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30jul17
Gobierno y jueces, en 'alerta' en agosto por el reto soberanista
Las principales instituciones del Estado cuyos servicios se pueden reclamar para reaccionar ante cualquier movimiento de los responsables del proceso soberanista catalán permanecerán este mes de agosto en estado de «alerta». Así lo han confirmado fuentes de los principales organismos afectados, que son el Gobierno, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado.
La escalada soberanista del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los partidos que le acompañan -PDeCAT,ERC y la CUP- obliga a las instituciones del Estado a establecer una guardia estival especial ante previsibles acontecimientos. Mariano Rajoy y sus ministros no saldrán de España por vacaciones y estarán disponibles para celebrar una reunión extraordinaria del Gobierno en cuestión de horas.
En el caso del Tribunal Constitucional (TC), en el último pleno ordinario del mes de julio su presidente, Juan José González Rivas, pidió a los otros 11 magistrados que estuvieran «atentos y preparados» para la posible convocatoria de plenos extraordinarios en agosto.
Esta misma semana ya ha habido un precedente de lo que puede ocurrir. El Parlament aprobó reformar su reglamento para permitir votar de forma exprés las leyes del referéndum, el Gobierno recurrió la decisión y el TC se reunirá de forma extraordinaria mañana por la tarde para, previsiblemente, admitir a trámite el recurso del presidente del Gobierno y suspender de forma preventiva el nuevo reglamento parlamentario.
Sin descartar que pueda haber sorpresas en los próximos días, por el momento el Parlament ya ha habilitado la segunda quincena de agosto para tareas legislativas. Cualquiera referida al referéndum sería recurrida por el Gobierno e inmediatamente estudiada por el TC en otro pleno extraordinario. Fuentes del tribunal explican que tienen la «responsabilidad» de responder con rapidez a una situación de tanta trascendencia.
Este tipo de plenos extraordinarios podrán abarcar admisiones a trámite de nuevos recursos, de incidentes de ejecución de sentencia -por actos que desobedezcan prohibiciones previas- o la adopción de medidas cautelares. En ningún caso se entrará a resolver el fondo del asunto, si bien en la situación actual medidas cautelares como la suspensión de la vigencia de un acuerdo tienen una importancia crucial.
En cuanto a la actuación de la Fiscalía General del Estado, sus ojos están puestos principalmente en los procedimientos penales abiertos en Barcelona. Tanto en el Tribunal Superior de Justicia contra aforados como la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, como en juzgados ordinarios.
El Juzgado número 13 de Barcelona, por ejemplo, ha imputado recientemente al secretario de Hacienda de la Generalitat en la investigación sobre el posible uso de fondos públicos para la independencia. Y hace unas semanas, la Guardia Civil se personó en el teatro donde se había anunciado el referéndum para rastrear quién había sufragado los gastos del acto independentista.
A lo largo de la mayor parte de agosto, estará presente en la Fiscalía General el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa. Se trata del jefe de la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al fiscal general. Será él quien, en contacto con José Manuel Maza si es necesario, podrá medir con la máxima garantía la respuesta adecuada a los posibles desafíos.
Mientras, el Gobierno se va a partir de esta semana de vacaciones, pero sin desconectar. El fin de semana del 19 de agosto a más tardar todos los ministros tendrán que estar de nuevo en sus despachos. Es el límite para empezar a trabajar en la primera reunión del Gabinete, que está prevista para el día 25.
Durante estas tres semanas escasas de descanso estival, ningún ministro saldrá de España. Todos saben que existe la posibilidad de que la fecha de vuelta se adelante. Se van, como explican en Presidencia, «en alerta y con el teléfono permanentemente cargado», atentos a la llamada a rebato para frenar de inmediato las sorpresas de la Generalitat.
A partir del día 16, cuando se reanude el trabajo en el Parlament, la atención se extremará. Los miembros del Gobierno más afectados por esta situación de duermevela son la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Justicia, Rafael Catalá. En sus departamentos, durante todo el mes de agosto, habrá un retén de altos cargos para activar de inmediato la maquinaria de respuesta del Estado a cualquier acto jurídico que contravenga la Constitución.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, forman también parte de la primera línea de guardia.
La atención se centra principalmente en el previsible intento de aprobación exprés de las llamadas leyes para la desconexión. El Gobierno ya ha recurrido al TC la reforma del reglamento del Parlament, promovida para que entren en vigor con la mayor celeridad posible. Aun así, Puigdemont y todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP firmaron el viernes la ley del referéndum, con el propósito de registrarla mañana.
Fuentes del Ejecutivo sostienen que esta ley se presentará en la Cámara pero la Mesa no la tramitará, porque ya están apercibidos por el TC. En todo caso, si se produce este paso u otros actos jurídicos, será necesario presentar nuevos recursos de inconstitucionalidad con suspensión cautelar inmediata.
Ante esta circunstancia se deberá convocar al Consejo de Ministros para que autorice al presidente del Gobierno la promoción del correspondiente recurso. En consecuencia, los miembros del Ejecutivo tendrán que estar disponibles para reunirse en cuestión de horas. Para que la autorización del Consejo sea válida bastará con que haya quórum, es decir, que esté presente al menos la mitad del Gobierno.
Entre la consumación del acto, la presentación del recurso, su admisión a trámite y la consecuente suspensión pueden transcurrir a lo sumo entre 48 y 72 horas.
Los servicios jurídicos también quedarán sometidos a las guardias oportunas. No obstante, en Moncloa señalan que al tratarse de un proceso que se prolonga ya desde hace más de cuatro años -la primera impugnación del Estado fue contra la resolución del Parlamento de Cataluña del 23 de enero de 2013, en la que se aprobó la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña-, los argumentos están más que claros y han sido confirmados en múltiples ocasiones tanto por el propio Tribunal Constitucional como por el Consejo de Estado.
Por lo que respecta a las Cortes, el verano se presenta más tranquilo. Especialmente en el Congreso. En caso de que el Gobierno lo considerara oportuno -y no es probable que así sea-, podría activar el artículo 155 de la Constitución para tomar el control de algunas competencias de la Generalitat. Si eso ocurriera, se requeriría la acción inmediata del Senado.
En el Congreso, en cualquier caso, los grupos parlamentarios, al menos los principales, mantendrán portavoces de servicio.
[Fuente: Por Manuel Marraco y Marisa Cruz, El Mundo, Madrid, 30jul17]
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