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28sep17
La Junta de Seguridad sobre el operativo del 1-O sienta cara a cara al Gobierno y la Generalitat
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, preside desde poco después de las 12.00 horas la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña que ayer convocó de forma unilateral para intentar coordinar la seguridad de la jornada del 1-O. La reunión se produce solo unas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenara a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum del 1-O y que cierren los que se hubieran podido abrir para la votación.
La Junta de Seguridad de Cataluña, convocada el miércoles por Carles Puigdemont sin consultar previamente al Ministerio del Interior, sienta cara a cara al Gobierno y a la Generalitat en un momento de máxima tensión, a solo tres días del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Junta es el órgano de coordinación en el que participan las dos partes, o lo era hasta que hace cinco días se puso a un coronel de la Guardia Civil al frente de esa tarea. La Generalitat no lo acepta y su forma de demostrarlo ha sido precisamente la convocatoria de la reunión de este jueves.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presidirá este jueves a las 12.00 horas, en el Palau de Pedralbes, una reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña que ha convocado de urgencia, y a la que asistirá el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, con el referendum de Cataluña del 1 de octubre sobre la mesa. Por parte del Govern está previsto que acudan el conseller de Interior, Joaquim Forn, el secretario general de la Conselleria, Cèsar Puig; el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, y el mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero. La representación del Gobierno central se completará con el coronel Diego Pérez de los Cobos -coordinador de mandos policiales para frenar el 1-O-; el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver.
En las últimas horas se ha sabido que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al Govern por el referéndum, Mercedes Armas, dio en persona a los mandos de los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional la orden de impedir la apertura de los colegios electorales el 1 de octubre. La reunión se produjo el miércoles en el Palau de Justicia de Barcelona, el mismo día en el que los mandos fueron convocados por la Fiscalía, y asistieron el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el jefe superior de la Policía, Sebastián Trapote, y el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo.
La Fiscalía había dado a los Mossos instrucciones concretas de cómo actuar de cara al 1-O: desalojar antes del sábado a las personas que pudieran estar en los colegios, precintar las sedes y vigilarlas hasta el domingo por la noche, además de incautar urnas, equipos informáticos y propaganda, entre otros mandatos. La magistrada, por su parte, ordenó a los mandos impedir la apertura de los colegios pero con instrucciones algo más flexibles y pidió a la Fiscalía que parase las diligencias, actuaciones e instrucciones que estaba llevando a cabo, con lo que el TSJC ha asumido así de facto el control del operativo policial.
La instrucción de la juez del TSJC establece que en el caso de que los puntos de votación se encuentren en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento, se precintarán solo las dependencias que se utilicen para la consulta. Por lo demás, coincide en ordenar no solo que se impida la apertura de locales, sino que se requise el material sobre la consulta que se encontraran en los mismos, incluyendo ordenadores. También insta a los cuerpos de seguridad del Estado que impidan la apertura de dependencias públicas que se usen como infraestructura logística, como centros de procesamiento o de recuento de votos. No recoge nada sobre la orden de la fiscalía para que se impida la votación en un radio de 100 metros de los colegios electorales, incluso en la calle.
La jueza señala que los cuerpos policiales deberán actuar "conjuntamente" y contarán con la colaboración de las policías locales. En esta orden se inscribe la actuación este jueves de la Guardia Urbana de Barcelona custodiando las dependencias municipales en las que se guardan las urnas utilizadas para las elecciones convocadas por el Estado español.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 28sep17]
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