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11oct17
Las tres horas de reunión entre Rajoy y Sánchez que acorralaron a Puigdemont
El Gobierno de Rajoy pulsó ayer el botón del artículo 155 de la Constitución, que pone en marcha el procedimiento para intervenir en Cataluña y restablecer el orden constitucional en defensa del interés general de España. El Consejo de Ministros se reunió de forma extraordinaria a las nueve de la mañana para acordar el envío de un requerimiento formal, al amparo del artículo 155, dirigido a Carles Puigdemont, con el fin de que aclare si el martes se produjo una declaración de independencia o no en Cataluña, y si es así para que rectifique y vuelva a la legalidad. El líder independentista tiene hasta el lunes, a las 10 horas, para contestar de forma clara e inequívoca a la primera cuestión, y si no hay respuesta o esta es confusa o afirmativa, el Gobierno le da otro plazo, hasta el jueves 19 a las 10 horas, para que renuncie a su posición ilegal y regrese al orden constitucional.
El presidente Rajoy se reunió el martes por la noche con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en La Moncloa, durante más de tres horas, para acordar el contenido del requerimiento. El texto está medido al milímetro, con «mesura y prudencia», según destacaron en La Moncloa. El apercibimiento llevaba el apoyo expreso del PSOE, pero también de Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, estuvo en contacto con Rajoy.
El presidente compareció a las 12 en La Moncloa para anunciar la activación del artículo 155, muy estudiado en Presidencia en los últimos meses, y que tiene como primer paso obligado el requerimiento al presidente de la Comunidad afectada.
Burofax por la tarde
El Gobierno envío por la tarde un burofax al presidente de la Generalitat, de siete páginas, que tiene este encabezamiento histórico, firmado por el presidente Rajoy: «En cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, me dirijo a M. H. para dar traslado, mediante la adjunta certificación, de la decisión del Gobierno relativa al requerimiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España».
El ultimátum que el Gobierno de la Nación da a Puigdemont empezó a correr ayer mismo. No valdrá cualquier respuesta, ni mucho menos una tan confusa como la declaración «implícita» de independencia que Puigdemont hizo el día anterior. Tendrá que responder con claridad.
«Es muy importante que el señor Puigdemont acierte», advirtió Rajoy en su comparecencia en el Pleno del Congreso. El presidente le pidió la máxima precisión porque los ciudadanos deben saber si su declaración «afecta a la unidad de la Nación».
¿Qué ocurrirá si vencen los dos plazos y Puigdemont no rectifica y se mantiene en la ilegalidad? El Gobierno pasará a la siguiente fase prevista en el mismo artículo 155. El Consejo de Ministros, podría ser el del viernes 20, aprobaría un informe con las medidas concretas y el alcance que tendrían para restituir la ley en Cataluña, y lo entregaría al presidente del Senado. A partir de ahí será la Cámara Alta la que se haga cargo de este procedimiento, que podría culminar con una votación en el Pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Sobre las medidas que se tomarían, desde Ciudadanos se ha reclamado que el Gobierno de Rajoy pueda disolver el Parlamento autonómico y convocar elecciones en Cataluña. Fuentes de La Moncloa apuntan a un relevo del presidente de la Generalitat y de todos sus consejeros, y una hipótesis es que podrían ser sustituidos por el delegado del Gobierno y por la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado.
De momento, el Gobierno quiere esperar y no adelantar la respuesta que pueda dar Puigdemont. En el requerimiento, se pide exactamente al líder secesionista que confirme si alguna autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si en su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el Pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor». Le exige que comunique de forma «fehaciente» al Gobierno su respuesta.
Si la respuesta es afirmativa, o no contesta, o hay cualquier contestación «distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa» se le requerirá para que revoque la declaración de independencia y restaure el orden constitucional y estatutario.
El Gobierno amplía ese segundo requerimiento a la presidenta del Parlamento autonómico y a la Mesa. Puigdemont deberá comunicar «de forma fehaciente» el cumplimiento íntegro de este requerimiento si quiere evitar el segundo paso del 155.
[Fuente: ABC, Madrid, 11oct17]
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