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21sep17
PP y PSOE piden a los independentistas que renuncien al 1-O y ofrecen 'diálogo dentro de la ley'
"No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia", dijo el presidente del Gobierno dirigiéndose a los independentistas en su declaración institucional del miércoles por la noche, al término de una jornada crucial en la que el aparato logístico del referéndum quedó desmantelado por la Guardia Civil y la presión del soberanismo se trasladó a la calle. Ese llamamiento, que minutos antes había formulado también el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha repetido este jueves hasta la saciedad.
El más expresivo ha sido el ministro de Economía, Luis de Guindos, o eso es lo que ha interpretado el 'Financial Times', que este jueves publica una entrevista con él. Guindos asegura que el Gobierno de Rajoy estaría más dispuesto ahora a la negociación que en 2012, cuando Artur Mas se llevó un no rotundo de Rajoy a su propuesta de más autonomía fiscal y financiera, porque entonces estábamos en plena crisis económica, pero ahora la situación ha cambiado: "Tenemos más espacio fiscal, tenemos una recuperación, y eso abre nuevas oportunidades para el debate".
El ministro se refiere a la negociación del sistema de financiación autonómico en general y el diario interpreta que está haciendo una oferta de diálogo a la Generalitat en nombre del Gobierno que, siempre según el FT, estaría dispuesto a negociar una mayor oferta de dinero y autonomía financiera a Cataluña si esta comunidad desiste de sus "planes de independencia". Lo que dice Guindos es que "una vez abandonen los planes de independencia, podríamos hablar". Recuerda que "Cataluña ya tiene mucha autonomía" y añade que, no obstante, se podría abordar una reforma del sistema de financiación y de otros asuntos. En definitiva, lo que hace es subrayar que el Gobierno "tiene la mano tendida siempre" si la Generalitat de Cataluña "vuelve a respetar la legalidad".
La idea de que no todo está perdido aunque queden solo diez días para la fecha en la que se pretende llevar a cabo el referéndum también la manejó Rajoy. "Están a tiempo de evitar males mayores. A nadie beneficia esta tensión ni este clima de desobediencia, ni este desafío constante a la Justicia y a la ley", dijo y se dirigió a los representantes de la Generalitat para señalar que en democracia siempre hay cauces para defender cualquier posición política dialogando "desde el respeto a la ley".
Unas horas después, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha señalado que los independentistas "están a tiempo de parar el referéndum" y "de parar una cosa que va a llevar a la sociedad catalana a una fractura irremediable". Ha añadido que después de que "se detenga" el referéndum y "se recupere la legalidad y la democracia", habrá que hablar de votar en Cataluña "pero en el marco de la ley y con garantías en unas elecciones autonómicas anticipadas". Y luego, ha dicho Casado, se puede hablar de cómo mejorar la financiación autonómica o de "otras cosas que queden pendientes", incluso una reforma de la Constitución, que aunque el PP no proponga, la pueden traer otros grupos por los cauces que contempla la propia Carta Magna.
La detención de Jové, un duro golpe para Junqueras
La oferta de diálogo que entona este coro de voces llega en un momento de evidente 'bajón' del Govern de Puigdemont. La macrooperación del miércoles ha desmantelado el órgano encargados de organizar el referéndum y le ha dejado sin casi diez millones de papeletas para la votación. El vicepresidente, Oriol Junqueras, apenas ha podido disimular este jueves su frustración. Primero, en declaraciones a TV3, ha admitido que las detenciones y las incautaciones "alteran las reglas del juego" del referéndum, lo que significa que no se va a poder votar "con normalidad". Después, en declaraciones a La Sexta, se ha mostrado afectado y evasivo, a partes iguales, para no tener que reconocer abiertamente el fracaso.
Cuando le han preguntado si habrá urnas y papeletas el próximo 1 de octubre, ha salido por peteneras. "Estoy convencido de que la ciudadanía de Cataluña tiene derecho a emitir su voto y haremos todo lo que corresponda", ha afirmado. Después, le han interrogado sobre cómo altera la consulta soberanista la operación policial que se saldó con 14 detenidos y decenas de registros en instituciones catalanas. El vicepresidente, lejos de responder, ha denunciado la falta de normalidad democrática en que se "asalten edificios públicos" y se "detenga a servidores públicos, sin decir a nadie dónde están".
Junqueras no solo se ha situado en una dimensión paralela que difícilmente encaja en la realidad, sino que ha dejado sin aclarar el impacto de que se hayan requisado diez millones de papeletas. Y ha concluido con una proclama que ha sonado más a justificación que a otra cosa: "Yo mucho antes de ser republicano soy demócrata y antes buena persona, honesta, que actúa en función de su conciencia bajo convencimiento de que lo que hacemos lo hacemos para el bien de los ciudadanos"
Lo cierto es que el vicepresidente catalán tiene motivos para la preocupación. No solo se ha quedado sin su número dos, que fue detenido en la macrooperación, sino que este jueves se ha enterado de que Josep Maria Jové podría ser acusado de sedición, un delito que para cargos públicos se castiga con penas de hasta 15 años de cárcel. Y si Jové se enfrentara a ese cargo -junto a las acusaciones de desobediencia, prevaricación y malversación- difícilmente él se libraría de ser imputado por el mismo delito en el caso de que la justicia decidiera dar el paso definitivo y actuar contra los máximos responsables del 1-O.
La comisión del PSOE, un espacio para el acercamiento
En estas circunstancias, sería de esperar que hubiera más bazas a favor del diálogo que hace un par de días. En cuanto al ámbito en el que podría desarrollarse, la comisión parlamentaria para estudiar el modelo territorial del Estado que ha impulsado el PSOE ofrece posibilidades. Así lo ha reconocido el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo. Y así lo ha defendido la presidenta del principal partido de la oposición, Cristina Narbona, quien en un desayuno informativo ha recordado que esa comisión está asentada en las Cortes, y en ella han aceptado participar el PDeCAT y el PP.
Narbona ha coincidido con los dirigentes del PP al pedir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desconvoque ya el referéndum del 1 de octubre, "cuanto antes mejor" para que, "de forma inmediata", se pueda garantizar la apertura de un espacio de diálogo político.
Ha querido reiterar desde Madrid, "a pocos pasos de la sede de la soberanía nacional", el llamamiento a Puigdemont y a todos en general para que se mantenga "la prudencia, la calma y la mesura" y para que se cumplan las leyes cuando hay que cumplirlas pero teniendo en cuenta "la necesaria proporcionalidad". "Estamos -ha insistido- con el Estado de derecho porque es el que garantiza la convivencia y hay cauces para cambiar las leyes e, incluso, para cambiar la Constitución". Narbona ha subrayado que "nada es inamovible" pero hay cauces que "hay que respetar".
A la pregunta de si Puigdemont habría solicitado el miércoles reunirse con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como publica un medio de comunicación, Narbona ha desmentido "categóricamente" que haya habido contactos, aunque posteriormente fuentes del PSOE han asegurado que, de producirse esa petición, la estudiarían.
En representación del Gobierno ha hablado también el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha mostrado la disposición del Gobierno a dialogar sobre "todo lo que permita una convivencia democrática entre los españoles", incluso de "reformar la Constitución", pero con una "línea roja": la celebración de un referéndum unilateral. "Un referéndum en el que solo participa una parte de la población es contrario a los valores democráticos. Eso no existe en ninguna Constitución occidental", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.
Su colega de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido a los dirigentes de la Generalitat que depongan su actitud, no coloquen en el "precipicio" a los catalanes y vuelvan al cumplimiento de la ley. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Zoido ha señalado que no le consta ningún tipo de incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los Mossos por lo que no se ha planteado sustituirlos por otra fuerza de seguridad, como se ha llegado a publicar. El titular de Interior ha admitido, no obstante, que en los próximos días debe mejorarse la coordinación.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 21sep17]
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