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04jul17
La Ley del Referéndum no prevé una participación mínima para declarar la independencia si gana el 'sí'
La Ley del Referéndum, que han presentado este martes en el Parlament Junts pel Sí y la Cup, el llamado bloque soberanista, le pone fecha a la independencia de Cataluña. Si el resultado de la votación se inclina mayoritariamente por el 'sí', el Parlament hará la proclamación el mismo día de la votación, el 1 de octubre, el día siguiente o, como muy marte, el 3 de octubre. En el caso de que gane el 'no', se convocarán inmediatamente elecciones autonómicas. La Ley, de todas formas, es hoy por hoy solo un anuncio. Se calcula que no llegará al Parlamento hasta finales de agosto.
Detalles significativos de esta ley son que no establece un mínimo de participación, algo que sus impulsores justifican afirmando que no se trata de un requisito que exijan ni la jurisprudencia ni las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión de Venecia, y que parte de la consideración de Cataluña como "sujeto político soberano", lo que ha sido tumbado en reiteradas ocasiones por el Tribunal Constitucional tras la interposición de los correspondientes recursos contra resoluciones del Parlament.
Por lo que se refiere al mínimo de participación, el líder de ERC y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha recordado en declaraciones a La Sexta el Código de Buenas Prácticas sobre Referendos que redactó la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (más conocida como Comisión de Venecia) en el que se entiende que es recomendable "no estipular un quórum de participación mínima" ni "un quórum mínimo de aprobación" porque puede generar que los opositores "se abstengan en vez de votar en contra", con lo que garantizarían la victoria su tesis sí o sí. No obstante, la misma Comisión de Venecia respondió por carta a Puigdemont que "cualquier referéndum debe ser llevado a cabo de acuerdo con la Constitución y la legislación en vigor", cosa que no parece que se haya tenido en cuenta en ningún momento.
Esta ley se presenta como "suprema", lo que significa que prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla. Es la argucia a la que han recurrido sus autores en previsión de que el Tribunal Constitucional la suspenda, como es previsible que haga una vez que el proyecto haya iniciado su tramitación parlamentaria. Además, con ello se pretende garantizar la seguridad jurídica de todos los cargos que colaboren con la consulta, uno de los extremos que más dudas suscitan sobre su celebración por la posibilidad de que el Gobierno central actúe no solo contra los responsables sino también contra el colectivo de funcionarios que se involucre en la convocatoria ilegal. El miedo a las sanciones podría tener un gran efecto disuasorio.
Épica independentista para diluir la crisis del PDeCat
Mientras tanto, y para que no cunda el desánimo por la enésima crisis en el PDeCat que esta vez ha desencadenado el cese de un conseller que no confía en que el referéndum se celebre en los términos previstos, el soberanismo se ha envuelto en la épica con la que suele acompañar todos sus actos. La presentación en el Parlament ha sido coral -ocho parlamentarios, la mitad de Junts pel Sí y la mitad de la CUP- y ha continuado con otro acto multitudinario celebrado por la tarde en el Teatre Nacional de Catalunya. El presidente del grupo parlamentario de JxSí, el convergente Jordi Turull, ha corrido un tupido velo sobre los problemas de su formación proclamando que esta ley es "la más importante que tramitará el Parlament".
La grandilocuencia de Turull ha sido secundada por sus compañeros de mesa. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reivindicado que la ley "rompe con el pacto constitucional del 1978" -lo que de paso es un claro guiño a los Comunes de Ada Colau con los que el soberanismo quiere contar a toda costa- y que se erige como una "respuesta democrática a la máxima expresión del mandato que hay sobre la mesa, después de haber hecho todos los esfuerzos a nivel político y social para cumplir con este mandato junto al del Gobierno español".
La diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha espetado que esta ley "es una vía de solución democrática a un conflicto político que existe, que está en las calles y en las instituciones". Gabriel ha puesto el énfasis en el proceso constituyente si gana el 'sí' en las urnas, y en unas supuestas consecuencias de la independencia que remiten al mundo idílico que prometen los secesionistas sin explicar cómo piensan conseguirlo. La diputada antisistema ha defendido que la ruptura con España será "una oportunidad para devolvernos unas condiciones de vida que creemos que nos merecemos" y que servirá para "revertir algunos privilegios que nunca se deberían haber sucedido".
Régimen jurídico excepcional y derecho a la autodeterminación
En cualquier caso y sin necesidad de que lo recoja expresamente el texto de la norma, queda claro que esta se sitúa al margen y por encima de la legalidad española, al considerar en sus artículos 2 y 3 que emana del derecho a decidir del pueblo de Cataluña en cuya representación actuará en todo momento el Parlament como garante de sus derechos: "Con esta ley se establece un régimen jurídico excepcional para dar respuesta a esta realidad y poder celebrar el referéndum vinculante", se afirma.
En ese sentido, la Ley apela al Derecho Internacional, concretamente el derecho a la autodeterminación que recogen los tratados internacionales que España también ha firmado y que obligan a nuestro país en virtud del artículo 94 de la Constitución. Lo ha recordado Marta Rovira, a quien no parece haberle molestado apelar al ordenamiento jurídico español para este caso concreto. Rovira ha asegurado que "los tratados internacionales solo ponen un límite al derecho de autodeterminación: el uso ilícito de la fuerza y vulnerar otros derechos internacionales".
El diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas, considera que el derecho internacional les ampara pero que, si no lo hiciera, su reivindicación del derecho a decidir sería legítima porque es "voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña". Una afirmación que ha contextualizado recordando que es el Tribunal Constitucional el que "ha roto de forma unilateral el pacto constitucional con el recorte del Estatut" y que la respuesta en la manifestación de julio de 2010 contra esa resolución del TC trascendió a los partidos. "Esta ley es la que abre la cerradura", ha dicho y ha añadido que el preámbulo también incluye la opinión de la Corte Suprema de Canadá en el referéndum del Quebec, que considera plenamente aplicable a Cataluña como sujeto de soberanía.
Se ignora, en cambio, la falta de competencias de la Generalitat para convocar un referéndum de independencia, aunque este martes se ha invocado dos leyes elaboradas por el Parlament: la de 2010 elaborada durante el Gobierno del Tripartito y la ley de consultas de 2014 que amparó el 9-N. El Tribunal Constitucional anuló primero esta última y después hizo lo mismo con la de 2010, en previsión de que se quisiera utilizar como paraguas legal en sustitución de la más reciente. El tribunal de garantías recordó que todo aquello que se refiere a la convocatoria del referéndum de ámbito autonómico es inconstitucional y, por tanto, nulo.
La Sindicatura, el equivalente a la Junta Electoral
La Ley, por otra parte, prevé la creación de la Sindicatura Electoral (SEC), una especie de junta electoral central con cinco miembros, que serán juristas o politólogos nombrados por mayoría absoluta del Parlament. Habrá otras cuatro provinciales, de tres miembros. Este ente, "externo e independiente del Govern", tendrá la tarea de velar por la neutralidad y el pluralismo de las contiendas electorales. Será la SEC la que maneje el censo que le facilitará el Ejecutivo catalán, una lista que no requerirá, a diferencia del 9-N, de autorización o inscripción previa de los ciudadanos.
Por cierto que sobre la elaboración del censo también surgen muchas dudas ya que, habitualmente, lo elabora la Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística, que lo actualiza cada mes con la información que le proporcionan todos y cada uno de los ayuntamientos. Cómo piensa suplir la Generalitat este proceso de elaboración y actualización es un misterio.
La SEC también realizará el sorteo de los miembros de las mesas. Todos los ciudadanos pueden ser llamados a presidir o ejercer una vocalía en unas de las 8.500 mesas. Eso sí, nada se ha dicho de qué pasará con aquellos que se nieguen a cumplir tal cometido. El artículo 30.2 de la ley señala que "los ayuntamientos pondrán en manos de la Sindicatura los locales necesarios" para llevar a cabo el referéndum. Y si no fuera así, "el Govern podrá habilitar los locales" precisos para dar cumplimiento a las necesidades de las secciones electorales.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 04jul17]
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