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11sep17
Movilización multitudinaria pero insuficiente para legitimar el 1-O en la Diada de Cataluña
Un millón de personas, según la Guardia Urbana, -350.000, según la Delegación del Gobierno- han desbordado el centro de Barcelona para participar en lo que finalmente ha sido más una concentración que una manifestación, ya que la masiva afluencia ha impedido en muchas ocasiones el avance de los congregados. Los convocantes y los políticos independentistas han considerado un éxito total el seguimiento y se han sentido reforzados y legitimados de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero sus valoraciones hay que situarlas en el contexto de que la celebración, bajo el lema ‘La Diada del Sí’, solo ha contado con los partidarios de la secesión.
Eso no quiere decir que la manifestación no haya sido un triunfo del soberanismo, pero las conclusiones que han extraído sus representantes son bastante discutibles. Y es que, como era de esperar, se ha trasladado a la calle la legitimidad que en una democracia dan las urnas y la posibilidad de cambiar las leyes cuando se conquista la mayoría. El independentismo ha defendido también este lunes que el clamor popular le avala para saltarse la legalidad y se justifica presentando su campaña por la ruptura con España como la lucha contra un Estado “represor” y “franquista”. En esos términos se ha pronunciado Neus Lloveras, de la Asociación de Municipios por la Independencia, que ha elevado varios grados el tono de las intervenciones que la han precedido.
Lloveras ha afirmado que 688 ayuntamientos de un total de 947 ya han anunciado que cederán locales para el referéndum y se ha dirigido a los consistorios, como Tarragona o Lleida, que han rechazado hacerlo y a los que todavía se lo están pensando como el de Barcelona. A todos ellos les ha pedido que apoyen al Gobierno catalán. “Escuchad a la gente. ¡Queremos votar!”, ha sostenido, tras denunciar “presiones y amenazas por tierra, mar y aire” para atemorizar a los alcaldes, en un aclara alusión a la carta enviada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas a los municipios catalanes para avisarles de las posibles consecuencia de incurrir en un delito.
Por la mañana, la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha pedido al presidente Carles Puigdemont que no presione a los alcaldes. Y la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, sigue en el centro de la polémica por su falta de concreción sobre si facilitará o no las votaciones.
Colau no ha participado en la manifestación, como tampoco lo ha hecho el diputado de los Comunes Xavier Domènech, pero ha estado en la mente y en consignas coreadas por algunos manifestantes. Sí ha acudido en su lugar el primer teniente de alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello, que ha explicado que la ausencia de Colau se debía a la necesidad de “preservar su figura institucional atendiendo a que es una manifestación que pedía el voto para el sí en el referéndum”. Pisarello, además, ha admitido contactos entre el consistorio barcelonés y el Govern sobre el 1-O. Ha explicado también que el ayuntamiento de Barcelona “buscará fórmulas” para que haya la “máxima disponibilidad de locales” ese día.
La declaración del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al término de la manifestación ha sido más templada que los discursos que se han pronunciado desde el atril de Plaza Catalunya, aunque el desafío soberanista late en el fondo con la misma fuerza. “Lo hemos vuelto a hacer”, ha dicho y ha añadido: “Hasta el último minuto habrá tiempo de negociar. Si el gobierno espanyol quiere negociar, podremos hablar de todo”. Por la mañana, en su tradicional encuentro con la prensa extranjera, ha dfendido que “no es una opción para nosotros que no se celebre el referéndum”. Sobre la posibilidad de que el Gobierno opte por detenerle antes del 1 de octubre por haber incurrido, por ejemplo, en un delito de rebelión, ha asegurado que no tiene miedo “porque esto no se va a producir”. Por la tarde, ha lamentado: “Qué más hemos de hacer para que se entienda que el pueblo de Cataluña quiere votar de forma acordada con quien quiera”.
“Hemos ganado la legitimidad de la gente”, ha proclamado poco antes Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) resumiendo el sentir generalizado del secesionismo. Sánchez ha hecho un llamamiento clarísimo a la participación en el referéndum: “Sabemos dónde están las urnas y las papeletas, sabemos dónde las podréis encontrar. Tenéis que ir el próximo 1 de Octubre a cualquier colegio electoral y las encontrareis”. El presidente de la ANC no se siente en absoluto constreñido por las resoluciones judiciales que han suspendido las leyes y las actuaciones encaminadas a la consulta. “Hoy nos tenemos que declarar insumisos a todos aquellos tribunales que solo deseen preservar la indivisible unidad de la patria”, ha proclamado.
Imbuido de la euforia propia del momento, el conseller de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, ha respondido así a los periodistas que le han rodeado durante la manifestación: “Esto no lo para nada”. Cuando le han objetado que el problema es que este referéndum es ilegal, lo ha rechazado con rotundidad apelando a un argumento que antes que él han utilizado otros miembros del Govern: la Ley Orgánica 2/2005. La mencionada ley derogó el artículo 506 bis del Código Penal que castigaba con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares vía referéndum, careciendo de competencias para ello.
El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que “votar es la única forma de resolver la situación que vive Cataluña”, porque, a su juicio, esto no puede solucionarse “de ninguna otra forma que dando la palabra a los catalanes”. Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha dicho, sobre la posibilidad de que el Gobierno español pudiera ofrecer una vía de diálogo antes del referéndum, que “ellos saben que, si alguien quiere negociar, nosotros nunca nos hemos negado al diálogo”. “Ahora bien -ha puntualizado la “número 2″ de ERC-, hay una fecha fijada para votar, el 1 de octubre, porque nuestro país necesita votar para decidir, esto lo dice el 80 por ciento de la población, y no podemos esperar más, necesitamos salir de la encrucijada en la que estamos”.
El expresidente del Parlament Joan Rigol ha afirmado que el Gobierno no entiende que una mayoría de catalanes quiere votar en el referéndum del 1 de octubre: “A ver si de una vez se enteran de que el miedo en Cataluña no funciona”. “En Madrid no quieren entender que somos y queremos ser un pueblo libre, y tenemos todo el derecho a serlo”, ha declarado justo antes de que empezara la marcha, si es que se le puede dar ese nombre ya que la masiva participación ha obligado a avanzar con una lentitud que en ocasiones que ha transformado en absoluta inmovilidad.
Todas estas declaraciones contrastan con la valoración del Gobierno central, que ha considerado que esta ha sido la Diada “menos numerosa de los últimos años” porque la mayoría de los catalanes no ha querido participar en la coartada de un proceso ilegal y liderado por el sector más radical de la política. Es evidente que el Ejecutivo de Rajoy da más credibilidad a la cifra de 350.000 participantes que ha dado su delegación, que probablemente habrá sido rebajada. En cualquier caso, la Diada más numerosa sigue siendo hasta ahora la que se celebró en 2013, cuando una cadena humana por la independencia recorrió Cataluña de norte a sur, a lo largo de cerca de 400 kilómetros.
El Gobierno, por otra parte, hace hincapié en que donde la sociedad catalana está representada “de verdad y legítimamente” es en el Parlament de Cataluña “y no en la calle”. “Lo que vimos la semana pasada es que la mayoría de los independentistas ha silenciado a media Cataluña y pisoteado sus derechos de representación política”, han añadido fuentes próximas citadas por la Agencia EFE, en alusión al pleno del Parlament que aprobó las leyes del Referéndum y de Transitoriedad.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 11sep17]
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