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03sep17
El Constitucional, listo para actuar en la semana clave para la desconexión de Cataluña del Estado
A lo largo de esta semana, se prevé que el frente secesionista catalán active las herramientas para la desconexión de Cataluña del Estado español a través de la tramitación de la Ley del Referéndum y de la de Transitoriedad Jurídica. El Gobierno central, por su parte, tiene preparada la correspondiente respuesta mediante sendos recursos al Tribunal Constitucional para que suspenda ambas normas. Podría darse el caso de que se celebraran hasta tres Consejos de Ministros en los siete próximos días.
El miércoles, los 12 jueces que integran el Constitucional se reunirán en un pleno ordinario que coincidirá con el primer Pleno de la Cámara autonómica catalana. No está previsto que aborden ninguno de los asuntos relacionados con el órdago secesionista pero tampoco se descarta ya que el orden el día puede alterarse a lo largo del encuentro.
El TC permanecerá reunido durante dos días y si durante ese tiempo se produjera alguna novedad, un Consejo de Ministros extraordinario podría instarle a pronunciarse. Y eso, a tenor de lo que se ha visto en los últimos tiempos, podría producirse con una celeridad que no sobrepase el plazo de 24 horas. En el caso de que el Parlament dilate la tramitación de las dos leyes con las que se pretende sustanciar la independencia de Cataluña, el Constitucional podría convocar una reunión extraordinaria que, igualmente, se produciría en un plazo no superior a un día.
Ahora bien, la suspensión de las dos normas que con toda seguridad acordará el TC no frenará a los independentistas catalanes que, tal y como se han hartado de repetir, no están dispuestos a acatar ninguna resolución que frene sus aspiraciones. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura en una entrevista con ‘La Vanguardia’ que no aceptará de ninguna manera una suspensión de sus atribuciones puesto que “las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat las regula el Estatut, así que nos deberíamos plantar ante una suspensión de este tipo”.
Puigdemont responde de esa manera a la pregunta sobre si está preparado para una suspensión exprés, una posibilidad que contempla el artículo 92.4, apartados a y b, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que el PP reformó en 2015 haciendo uso de su mayoría parlamentaria precisamente para dotarse de herramientas frente al desafío soberanista. Estas son las sanciones que el TC podría imponer según la nueva ley:
- a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado.
- b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.
A Puigdemont también le preguntan si se imagina una aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y el ‘president’ responde: “Tenemos el deber de imaginarlo todo. No me quita el sueño ninguno de los escenarios pero no veo qué -puede resolver ese tipo de inter-vención. Al no haber reconocido el problema desde su inicio, ahora -falta creatividad política para re-solverlo”. Lo cierto es que ese artículo, el 155, no habla de forma explícita de la posible suspensión de una autonomía. Su redacción es tan inconcreta que da pie a todo tipo de interpretaciones:
- 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.
La cuestión es que la aplicación del 155, que altos cargos del PP y del propio Gobierno reclaman a Rajoy, amenaza con quebrar la unidad del frente constitucionalista. Tanto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, se muestran reticentes ante el artículo constitucional por la “demonización” de la que ha sido objeto por parte de aquellos que dan por hecho que conduce a la suspensión de la autonomía.
Por lo que se refiere al PSOE, su postura ante la cuestión catalana sigue marcada por una indefinición que pretende resolver mediante la creación de foros parlamentarios que decidan cuál debe ser el modelo territorial, cuando no por una indisimulada disparidad de opiniones sobre la vía que hay que seguir. De momento, este lunes la Ejecutiva Federal socialista decidirá las iniciativas parlamentarias a impulsar en el Congreso para iniciar este mes el camino hacia la reforma federal y ofrecer una vía alternativa a “independentismo o inmovilismo”.
Las iniciativas que baraja el PSOE y que este domingo ha adelantado ‘El País’ responden a demandas de la sociedad catalana pero parecen insuficientes para evitar el choque de trenes una vez llegados al punto en el que estamos, a menos de un mes de la fecha establecida para el referéndum de autodeterminación.
Los socialistas plantean “profundizar en el autogobierno” de Cataluña con la “culminación del traspaso de las transferencias pendientes y los recursos necesarios” para hacerlas efectivas, como en salvamento marítimo y protección civil. También proponen “recuperar” el nivel de inversión del Estado y finalizar el proyecto ferroviario del Corredor Mediterráneo. Pero lo que sigue dominando el debate en el seno del PSOE es qué se entiende por la plurinacionalidad cuya defensa ha asumido el partido en la nueva ‘era Sánchez’.
En cualquier caso, y ante los nuevos pasos del ‘procés’ que se esperan para esta semana, no parece que el Tribunal Constitucional vaya a actuar de oficio, sino que lo hará a instancias de la Abogacía del Estado, una vez que se lo solicite el Gobierno. De ahí la previsión de que esta próxima semana puedan celebrarse varios Consejos de Ministros para responder a los pasos que vaya dando el Parlament de cara al 1-O.
En el caso de que el Ejecutivo se incline hacia la aplicación de la LOTC, podría toparse con alguna voz discrepante que rompa la unanimidad que ha caracterizado todas las resoluciones sobre Cataluña. Basta recordar que cuando se reformó la norma que rige el tribunal de garantías los magistrados Antonio Xiol y Fernando Valdés no los avalaron y reprocharon que habían sido introducidos ad hoc para afrontar el problema catalán.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 03sep17]
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