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08oct17
Puigdemont declarará la independencia pero podría supeditarla a unas elecciones plebiscitarias
El martes 10 de octubre comparecerá en el Parlament el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para hablar de la Cataluña 'post referéndum', un pretexto como otro cualquiera para hablar de los que en el artículo 4.4 de la ley del referéndum contempla como la principal consecuencia de la consulta: la declaración de independencia. Él mismo ha asegurado en una entrevista en TV3 que habrá declaración de independencia pero no ha explicado cómo.
"La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración 'unilateral' de independencia, está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley", ha aseverado Puigdemont en el programa "30 minuts" que emite TV3 los domingos por la noche, cuyo contenido, grabado estos últimos días, ha avanzado de forma parcial el canal autonómico.
Inicialmente, Puigdemont iba a dar explicaciones en el parlamento autonómico el lunes, pero ese Pleno fue suspendido por el Tribunal Constitucional porque su finalidad era valorar los resultados y efectos de un reférendum que fue convocado sobre la base de una norma suspendida a su vez por el Alto Tribunal. Nada le impide al 'president', sin embargo, utilizar su intervención para declarar lo que le venga en gana aunque no se mencione expresamente en su solicitud para comparecer.
La eventual declaración de independencia, en el caso de que se produzca, será papel mojado desde el momento mismo de su proclamación porque no contará con ninguno de los reconocimientos esenciales para que sea viable: ni el del poder económico y financiero que ha dado la espalda al soberanismo con la huida de Cataluña de las principales empresas, ni los gobiernos extranjeros que no pueden ponerse de lado de una flagrante ilegalidad como la que se cometió el 1-O, ni los organismo internacionales que pudieron sentirse impresionados por la violencia de las cargas policiales durante el referéndum pero que no aceptarán de ninguna manera unos resultados obtenidos sin la más mínima garantía democrática.
Todo esto no parece importarle al presidente de la Generalitat, que en TV3 ha hecho esta reflexión: "Lo que está pasando en Cataluña es real, les guste o no. Son millones de personas que han votado, que quieren decidir, tenemos que hablar de esto. ¿De qué creen que hemos de hablar? ¿Por qué se piensan que la gente se mueve? La gente no se mueve y hace frente a la violencia policial por una reforma del modelo de financiación. Seamos honestos todos juntos. Tenemos que hablar de Cataluña y no quiere hablar de ello".
Pero, por mucho que Puigdemont dé por bueno un referéndum suspendido por el TC y plagado de irregularidades, es posible que tenga algunas cautelas ante las últimas advertencias de Mariano Rajoy, quien ha dejado claro en una entrevista concedida a 'El País' que no le temblará el pulso para aplicar el artículo 155 de la Constitución -a intervención de competencias de Cataluña- o cualquier otras medida que le permita la legislación española como la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en septiembre de 2015, que obliga a las autoridades a aportar los recursos humanos y materiales que se requieran en la declaración de una "Situación de Interés para la Defensa Nacional" (una crisis).
La única forma de legitimar el sí a la independencia del 1 de octubre es que lo avalen las urnas en unas elecciones que esta vez sí se celebren con escrupuloso respeto a la legalidad y a las normas establecidas. Puigdemont repetiría, de este modo, la fórmula que ya utilizó Artur Mas en 2015 cuando, en pleno huida hacia adelante del líder convergente tras haberse entregado a la causa independentista, convocó los comicios y pactó una lista conjunta con ERC, Junts pel Sí, que se quedó seis escaños por debajo de la mayoría absoluta.
Eso le obligó a aliarse con la CUP, los antisistema que pidieron su cabeza y que ahora están moviendo los hilos de la calle para que la movilización obligue al Govern a dar el paso hacia la independencia. A la CUP no va a gustarle en absoluto que Puigdemont quiera utilizar una fórmula dilatoria. La cuestión es que, tal y como están las cosas, no parece que haya muchas más alternativas. Cataluña no está preparada para gestionar su independencia y eso lo reconocen hasta los soberanistas más recalcitrantes como Mas.
Curiosamente, mientras Puigdemont comparezca en el Parlament el próximo martes, el Pleno del Congreso acogerá dos votaciones sobre los resultados del referéndum independentista. Como el Parlament no tiene previsto votar texto alguno ese día, al menos en principio, la Cámara Baja puede acabar siendo el primer órgano legislativo que vote una iniciativa sobre los efectos del referéndum secesionista.
En concreto, se debatirán y votarán sendas mociones de Esquerra Republicana y del PDeCAT que instan al Gobierno de Mariano Rajoy a reconocer el resultado del referéndum y a abrir inmediatamente negociaciones con la Generalitat. Ambos textos, que son consecuencia de las interpelaciones que ambas fuerzas independentistas dirigieron al Gobierno en la sesión de control del pasado 27 de septiembre, se registraron en el Congreso sin conocerse aún cuál sería el resultado de ese referéndum.
La moción de Esquerra consta de un único punto, que persigue que la Cámara emplace al Ejecutivo de Mariano Rajoy a "reconocer el resultado del referéndum del 1 de octubre, y en base a él, iniciar negociaciones con el Gobierno de Cataluña para cumplir con la voluntad del pueblo catalán expresada en las urnas". En términos similares, el PDeCAT busca que el Congreso mandate al reconocimiento de "la validez de los resultados del referéndum como expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña respecto a su futuro" y la apertura inmediata del "diálogo entre el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat".
Detener los procedimientos judiciales y la intervención financiera
Además, la antigua Convergència quiere que el Congreso urja al Gobierno a "derogar toda decisión adoptada que haya afectado a la capacidad de autogobierno de Cataluña" y que proceda a la "desjudicialización de todos aquellos procedimientos y asuntos que requieren una respuesta política y no judicial". También reclaman la derogación inmediata de la orden por la que el pasado 15 de septiembre el Gobierno intervino las cuentas de la Generalitat, argumentando que fue una "intervención de la autonomía financiera" de Cataluña.
Asimismo, el PDeCAT apuesta en su moción por "recuperar la salvaguarda de la protección y promoción de los Derechos fundamentales recogidos en la Constitución y, entre otros en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Citan, en concreto, el derecho a la libre difusión de pensamientos, ideas y opiniones, el derecho a la información por cualquier medio y sin censura previa, el derecho a reunión pacífica y sin armas y el derecho a participar en los asuntos públicos, "como una de las prioridades" que el Gobierno "está obligado a preservar en su acción de gobernar democráticamente".
También En Comú Podem interpeló al Gobierno sobre el conflicto catalán en el último Pleno antes del 1-O. En su moción, la confluencia catalana de Podemos plantea exigir al Gobierno que impulse un "espacio de diálogo entre todas las fuerzas políticas, así como entre los Gobiernos catalán y español, para encontrar la vía democrática que ponga fin" a esta "larga crisis territorial".
En la misma línea que el PDeCAT, En Comú aspira a que el Congreso emplace al Gobierno a poner fin a "todas las actuaciones represivas", en especial a la intervención financiera de Cataluña, así como al resto de decisiones que "suponen invadir competencias propias de la autonomía de Cataluña". Asimismo, los de Xavier Domènech intentarán que la Cámara Baja declare que el Gobierno, "dirigido por su presidente, Mariano Rajoy, ha actuado de forma negligente ante la mayor crisis política desde 1978".
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 08oct17]
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