05sep17
La Generalitat convocará el 1-O tras las aprobación de las leyes del referéndum y desconexión
Este miércoles es el día previsto para la primera refriega entre el independentismo catalán y el Estado
español en época de descuento para la celebración del referéndum. Faltan 25 días, menos de un mes,
para la supuesta votación y no hay una ley que la sustente, ni censo, ni constancia de las urnas que el
Govern asegura tener ya en su poder. Lo único cierto -y palpable día a día- es la firme voluntad de los
secesionistas de llevar a cabo la consulta el 1 de octubre y la no menos firme determinación de los
poderes e instituciones del Estado de impedirla.
Lo demás permanece envuelto en el más absoluto secretismo. El independentismo no quiere desvelar sus
planes para no facilitar la reacción de la parte contraria, concretamente del binomio Gobierno-Tribunal
Constitucional- y los constitucionalistas mantienen en secreto las medidas que barajan por idéntico
motivo. “Es un error contar la estrategia antes de ponerla en marcha”, ha dicho este martes el dirigente
del PP Javier Maroto, recogiendo la misma tesis en la que se ha escudado el presidente, Mariano Rajoy.
“Todo pasará cuando toque, durante los próximos días y cuando sea el momento más adecuado y la
mayoría parlamentaria lo decida”, dijo hace una semana el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
En principio, la secuencia de acontecimientos prevista para este miércoles arrancaría con la aprobación de
la Ley del Referéndum por parte del Parlament y proseguiría con la firma del decreto de convocatoria del
1-O por el Govern en pleno, que se propone colectivizar así el riesgo de sanción e incluso de
inhabilitación. La acción se trasladaría luego a Madrid con la celebración de un Consejo de Ministros
extraordinario, tras el preceptivo informe del Consejo de Estado, para solicitar al presidente que recurra
la ley.
El último acto se desarrollaría en el Tribunal Constitucional, que suspendería la ley en el momento mismo
de admitir a trámite el recurso invocando el artículo 161.2 de la Carta Magna: “El Gobierno podrá
impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las
Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución
recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco
meses”.
La cuestión es que para que este relato se cumpla lo primero que debe suceder es que el Parlament dé
luz verde a la Ley del Referéndum. Y, a solo unas horas de que comience el Pleno, es previsible que así
sea pero no existe ninguna seguridad. De hecho, la Mesa de la Cámara autonómica que se ha reunido
este martes no ha admitido a trámite ni esa norma ni la de Transitoriedad Jurídica, con la que se
pretende llevar a cabo la desconexión de Cataluña del Estado. Ahora bien, esto tampoco significa nada
porque la admisión a trámite dependerá, en última instancia, de lo que decidan Junts pel Sí y la CUP. Es
decir, si los dos grupos quieren se podría celebrar una Mesa extraordinaria justo antes del pleno para
acordar la incorporación.
Una vez que el TC suspendió la reforma del Reglamento del Parlament con la que se intentó instaurar un
procedimiento exprés para la aprobación de las leyes soberanistas, queda la alternativa de acogerse al
artículo 81.3 del texto previo a esa reforma: “El orden del día del Pleno puede ser alterado si este lo
acuerda, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de
los miembros del Par-lamento, y cuando así lo obliga el cumplimiento de una ley. Si debe incluirse un
asunto, este debe haber cumplido los trámites reglamentarios que lo permiten, salvo un acuerdo explícito
en sentido opuesto, por mayoría absoluta”.
La previsión de que la ley sea aprobada en este primer pleno del mes de septiembre nace en gran
medida del deseo del frente soberanista de arrancar la campaña por el sí a la independencia el próximo
lunes, 11 de septiembre, aprovechando la celebración de la Diada. Eso le permitiría contar, además, con
tres semanas para promocionar su proyecto de secesión.
Queda por aclarar, no obstante, si con el procedimiento parlamentario del 81.3 debería permitirse la
presentación de enmiendas, que es justo lo que se habría evitado en el caso de prosperar la famosa
reforma. Aunque el Consejo de Garantías Estatutarias sí defiende que haya enmiendas y debate, cabe
recordar que sus dictámenes no son vinculantes.
El PSC ya ha anunciado que llevará a ese órgano consultivo la proposición de ley de Transitoriedad
Jurídica y Fundacional de la República en cuanto sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament, ya
que considera que “vulnera” el Estatuto de Cataluña y la Constitución. “Ya les hemos dicho muchas veces
que eso que quieren hacer en las próximas horas o cuando sea, que tendrá las consecuencias que tendrá,
no solamente no se puede hacer sino que además lo quieren hacer vulnerando los derechos de los
diputados. Así que nosotros hemos hecho el trabajo”, ha señalado la portavoz parlamentaria del PSC, Eva
Granados, en rueda de prensa.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha precisado que los diputados de su grupo
abandonarán el hemiciclo en el momento de la votación de la ley del Referéndum, después de que la
formación naranja avanzase hace unos días que no participaría en la misma, pero sin concretar cómo iban
a hacerlo. De Páramo ha argumentado que la norma con la que los independentistas quieren dar amparo
legal al eventual referéndum del 1 de octubre supone un “atropello a los derechos de los catalanes”, una
norma que los independentistas prevén aprobar en el pleno de esta semana, que ha calificado de
“Matrix”.
El PP ha recordado que el artículo 155 de la Constitución, que permitiría en principio promover desde el
Senado la suspensión de una autonomía, no es el único instrumento que se baraja para frenar el órdago
independentista. Paralelamente, el fiscal general del Estado ha proclamado su intención de actuar de
forma “firme y enérgica” en defensa de la “patria común”, pero sin especificar tampoco las posibles vías
de actuación. Y el Govern se encastilla negando la mayor, esto es, que convocar un referéndum sea delito
según las propias leyes españolas. Lo ha dicho el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi
Turull, que ha advertido de que cualquier actuación del Estado contra la consulta del 1-O “atentaría”
contra la legislación de la Unión Europea.
“Nos ampara la Ley Orgánica 2/2005, que derogaba otra norma por la que el PP intentaba que la
convocatoria del referéndum era un delito. Pero no lo es. Lo primero que tiene que hacer el Fiscal es
leerse la ley y luego, si quiere, hablamos”, ha planteado Turull, que incluso se ha atrevido a afirmar que
el Tribunal Constitucional avaló con una sentencia en 2011 esta decisión.
La ley mencionada por el conseller derogó el artículo 506 bis del Código Penal que castigaba con penas
de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o
consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competencias para ello. La supresión se
justificó alegando que el ejercicio de dichas potestades “es perfectamente controlable por vías diferentes
a la penal”.
Lo que Turull ha pasado por alto es que el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que
el Gobierno modificó en 2015 le permite actuar contra quienes incumplan sus resoluciones de dos
maneras distintas: “Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados
públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el
cumplimiento íntegro de lo mandado” y “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o
empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para
asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal”.
Lo que también ha hecho el consejero catalán es retar a Rajoy a fijar “día, lugar y hora” para abordar con
la Generalitat el referéndum del 1 de octubre, acusándole al mismo tiemlpo de que solo trate este asunto
con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera. Turull, por cierto, también ha
rechazado explicar la secuencia con la que el Gobierno catalán y el Parlamento regional aprobarán la ley
del referéndum y lo convocarán formalmente y ha alegado que, si la vicepresidenta del Gobierno central
no explica cómo retirará la urnas, el Ejecutivo de Puigdemont tampoco quiere dar “ningún detalle”.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 05sep17]
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