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23sep17
Un coronel de la Guardia Civil coordinará a los Mossos para evitar el referéndum del 1-O
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, alto cargo del Ministerio del Interior, asumirá por mandato del fiscal superior de Cataluña la coordinación de los Mossos d'Esquadra en las actuaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional, han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.
El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha convocado este sábado por la mañana a los mandos policiales a una nueva reunión en la que ha pedido que el Ministerio de Interior asuma la coordinación de los Mossos d'Esquadra para que, junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, mantengan el orden público y eviten la comisión de delitos relacionados con la organización del 1-O.
Esto no supone, insisten las fuentes, retirar ninguna competencia a la policía autonómica catalana. En lo esencial, agregan, el mecanismo de coordinación acordado es el mismo por el que a los Mossos se les encomendó las actuaciones posteriores al atentado de Barcelona y Cambrils.
Las fuentes recuerdan que la ley orgánica de fuerzas de seguridad del Estado de 1986 contempla en su artículo 38.2 la intervención de Policía y Guardia en el mantenimiento del orden público en apoyo de los Mossos, como así Interior lo ha comunicado por carta a las autoridades catalanes para justificar el envío a Cataluña de unidades de Policía Nacional y Guardia Civil.
El ejercicio de esta función corresponde con carácter prioritario a los Mossos pero, según recoge la citada ley, sin perjuicio de la intervención de Policía y Guardia Civil cuando, "bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes".
El fiscal jefe del TSJ de Cataluña ha convocado a los responsables de los tres cuerpos policiales a los que remitió el pasado 8 de septiembre, tras la aprobación por el Parlament de las llamadas 'leyes de desconexión', la instrucción 2/2017 para que en auxilio judicial impidieran el referéndum.
Al no desconvocarse el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y tras la escalada de tensión por las protestas convocadas por organizaciones independentistas, el fiscal ha solicitado un refuerzo de la presencia policial, encargando su coordinación a la Secretaria de Estado de Seguridad. Quien asume esta coordinación es el coronel Pérez de los Cobos, jefe de Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior.
Fuentes de Interior han precisado que su función no es la de ejercer de mando único, ya que los Mossos, la Policía y la Guardia Civil mantienen sus jefaturas, aunque coordinadas por el coronel Pérez de los Cobos en aquellas actuaciones que se tengan que adoptar en adelante para frenar el referéndum del 1 de octubre.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, envió este viernes una carta al consejero del Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, en la que le informaba del refuerzo policial para "apoyar a los Mossos d'Esquadra en el mantenimiento del orden", aplicando para ello el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El consejero Forn alertó de que el Gobierno quiere llevar a cabo una "intervención directa" de los Mossos a través del artículo 46 de la Ley 2/1986, que el ministro del Interior no cita en su carta del viernes.
Tras asumir Interior el mando de los Mossos, Forn, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que dice que "nos encontraremos con muchas adversidades. El Estado quiere intervenir nuestra autonomía, pero no nos pararán".
En el mismo sentido el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha asegurado que "quitarles el mando de los Mossos" no silenciará al independentismo. "Nos podrán quitar el mando de los Mossos, acusarnos de sediciosos y ahogar las instituciones catalanas. Pero no nos silenciarán. Ganaremos", ha publicado en su cuenta de Twitter.
Denuncia por sedición
Esta decision se produce horas después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentase este viernes una denuncia en este tribunal para investigar por sedición los disturbios ocurridos en Cataluña durante la operación policial para evitar la celebración del referéndum del 1-0, en la que menciona expresamente a los presidentes de ANC y Ómniun. Ambos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, convocaron las protestas durante la macrooperación del pasado miércoles. Cierto es que el llamamiento a participar en las protestas partió de ellos, pero la denuncia no dice nada de los miembros del Govern que también estuvieron alentándolas.
La sedición, se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
La denuncia de la Fiscalía es bastante difusa a la hora de identificar a los responsables, que se enfrentarían a una pena mucho más grave en el caso de ser cargos públicos. Lo dice el artículo 545: "Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".
El escrito atribuye la conducta delictiva a las "personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones" pero también a la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas" que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación".
En un momento dado, se cita a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por montar en la Rambla un puesto para voluntarios desde donde se organizaban los turnos de relevo para las concentraciones ante la Consejería de Economía y se dice también que sus voluntarios hicieron un cordón ante el edificio para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos. Además, en el relato de los hecho denunciados, se incluye el siguiente párrafo: "Sobre las 20.20 h Jordi Sánchez, presidente de la ANC, ante las 40.000 personas (según Guardia Urbana) que se concentraban ya en ese momento en Rambla, manifestó: "El 1 de Octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos". "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".
Se refiere también el fiscal a las manifestaciones del presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, quien a las 00.13 del jueves "pidió que la movilización no se detuviera. Subido a un coche de la Guardia Civil con Jordi Sànchez llamaron a la "movilización permanente" desde este jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo. Posteriormente y vista la situación provocada pidieron a los manifestantes que se disolvieran sin poder controlar la concentración, que continuó ante la sede de la Conselleria. La comitiva judicial y la Guardia Civil permanecían en el interior, al impedir los manifestantes la salida".
En pleno desafío a las instituciones del Estado y concretamente a la Justicia, ambos, Sánchez y Cuixart, han comparecido para valorar el escrito de la Fiscalía y han reiterado su llamamiento a mantener la movilización. Además, se han arrogado la representación de "todo el pueblo catalán" que, según Cuixart, es el que está siendo reprimido a través de ellos. Han denunciado que el escrito de la Fiscalía está plagado de "falsedades", pese a que hay pruebas documentales del acoso sufrido por las Fuerzas de Seguridad durante el miércoles y la madrugada del jueves y pese a que ellos no han ocultado en ningún momento su voluntad de seguir promoviendo las protestas. E, incluso, Cuixart ha mencionado el "escaso recorrido que esta denuncia tendría ante los tribunales europeos" dando a entender que, en el caso de prosperar la denuncia, estarían dispuestos a recurrir a esas instancias supranacionales.
En el mismo sentido el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha asegurado que "quitarles el mando de los Mossos" no silenciará al independentismo. "Nos podrán quitar el mando de los Mossos, acusarnos de sediciosos y ahogar las instituciones catalanas. Pero no nos silenciarán. Ganaremos", ha publicado en su cuenta de Twitter.
Denuncia por sedición
Esta decision se produce horas después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentase este viernes una denuncia en este tribunal para investigar por sedición los disturbios ocurridos en Cataluña durante la operación policial para evitar la celebración del referéndum del 1-0, en la que menciona expresamente a los presidentes de ANC y Ómniun. Ambos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, convocaron las protestas durante la macrooperación del pasado miércoles. Cierto es que el llamamiento a participar en las protestas partió de ellos, pero la denuncia no dice nada de los miembros del Govern que también estuvieron alentándolas.
La sedición, se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
La denuncia de la Fiscalía es bastante difusa a la hora de identificar a los responsables, que se enfrentarían a una pena mucho más grave en el caso de ser cargos públicos. Lo dice el artículo 545: "Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".
El escrito atribuye la conducta delictiva a las "personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones" pero también a la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas" que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación".
En un momento dado, se cita a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por montar en la Rambla un puesto para voluntarios desde donde se organizaban los turnos de relevo para las concentraciones ante la Consejería de Economía y se dice también que sus voluntarios hicieron un cordón ante el edificio para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos. Además, en el relato de los hecho denunciados, se incluye el siguiente párrafo: "Sobre las 20.20 h Jordi Sánchez, presidente de la ANC, ante las 40.000 personas (según Guardia Urbana) que se concentraban ya en ese momento en Rambla, manifestó: "El 1 de Octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos". "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".
Se refiere también el fiscal a las manifestaciones del presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, quien a las 00.13 del jueves "pidió que la movilización no se detuviera. Subido a un coche de la Guardia Civil con Jordi Sànchez llamaron a la "movilización permanente" desde este jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo. Posteriormente y vista la situación provocada pidieron a los manifestantes que se disolvieran sin poder controlar la concentración, que continuó ante la sede de la Conselleria. La comitiva judicial y la Guardia Civil permanecían en el interior, al impedir los manifestantes la salida".
En pleno desafío a las instituciones del Estado y concretamente a la Justicia, ambos, Sánchez y Cuixart, han comparecido para valorar el escrito de la Fiscalía y han reiterado su llamamiento a mantener la movilización. Además, se han arrogado la representación de "todo el pueblo catalán" que, según Cuixart, es el que está siendo reprimido a través de ellos. Han denunciado que el escrito de la Fiscalía está plagado de "falsedades", pese a que hay pruebas documentales del acoso sufrido por las Fuerzas de Seguridad durante el miércoles y la madrugada del jueves y pese a que ellos no han ocultado en ningún momento su voluntad de seguir promoviendo las protestas. E, incluso, Cuixart ha mencionado el "escaso recorrido que esta denuncia tendría ante los tribunales europeos" dando a entender que, en el caso de prosperar la denuncia, estarían dispuestos a recurrir a esas instancias supranacionales.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 23sep17]
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