunos de sus rivales políticos.
La oposición pide la dimisión
Tras casi un año de informaciones comprometidas para el político catalán, la imputación no ha dejado indiferente a nadie. Aun así, la oposición recibió la noticia dividida. PP, ICV y Ciutadans exigieron inmediatamente que Pujol abandone su escaño. "Oriol Pujol tendría que dimitir de verdad, no una dimisión a medias ni un simulacro de dimisión como el que ha hecho", clamó Enric Millo, portavoz popular en la Cámara autonómica. Se refería, obviamente, a que Pujol dejará la secretaría general de CDC y la presidencia del grupo parlamentario, pero seguirá como diputado en el Parlamento autonómico. "El partido que está impulsando la ley de transparencia o las cumbres contra la corrupción, en lugar de dar ejemplo, está intentando hacer ver y hacernos creer una cosa que no es", añadió Millo.
Para el portavoz del PP, "respetando la presunción de inocencia y la honorabilidad del señor Pujol, que todavía no está acusado ni condenado, la excepcionalidad del momento y la acumulación de casos de corrupción que pesan sobre la política catalana, es imprescindible actuar con exigencia total y dar garantía a los ciudadanos de que los políticos actúan con coherencia entre lo que dicen y lo que hacen". Además, subrayó que Oriol Pujol "ha perdido la autoridad moral", no ya por este caso, sino por la situación de su partido: "Convergència tiene la sede embargada, su secretario general está imputado junto a dos diputados más. Y Unió ha reconocido financiación irregular en el caso Pallerols y está siendo investigada en más casos".
Los socialistas, en cambio, se mostraron más cautos. El portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, admitió que Pujol siga como diputado, pero reclamó que "la justicia actúe con la máxima celeridad" para esclarecer las acusaciones de tráfico de influencias que le achacan. En ERC, los socios en la sombra del Gobierno de Artur Mas, la imputación cayó como un jarro de agua fría.
La secretaria general republicana, Marta Rovira, recordó que "no hay ninguna norma que regule qué se tiene que hacer en un caso como este. Está en manos de la responsabilidad de cada uno". Dijo que su partido exige "tolerancia cero y pulcritud extrema", pero no fue más allá. Para la dirigente independentista, Pujol ya ha hecho mucho más que otros imputados dimitiendo de sus cargos como secretario general de CDC y presidente del grupo parlamentario, por lo que descarta pedir más responsabilidades.
Un auto muy duro
Por otro lado, la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es especialmente dura y asume muchas de las tesis de la Fiscalía, pero limita la acusación contra el político a tráfico de influencias. "En este momento procesal -dice el texto- existen indicios para continuar la investigación y, por tanto, tomar declaración en calidad de imputado al señor Oriol Pujol Ferrusola por un presunto delito de tráfico de influencias, tipificado en los artículos 428 y siguientes del Código Penal, ya que este, gracias a su peso político, tanto como secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y, sobre todo, como presidente de su grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña, y con el objetivo de obtener un beneficio económico para él y/o para sus amigos y colaboradores, llevó a cabo presuntamente las operaciones antes descritas con el fin de obtener la adjudicación de un lote de ITV, vulnerando el derecho a la libre concurrencia pública, de tal manera que con su actuación coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política al resto de implicados en este affaire".
Las "operaciones antes descritas" son las que durante meses se han ido desgranando en artículos periodísticos. El tribunal detecta que Pujol fue el conseguidor que logró que Josep Tous -responsable de la sectorial de Industria de Convergència y hombre de su entera confianza- fuese nombrado mediador en el conflicto de las ITV por el Gobierno catalán.
Tous, además de cobrar de la Generalitat, recibía un sueldo mensual de dos empresarios que también están implicados. Según el auto, recibía 12.000 euros de Ricard Puignou y 2.000 de Sergi Alsina, íntimo amigo de Oriol Pujol y excompañero suyo en el IESE.
El líder de CDC también logró que fuese nombrado como subdirector de Seguridad Industrial Isidre Masalles, "una de las autoridades administrativas que había de decidir sobre la resolución de la concesión de las ITV siguiendo el plan propuesto por Tous, quien lo consideraba la persona idónea para poder llevarlo a cabo". Otra de las ramificaciones era la colaboración con los empresarios Alsina y Puignou, hasta el punto de que intentaba "que se denegase la autorización que le había sido concedida a otra empresa del sector, Itevelesa", debido a que tenía una estación de inspección cerca de otra de Puignou y "le hacía competencia".
Y, por último, le acusa de "participar en la trama societaria ideada con la finalidad de que todos los implicados se beneficiasen, directa o indirectamente, como consecuencia del aumento del número de estaciones a adjudicar, llegando a constituirse la sociedad Upprime con el objeto de que esta fuese favorecida en el reparto de los lotes de ITV siguiendo el plan diseñado por Josep Tous, con la cobertura de los señores Puignou y Alsina y con el apoyo y amparo de Oriol Pujol, que coordinaba y daba instrucciones a todos de forma periódica, hasta el punto de aconsejar al abogado de su confianza que había de intervenir en el proceso de formación del espectro societario".
El auto detalla que el empresario Sergi Pastor -"amigo del señor Oriol Pujol y a quien presuntamente le debía un favor personal"- fue nombrado director general de Upprime y que existen indicios de que el propio político compartía acciones de esa empresa.
[Fuente: Por Antonio Fernández, El Confidencial, Madrid, 20mar13]
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