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22mar17
El Parlament desoye al Constitucional y destina recursos para el referéndum catalán
El Parlament ha aprobado que los Presupuestos de la Generalitat para 2017 puedan asignar los recursos necesarios para organizar y convocar un referéndum de independencia en Cataluña. La polémica disposición adicional 31 de las cuentas catalanas ha salido adelante con los 62 votos de Junts pel Sí y los diez de la CUP, dos síes prestados y el resto abstenciones.
En contra han votado 62 diputados, los de Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y PPC. El frente soberanista ha hecho caso omiso del informe del Consejo de Garantías Estatutarias, que elaboró un dictamen que consideraba que destinar recursos a la organización del referéndum era contrario a la Constitución y al propio Estatuto catalán. Y no solo eso. Los propios letrados del Parlament han alertado sobre la inconstitucionalidad del mencionado punto del proyecto de presupuestos, lo que ha provocado uno de los debate más broncos que se recuerdan en la Cámara catalana.
Los letrados han remitido un escrito al que se ha dado lectura al principio de la sesión, en el que consideran que la votación de la disposición adicional 31, como también la enmienda presentada por la CUP a favor de la unilateralidad ante la negativa del Estado a permitir el referéndum, "están afectadas por la declaración de nulidad" del TC (auto 24/2017) contra la resolución del Parlament para convocar un referéndum soberanista, aprobado el 6 de octubre en el debate de política general. "En este sentido -alertan los letrados-, la votación y eventual aprobación de la disposición adicional o la enmienda mencionada comportaría ignorar la advertencia del auto respecto al deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica que contravenga la declaración de nulidad, con las responsabilidades que se derivarían en caso de no atender este deber".
Los juristas de la Cámara apuntan además que esta situación "no se evitaría" con la eventual aprobación de la enmienda de Junts pel Sí, ya que "mantiene el texto de la disposición adicional", como tampoco con la enmienda de Catalunya Sí Que Es Pot, si se convirtiera en una adición al texto de la disposición. Es decir, esta última enmienda que defiende destinar recursos a un referéndum "pactado" es la única que según los letrados podía votarse sin contravenir las resoluciones del Constitucional. En cambio, la de Junts pel Sí, que también se pronunciaba a favor de un referéndum pactado, no eliminaba el texto original, el que fue declarado inconstitucional por el CGE, por lo que el grupo mayoritario del Parlament ha otado por retirarla y votar a favor de la de SíQueEsPot y también de la de la CUP.
La bronca en el pleno parlamentario se ha desencadenado cuando C's, PSC y PPC han citado varios artículos del reglamento para solicitar en varias ocasiones la convocatoria de urgencia de la Mesa con el fin de estudiar el informe de los letrados y, en su caso, solicitar otro de los servicios jurídicos, como ha solicitado el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, ha rechazado todas las peticiones para reunir a la Mesa esgrimiendo que los miembros de este órgano ya se pronunciaron sobre las enmiendas cuando se admitieron a trámite y que la nota de los letrados se ha leído en el transcurso del pleno de la cámara, que es el "órgano supremo y soberano".
La negativa de la presidenta ha llevado a los grupos parlamentarios de la oposición a solicitar una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, una cita que ha quedado pospuesta hasta después de las votaciones. Esto ha sido también motivo de tensión, ya que Cs, PSC y PPC pedían que se reuniese antes de la votación de los presupuestos, pero Forcadell ha argumentado que ya había llamado a los diputados a votación, y que esta no se podía interrumpir.
Desde Junts pel Sí (JxSí), Jordi Turull ha considerado que la nota de los letrados no aporta ninguna novedad puesto que ya habían hecho un informe jurídico anteriormente, además de subrayar que "esto es un Parlamento, no es una sala de vistas, aunque algunos quisieran transformarlo en esto". En esa línea, pero mucho más desafiante, se ha pronunciado la diputada de la CUP Anna Gabriel, quien ha "agradecido" la nota de los letrados "pero entendemos -ha dicho- que no añade nuevo a lo que ya sabíamos". "No es que no ignoremos" las advertencias del TC -ha añadido- "sino que somos perfectamente conocedores de las mismas, y las asumimos, porque sabemos que el proceso contraviene los límites que fija el TC. Pero la cuestión es ¿qué hará la mayoría parlamentaria?", se ha preguntado.
El portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha considerado que la Mesa debería tener "bien presente" el contenido del escrito de los letrados de la cámara y, en este contexto, le ha dicho a Carme Forcadell: "La preferimos de presidenta y no de mártir". El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa -partido que ya ha registrado la solicitud de convocatoria de la Mesa-, ha alertado de que el órgano máximo de la cámara y el propio Govern pueden estar contraviniendo la "prohibición expresa" del Constitucional con la votación de estas enmiendas, y ha criticado que Junts pel Sí "cargue" contra los letrados del Parlament. Y Santi Rodríguez, del PPC, ha recordado que "por dos veces esta legislatura el TC ha dicho que se han vulnerado derechos de diputados de este Parlament", y ha calificado de "intolerable que se utilicen los escaños para menospreciar la labor de los letrados de la cámara".
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 22mar17]
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