| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
07sep17
El Constitucional suspende la ley del referéndum y avisa a los alcaldes de que no colaboren
El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la convocatoria del referéndum de independencia del 1 de octubre al admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra las resoluciones aprobadas el miércoles por el Parlament y el Govern catalán. Ha sido el propio Mariano Rajoy quien ha informado a mediodía sobre las medidas adoptadas en un Consejo de Ministros extraordinario para frenar la celebración de la consulta ilegal.
En las resoluciones del TC se apercibe a más de un millar de cargos políticos -unos sesenta altos mandatarios de la Generalitat y los 947 alcaldes de la Cataluña- de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum. No obstante, no ha atendido a la petición del Ejecutivo de deducir testimonio (abrir la vía penal) contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los consejeros firmantes de la convocatoria la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Será la Delegación del Gobierno la encargada de proceder a las notificaciones, que se harán personalmente, y que afectan también a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes (Cataluña Ràdio y TV3) y a responsables de los Mossos como son Josep Lluís Trapero y el director general del cuerpo Pere Soler I Campins. El objetivo es asegurarse de que la policía autonómica se abstenga de permitir o facilitar la preparación y celebración del referéndum.
En sus recursos, el Gobierno considera que el referéndum catalán vulnera ocho artículos de la Constitución y tres del Estatut. Por lo que se refiere a la ley, se argumenta que con su aprobación y sobre la base de estar ejecutando una “presunta y auto-atribuida soberanía del ‘pueblo catalán, el Parlamento de Cataluña se sitúa fuera del marco constitucional”. En términos muy duros, los Servicios Jurídicos del Estado señalan que la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de una parte del Estado español “comporta por sí misma una vulneración constitucional de tal magnitud que engloba y absorbe en sí misma cualquier otra vulneración de orden competencial que, de suyo, una convocatoria previa a la secesión territorial lleva aparejada”.
Para el Gobierno, la actuación del Parlamento Catalán al aprobar esta ley sólo puede calificarse de antidemocrática y ello se deduce de todos los preceptos de la norma pero especialmente de su artículo 3.2, que señala que ésta prevalece jerárquicamente sobre todas las normas con las que pueda entrar en conflicto “en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña”. Advierte igualmente el recurso que la ley configure una sindicatura electoral de Cataluña “eso sí, exenta de cualquier control jurisdiccional”.
Se refiere también el recurso a la cuestión que se formulará a los ciudadanos: “¿Desea que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?””, que a juicio de los letrados del Estado constituye una pregunta “de indudable trascendencia constitucional que queda fuera completamente del ámbito competencial del legislador autonómico”.
En otro punto del recurso, el Gobierno recuerda que el defendido derecho de libre determinación de los pueblos “tan sólo cabe en supuestos de situación colonial, pueblos anexionados por conquista, dominación extranjera u ocupación (países Bálticos tras la guerra fría) y pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos (Sudán del Sur o acaso, para algunos, Kosovo)”. “Únicamente Etiopía y la isla de San Cristóbal y Las Nieves recogen el derecho de secesión de parte de un territorio”, añade.
Los artículos vulnerados son, a juicio del Ejecutivo, el 1º de la Constitución española, en concreto los apartados 1.1 y 1.3 (soberanía del pueblo español y monarquía parlamentaria como forma de Estado), y el 2º, que consagra la unidad de la nación española. También considera vulnerado el artículo 9.1, sobre la primacía de la Constitución; el 168, sobre el procedimiento de reforma constitucional, todo ello desde el punto de vista sustantivo.
Desde el punto de vista competencial, el Ejecutivo ve atacado el artículo 149.1.32ª, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, en relación con los artículos 23.1 (derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos), 81 (elaboración de leyes orgánicas) y 92.3 (ley orgánica de las modalidades de referendos). También considera vulnerado el artículo 23, sobre el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, por la forma en la que se aprobó la ley en el Parlament.
En cuanto al ‘Estatut’, el Ejecutivo invoca en sus recursos la infracción de los artículos 1, 2.4 y 3.2, que señalan que Cataluña ejerce su autogobierno de acuerdo con la Constitución y el propio Estatuto y que tiene en el Estado español su “espacio político y geográfico de referencia”, con los valores, principios y obligaciones derivados de ello.
La reacción de Puigdemont a la suspensión
A Puigdemont la noticia del freno a sus medidas para celebrar el referéndum le ha pillado mientras concedía entrevistas a televisiones catalanas desde el Parlament. Y su reacción se ha producido en 8TV, en el programa ‘8 al día’: “No suspenderán la democracia en Cataluña, ningún consejo de ministros, ningún tribunal y ningún órgano desprestigiado”. Ha denunciado el acoso de un Estado que “tiene todos los aparatos del estado a su disposición”.
“Al tsunami de querellas le seguirá un tsunami de democracia”, había dicho en TV3 antes de que se conociera la decisión del Constitucional. “Es que esto (España) no es un régimen democrático”, ha asegurado Puigdemont, que ha señalado que el concepto de democracia de los catalanes es superior puesto que significa “estar al lado de la gente y escuchar a los ciudadanos”, frente a un Estado que entiende que la democracia es “otra cosa”, son “tribunales” o “cloacas” en su “guerra sucia”. Ante a esto, ha dicho el president, hay una “movilización en marcha” de cara al 1 de octubre: “Votar es democracia”, ha concluido Puigdemont, que entre sus críticas ha incluido la actitud “vergonzosa” de la oposición catalana con sus “tanganas”, y que ha encuadrado en el aparato y recursos que tiene el Estado en contra de la Generalitat al recordar que la oposición acudió al Tribunal Constitucional para frenar el proceso soberanista.
También Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha desdeñado la noticia asegurando que no altera para nada las previsiones del bloque soberanista.
La comparecencia de Rajoy para presentar los recursos
“Lo que no es legal no es democrático”, ha proclamado el presidente del Gobierno, en una comparecencia en la que ha estado acompañado por la práctica totalidad de los ministros. Una vez más, Rajoy se ha dedicado a desmontar la argumentación en la que se envuelve el independentismo catalán para tratar de justificar su órdago al Estado, la de que no hay nada más democrático que las urnas y que el derecho a decidir está por encima de todo.
El presidente no solo recuerda que lo principal es “cumplir y hacer cumplir la ley” sino que avisa sobre las consecuencias que pueden derivarse de su vulneración y pide al Constitucional que haga lo mismo con el Parlament, el Govern y los alcaldes catalanes. Por eso, ha anunciado la presentación de cuatro recursos de inconstitucionalidad: contra la ley del referéndum, el decreto de convocatoria, el decreto de normas complementarias para la celebración de dicha consulta y la resolución 807/11 del Parlament por la que se designa a los miembros de la Sindicatura Elecotoral, el órgano que se pretende que ejerza de Junta Electoral Central.
Y, junto a todo lo anterior, pide que se notifique “personalmente” la suspensión de estas normas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a todo su gobierno y a los principales cargos e la Generalitat relacionados con estas decisiones. También pide que se haga llegar esa misma notificación a todos los alcaldes de los municipios catalanes y se les advierta de “su deber de impedir o paralizar” cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum”.
De hecho, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha enviado ya una carta a los secretarios de los ayuntamientos que sería la primera reacción a la que mandaron anoche Carles Puigdemont y Oriol Junqueras comunicándoles que piensan utilizar los colegios electorales habituales y conminándoles a que informende la disponibilidad de los locales en el plazo de 48 horas. El secretario de Estado recuerda a secretarios e interventores municipales que el alto tribunal ha prohibido “expresamente” la continuación del proceso constituyente en Cataluña “y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum”.
Sobre los funcionarios y empleados públicos que pueden verse en una situación comprometida si se les pretende obligar a que incumplan las leyes españolas, el jefe del Ejecutivo ha recordado que “nadie les puede obligar a hacer nada ilegal. La ley les obliga pero también les protege”.
Al margen del traslado a la justicia de las decisiones para desactivar el referéndum, Rajoy sigue sin dar pistas sobre otro tipo de medidas ejecutivas en respuesta a la determinación de los independentistas de seguir adelante con el ‘procés’. Su insistencia en que el referéndum no se va a celebrar indica que algo tiene en la cabeza. Es probable, además, que ese haya sido el tema de su conversación con el líder socialista, que ha acudido a la Moncloa poco antes del Consejo de Ministros, pero tampoco Pedro Sánchez ha desvelado nada más allá del respaldo al Gobierno frente al desafío de los dirigentes catalanes.
Por lo demás, Rajoy ha pronunciado un duro alegato contra esos dirigentes asegurando que “la actuación de los responsables de la Generalitat es antidemocrática. Tenemos que cumplir y hacer cumplir la ley”. Ha reprochado que la imagen de lo que ocurrió este miércoles en el Parlamento de Cataluña “es uno de los mayores golpes que han recibido las instituciones catalanas. Y ha insistido varias veces en que no se va a celebrar el referéndum de autodeterminación, aunque su declaración más contundente ha sido esta: “Esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar. No habrá referéndum de autodeterminación”.
El presidente ha lanzado un mensaje de tranquilidad al conjunto de la ciiudadanía y otro a los dirigentes catalanes que se han embarcado en el proceso secesionista. En el primer caso, ha dicho que entiende la preocupación de mucha gente ante lo que está ocurriendo. “Todos tenemos motivos para la inquietud porque jamás en nuestra historia reciente hemos visto un ataque a la convivencia como éste”, ha añadido. A los independentistas, les ha dirigido una petición: “No sigan por ese camino. No liquiden sus propias instituciones. (…) Dejen de poner las instituciones a su propio servicio”. Además, les ha sugerido que “no menosprecien la fuerza de la democracia española”.
En ese sentido, ha alertado de que “no renunciará a nada” para impedir que los independentistas catalanes liquiden “de un plumazo” el modelo de convivencia democrático. “Nadie va a vacilar a la hora de cumplir con su deber. La democracia responderá, lo hará con firmeza, con aplomo, con serenidad y con dignidad”, ha anunciado, además de reconocer que es consciente de sus “obligaciones” como presidente del Gobierno, “de lo que se espera” de él y de la “gravedad del momento” en Cataluña. Por eso ha garantizado que no permitirá que se liquide el actual marco de convivencia y que lo hará sin renunciar “a nada” para evitarlo.
Por cierto que Rajoy también ha aprovechado para agradecer a la oposición del Parlament y a sus letrados el “coraje” demostrado el miércoles al defender “la legalidad y la dignidad” de las instituciones catalanas y les ha dicho que “no están solos” sino arropados por “todos los demócratas dentro y fuera de Cataluña”. A su juicio, la única batalla que se pierde en política es “la que no se da” y la oposición dio esa batalla en el pleno que aprobó la ley del referéndum. Aunque perdió una votación, ha obtenido “una gran victoria política”, según el presidente.
Rajoy ha agradecido también la “disposición y la lealtad” de los partidos que defienden el orden constitucional, actitud que, a su juicio, es “objeto de tranquilidad” y contrasta con la “fractura” que se ha presenciado en el Parlamento de Cataluña. “He trabajado y trabajaré para mantener esa lealtad recíproca”, ha subrayado y se ha felicitado de la respuesta “serena pero firme” de los líderes de los partidos constitucionalistas. A los letrados de la Cámara ha dedicado específicamente su “reconocimiento más sincero”, porque gracias a ellos el Parlament, ha subrayado, “sigue siendo una institución respetable”.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 07sep17]
Donaciones
Radio Nizkor
 | This document has been published on 11Sep17 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |