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09ene13
ERC y la oposición piden a Duran que cumpla su palabra y dimita por el caso Pallarols
ERC y el resto de partidos de la oposición han exigido hoy al dirigente de UDC, Josep Antonio Duran Lleida, que cumpla su palabra y dimita por el caso Pallarols. El portavoz adjunto de ERC en el Parlamento catalán, Oriol Amorós, ha pedido que sea "consecuente" y abandone su cargo tras conocerse el martes el desenlace del caso Pallerols que afecta al partido democristiano.
Así lo ha manifestado en declaraciones desde la Cámara cuando se le ha preguntado sobre el hecho de que Duran aseguró en 2000 que dimitiría si se demostraba la financiación irregular: "La palabra es el principal patrimonio que tiene una persona y me gustaría que todos los líderes políticos no faltaran a su palabra".
El portavoz republicano ha considerado que la resolución judicial del caso "no será satisfactoria" para los ciudadanos hasta que UDC asuma responsabilidades políticas, y ha recordado que el recorrido judicial se ha cerrado con un reconocimiento de culpabilidad de los procesados. "Ya ha habido un pronunciamiento judicial. Estamos esperando que se asuman responsabilidades claras y determinantes", ha zanjado Amorós, que ha garantizado que se pueden hacer campañas electorales austeras cumpliendo escrupulosamente con la legalidad.
Amorós ha reivindicado la necesidad de impulsar en esta legislatura una "ley de transparencia ejemplar", y ha asegurado que el caso Pallerols no demuestra un uso fraudulento generalizado de los fondos por parte de los partidos políticos. "No es cierto y no se puede extender la idea que estas cosas pasan en todos los partidos. Se pueden hacer campañas electorales y se puede hacer política dentro de la legalidad estrictamente. La financiación no es insuficiente y debe ser austera", ha sentenciado.
Otros partidos buscan la dimisión
Otras formaciones catalanas también han solicitado la dimisión de Duran. El portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, ha reclamado al presidente de UDC que sea "coherente con su palabra" y dimita. "El señor Duran Lleida en el año 2000 se comprometió a presentar su dimisión si se demostraba que Unió Democràtica se había financiado irregularmente y ayer no solo quedó demostrado sino que Unió lo ha reconocido", ha declarado Rodríguez en rueda de prensa de la sede de los populares catalanes.
"Por primera vez en la historia de la democracia contemporánea una fuerza política reconoce pública y judicialmente que se ha financiado de forma irregular, ilegal. Y además, con recursos que iban dirigidos al paro", ha añadido el dirigente popular. Rodríguez ha lamentado que este proceso se haya alargado tanto en el tiempo y ha valorado negativamente la sentencia porque a ojos de la ciudadanía ofrece una sensación de "impunidad" con la corrupción.
También representantes de ICV y Ciutadans han solicitado la dimisión del diputado. De hecho, ICV ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución para que sea cesado de todos los cargos que ostenta en representación de la Generalitat y se retiren las subvenciones que recibe este partido. En cambio, los representantes de PSC han sido los únicos en evitar pedir la dimisión. Su portavoz, Jaume Collboni, considera que hay que dar una "respuesta clara y contundente" tras el desenlace del caso Pallerols. Ha argumentado que quieren primero "escuchar" la reacción de Duran sobre la resolución del caso, y una vez esto ocurra, decidirán si finalmente piden la renuncia a los cargos del principal dirigente democristiano.
UDC aceptó ayer devolver, de forma solidaria con el resto de procesados, los 385.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama del "caso Pallerols", en un acuerdo pactado con acusaciones y defensas que evita la celebración del juicio y libra a los condenados de entrar en prisión.
Trato de favor
Por otro lado, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que no ha habido trato de favor en este caso y ha asegurado que el tiempo que ha tardado la instrucción del proceso es "excesivo, escandaloso e inasumible en un Estado de derecho".
Así se ha manifestado Torres-Dulce a preguntas de los medios momentos antes de dictar la conferencia 'El fiscal como garante de los derechos fundamentales en el proceso penal' en la facultad de Ciencias Sociales de Toledo, donde ha aseverado que "tardar 20 años en la tramitación de un proceso por mucho que tenga complejidad documental es excesivo y afecta al artículo 24.2 de la Constitución donde se refleja el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas".
Según el fiscal, esta tardanza "puede llevar a una rebaja de la pena correspondiente en el proceso y teniendo en cuenta las circunstancias se ha llegado al a conformidad de las partes".
[Fuente: El Confidencial, Agencias, Madrid, 09ene13]
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