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16sep17
Rajoy duda entre la respuesta 'contundente' y la 'proporcional' ante la ruptura total de Puigdemont
Quedan dos semanas para la cita del referéndum secesionista del 1-O y aún no sabemos como piensa cumplir el Presidente Mariano Rajoy su promesa de impedir la consulta del 1-O. Puede incluso que el propio Rajoy tampoco sepa qué hacer por las dudas que tiene entre: una respuesta contundente y definitiva contra los golpistas (artículo 155 de la Constitución, suspensión por el TC del Gobierno de Puigdemont y de la Mesa de Forcadell, Ley de Seguridad Nacional, e imputación por la Fiscalía del delito de 'sedición'); y la respuesta tibia y 'proporcional' en curso que, finalmente, dejaría en manos de los Mossos y la Guardia Civil la prohibición de votar.
Dudas de Rajoy a las que se añaden las mismas dudas de la Oposición que lidera Pedro Sánchez bajo la atenta vigilancia del PSC, lo que complica más si cabe la indecisión del Presidente del Gobierno a quien solo le quedan dos semanas para actuar, si es que finalmente se atreve a cumplir la advertencia que lanzó el viernes en Cataluña cuando dijo: 'no menosprecien la fuerza de la democracia' y añadió: 'nos van a obligar a lo que no queremos llegar'.
Este sábado Puigdemont ha respondido diciendo: 'no subestimen la fuerza del pueblo catalán'. Y dijo esto ante los 700 alcaldes que reunió en el Palau de la Generalitat en compañía de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau que se ha sumado a los golpistas descubriendo su verdadero rostro radical y no democrático y acusando al Estado de intimidar a los ediles secesionistas en lugar de pedirles que acaten la legalidad.
El Gobierno de Rajoy llega muy tarde al desafío y viaja a remolque de la iniciativa que la lleva Puigdemont quien hasta ahora va cumpliendo uno a uno los compromisos y el calendario de la hoja de ruta del 'procés' sin que el Gobierno o el TC, que tienen capacidad para impedirlo, se hayan molestado lo más mínimo en responder a las actuaciones ilegales con firmeza y menos aún anticiparse a todas ellas para que no tuvieran lugar.
Así, Puigdemont aprobó la reforma ilegal y anti democrática del reglamento del Parlament, luego las leyes de Referéndum y 'desconexión' del Estado, ha convocado con su gobierno la consulta del 1-O y ha roto la relación de la Generalitat con el Gobierno de España lo que en su conjunto constituyen una serie de flagrantes delitos denunciados por el TC y a pesar de todo ello todavía siguen Puigdemont y sus cómplices sentados en la presidencia de la Generalitat desde donde Puigdemont declarará la independencia catalana se celebre poco o nada el referéndum secesionista del 1-O.
Además Puigdemont ha orquestado y liderado desde la Generalitat las movilizaciones por el referéndum (Diada) y las marchas de apoyo a los 700 alcaldes rebeldes que han anunciado que pondrán las urnas a pesar de la ilegalidad. Lo que constituye el 'tumulto' necesario que permite sumar a los de desobediencia, prevaricación y malversación -que ya imputa la Fiscalía a Puigdemont y sus colaboradores- el delito de 'sedición'.
Por otra parte, Puigdemont y sus aliados golpistas van ganando la batalla del control de la calle y la opinión pública en Cataluña mientras los catalanes demócratas se sienten abandonados por el Estado y por Rajoy del que solo reciben promesas de una acción que nunca llega, y ante la extraña parálisis del Gobierno la indignación crece en el resto de España.
De hecho y desde la Diada de 2012 del 'España' nos roba' la primera y la única respuesta del Gobierno a estos ataques a España y la legalidad por parte de los golpistas la dio la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hace solo unos días cuando, tras los recientes debates y votaciones del Parlament, los calificó de 'repugnancia política' y 'patada a la democracia' y ello después de ¡cinco años! de infame silencio gubernamental.
Y para colmo, y por falta de una estrategia informativa del Gobierno, se está apreciando en grandes medios internacionales de comunicación una cierta simpatía o, como poco, bastante interés por lo que hagan los secesionistas el 1-O, y por el riesgo de enfrentamientos en esos días entre los votantes y las Fuerzas de Seguridad.
Frente a todo esto ¿que ha hecho hasta ahora el Gobierno? Presentar los recursos ante el TC -sin petición ejecutiva de suspensión de cargos- contra las decisiones de Puigdemont y del Parlament. Poner y anunciar querellas a granel, incluir a los Mossos en la policía judicial, decomisar 100.000 carteles de propaganda y las planchas de imprimirlos, y asumir desde Hacienda el pago de nóminas y proveedores de la Generalitat.
Y ¿eso es todo? Pues esa ha sido la frágil y escasa respuesta al golpe de Estado catalán que sigue su curso y con sus protagonistas envalentonados ante la debilidad y las dudas de Rajoy. Dudas que ahora ya no tendrá más remedio que despejar lo que sin duda le va a costar, por más que el viernes dijera eso de 'nos van a obligar a eso a lo que no queremos llegar' cuando lo democrático y lo legal -de acuerdo con su mandato constitucional- habría sido que Rajoy hubiera actuado ya con la firmeza y la contundencia que bien merece esta situación de la que lleva huyendo años y de la que ahora y mal que le pese no puede escapar.
[Fuente: Por Rafael Halcón, República de las ideas, Madrid, 16sep17]
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