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08sep17
La fiscalía se querella contra el Govern por prevaricación, desobediencia y malversación
La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado ante el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) la querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los otros 12 miembros del Gobierno por prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos -delito que se introduce por primera vez en causas relacionadas con el procés y que conlleva penas de prisión- por el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre y el de normas complementarias para llevar a cabo el referéndum. El primero lo firmaron solidariamente todos los miembros del Govern en pleno, mientras que el segundo sólo Puigdemont y Junqueras.
Igualmente se ha querellado contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet (JxSí) y Joan Josep Nuet (CSQP) por admitir a trámite la votación de la ley del Referéndum en el Parlament todo pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. Las dos querellas criminales las anunció este jueves el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
La Fiscalía ha pedido en el escrito varias medidas cautelares contra Puigdemont y el resto de miembros del Gobierno. En primer lugar, la interrupción o el bloqueo (en el caso de que el servidor esté radicado en el extranjero) del web Garanties.cat de la Generalitat y la dirección electrónica https://connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017, por considerar que dan "cobertura legal y de normalidad a la celebración de un referéndum secesionista".
Campaña institucional
También se pide que se avise todos los directores de mediados de comunicación escritos o audiovisulas públicos o privados con sede en Catalunya para que impidan insertar "cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum". Además, reclama que se acuerden las medidas pertinentes para asegurar las responsabiliats pecuniarias, incluida la exigencia de fianza y, en su caso, de embargo de bienes.
Confiscación de urnas
Del mismo modo, la fiscalía reclama que se oficie a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con competencias en materia de policía judicial, es decir, la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, para que impidan "la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal". En este sentido, se señala que "deberán de intervenir los efectos o instrumentos destinados a tal finalidad, requisando -a título de ejemplo- urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, elementos informáticos y análogos".
[Fuente: El Nacional, Barcelona, 08sep17]
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