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18sep17
Hacienda limita el uso de las tarjetas de crédito de los altos cargos del Govern
El sistema de control de pagos de la Generalitad que ha diseñado el Ministerio de Hacienda para evitar cualquier vía de financiación del referéndumo del 1-O también se extiende a las tarjetas de crédito de los altos cargos del Govern. Los pagos a cuenta de estas tarjetas de crédito sólo serán atendidos por las entidades financieras en la medida en que vayan acompañados de un certificado de la Intervención General.
Así se lo han comunicado este lunes representantes del Ministerio de Hacienda a los directivos del sector financiero con quienes se han reunido este lunes en la sede del Departamento que dirige Cristóbal Montoro, según fuentes conocedoras del encuentro. La reunión había sido convocada para explicar el alcance de las medidas que adoptadas el pasado jueves por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) el pasado jueves que suponen de facto la intervención de las finanzas de la Generalitat. El Ministerio de Hacienda ha dado detalles a los bancos sobre su decisión de que "no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General. Si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal".
El control sobre las tarjetas de crédito de los altos cargos conecta con la decisión adoptada por el Gobierno en el sentido de que "todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma de Catalunya precisarán de autorización del Consejo de Ministros", tanto las que se formalicen a corto como a largo plazo, según la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado. Al controlar el uso de las tarjetas se impedirá que altos cargos de la Generalitat puedan financiar gastos vinculados al referendum intentando sortear el control de la Intervención y de las propias entidades financieras, pues los extractos de los pagos se conocerían, posiblemente, en una fecha posterior a la del referédum del 1 de octubre.
Encuentro técnico
El encuentro entre representantes de Hacienda y las entidades financieras ha sido de tipo técnico y operativo, por lo que han acudido al mismo directivos de las áreas jurídicas y de cumplimiento normativo de las entidades. La convocatoria se ha realizado a través de las patronales del sector: la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). El departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha explicado a los bancos cómo deben aplicar la medida aprobada por el Ejecutivo.
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno aprobó el paquete de iniciativas el jueves y el sábado se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con lo que ya están en vigor. Hacienda anunció el viernes que las iba a poner en conocimiento de las entidades "con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero".
Evitar retrasos en las nóminas
Según el paquete de medidas adoptado por el Gobierno, mientras se mantenga la "situación de riesgo para el interés general de la comunidad autónoma de Catalunya" que a su jucio supone la convocatoria del referéndum ilegal y la posible declaración unilateral de independencia, Hacienda dejará de realizar nuevas transferencias a la Generalitat para pagar los servicios esenciales. En lugar de eso, Hacienda abonará directamente tanto las facturas de los proveedores como las nóminas de los empleados, a cuenta de los recursos mensuales asignados a la comunidad con cargo al sistema de financiación autonómica (unos 1.400 millones de euros al mes, aproximadamente el 80% de sus recursos totales).
Para poder atender el pago de nóminas y proveedores, la Intervención General de Catalunya deberá comunicar a Hacienda una relación de acreedores con los que la Generalitat tenga obligaciones de pago por importe equivalente a su participación en el sistema de financiación autonómica (unos 1.400 millones al mes). Dicha comunicación deberá ir acompañada del certificado de que ninguno de esos pagos financian "ninguna actividad no amparada por la ley, ni contraria a las decisiones de los tribunales". Después de eso, Hacienda podrá ordenar el pago.
De cara a las nóminas de los empleados públicos de la Generalitat correspondientes al mes de septiembre, Hacienda espera que el interventor le envíe un listado de las órdenes de pago antes del día 26, que es cuando se ordenan estas tranferencias bancarias. Si no es así habrá retrasos en el cobro de las nóminas, explican fuentes del Departamento de Cristóbal Montoro.
Certificación o declaración responsable
Estas medidas afectan a los pagos que el Govern realiza mediante las transferencias que el Estado le hace a cargo de los impuestos que recauda y que suponen el 80% de la financiación de la comunidad autónoma. Sin embargo, la Generalitat también ingresa directamente unas partidas menores por impuestos propios y por otros medios.
El Gobierno quiere evitar que tampoco se utilicen esos recursos para financiar el referéndum. Para ello, Hacienda ha trasladado a los representantes de las entidades financieras que "cualquier pago de la Generalitat deberá ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal".
En caso de que no se aplique un procedimiento de fiscalización previa, será preciso que junto con la orden de pago, se acompañe una declaración responsable firmada por los responsables autonómicos. Las citadas certificaciones y declaraciones responsables deberán ser comunicadas a Hacienda, so pena de incurrir en responsabilidades, incluida la penal, en su caso. Solo después de este proceso, Hacienda permitirá a las entidades financieras que atiendan las órdenes de pago "a los efectos de que tengan garantías de que el servicio no se dirige a la financiación de inguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales", según la orden ministerial.
El papel de los proveedores
Los empresarios proveedores de la administración catalana también podrán colaborar con los objetivos anti-referèndum de Hacienda. "Cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios a la administración de la comunidad autónoma de Catalunya o cualesquiera de sus entidades, vinculadas o dependientes, podrá adjuntar a la correspondiente factura que emita una declaración responsable en la que quede constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales", se afirma en la orden ministerial del BOE.
En la redacción de la norma no queda claro, si la participación de los proveedores será voluntaria u obligatoria. Del párrafo anterior, se desprende cierta voluntariedad ("podrá adjuntar"), sin embargo en un párrafo posterior se establece que en el caso de tener "dudas" sobre servicios o suministros ya prestados "se comunicará igualmente al MInisterio de Hacienda y en su caso al Ministerio Fiscal"
[Fuente: Por P. Allendesalazar y R. M. Sánchez, El Periódico, Barcelona, 18sep17]
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